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El testigo técnico. Diferencias con el perito

*  Para mayor información e ilustración sobre la figura del testigo técnico o experto, remito al artículo publicado en Revista Ítalo-española de Derecho procesal  y que se puede consultar través del presente link (VER AQUÍ) . *  Estudios sobre la prueba testimonial y pericial,  La Ley Uruguay, Montevideo, 2020. En la presente entrada plantearé algunas reflexiones acerca de la conceptualización del llamado testigo técnico (eventualmente, testigo experto o testigo-perito, según el ordenamiento que se considere). En particular, el interés que existe en diferenciarlo de la figura y el estatuto del perito. [1] El testigo técnico, es, como surge de su propia denominación, un testigo, no un perito. En ese sentido, se encuentra sujeto al estatuto del testigo; en particular, al deber de comparecer, de declarar y de decir la verdad respecto del relato o narración de los hechos percibidos. Como testigo, “…es típicamente un narrador. Se supone que tiene conocimiento de algunos hechos

Corte Suprema (EE.UU.), Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc., 509 U.S. 579 (1993).

Acceso al caso:  Corte Suprema (EE.UU.), Daubert v. Merrell DowPharmaceuticals, Inc., 509 U.S. 579 (1993). Resulta de interés realizar, aunque sea de modo muy breve, una introducción a ese famoso caso, así como algunas sucintas reflexiones. Hace ya más de veinticinco años, la jurisprudencia norteamericana ingresaba en el contexto problemático de la ciencia, trasladándolo al ámbito institucional del derecho. En Daubert , “…los demandantes, dos niños pequeños nacidos con malformaciones graves y sus padres alegaban que los daños se debían a que las madres de aquellos habían consumido Bendectin durante el embarazo. El laboratorio demandado negaba la causalidad y, en primera instancia, el Tribunal de Distrito, vistos los peritajes presentados por ambas partes, aplicó el canon de Frye, resolvió que las tesis de los demandantes no cumplían con el requisito de la aceptación general y rechazó su reclamación. La resolución fue confirmada en la apelación y los demandantes recurrieron ante

Arrendamientos sin garantía (regulados en la Ley de Urgente Consideración - Ley N° 19.889, de 9 de julio de 2020). Cuadro comparativo

  CUADRO COMPARATIVO Ignacio M. Soba Bracesco - Julio 2020 Decreto Ley (DL) N° 14.219 * Libre contratación ** LUC (Ley N° 19.889 de 9 de julio de 2020) Desalojo buen pagador por vencimiento de plazo       Plazo 1 año (art. 5) 6 meses o 1 año (plazo de desalojo según Ley N° 8.153, en función de que se demande antes o después de los 30 días del vencimiento del contrato). Discutido en doctrina y jurisprudencia. 30 días (art. 430) Desalojo mal pagador       Plazo 20 días (art. 48) Ídem DL (Decreto Ley) 6 días hábiles (art. 439). Intimación (mora) 10 días corridos de espera luego de la fecha estipulada de pago, más 10 días hábiles posteriores a la intimación judicial (art. 55 del DL). El art. 131 de la Ley N° 16.002 expresamente excluye que pueda utilizarse el tel

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Ignacio M. Soba Bracesco
Magíster en Derecho (Facultad de Derecho, Universidad de la República). Profesor adjunto y Profesor adscripto de Derecho Procesal (Facultad de Derecho de la Universidad de la República). Docente invitado en maestrías y especializaciones, en Uruguay y en el extranjero. Autor, coautor y colaborador en diversos artículos, ponencias y libros de su especialidad, tanto en el Uruguay como en el extranjero. Expositor y ponente en Jornadas y Congresos. Coautor de la sección de legislación procesal en la Revista Uruguaya de Derecho Procesal (2007 a la fecha). Integrante de la Comisión Revisora del Código Modelo de Procesos Administrativos para Iberoamérica. Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Miembro Adherente del Instituto Panamericano de Derecho Procesal. Miembro Fundador de la Asociación Uruguaya de Derecho Procesal Eduardo J. Couture. Integrante del Instituto Uruguayo de Derecho Procesal. Socio del Colegio de Abogados del Uruguay.