La apelabilidad en el proceso de ejecución de sentencias laborales: un argumento para la autonomía del proceso de ejecución?

Los procesos laborales de conocimiento tienen su regulación, básicamente, en la Ley N° 18.572, de 13/09/2009 y su modificativa, la Ley N° 18.847, de 25/11/2011. 

Ahora bien, su art. 27 dispone en relación a la ejecución de la sentencia que: "...La ejecución de sentencia se llevará a cabo en los Juzgados especializados que hayan conocido en el proceso de conocimiento. En caso de concurso, se estará a lo dispuesto por la Ley Nº 18.387, de 23 de octubre de 2008.". No previendo sobre el punto ninguna otra cuestión relevante (sin perjuicio de otras menciones a títulos de ejecución y al CGP en el arts. 4 in fine y 14 n° 2 de la Ley N° 18.572).

Por tanto, en la normativa laboral procesal o procesal laboral (según se prefiera denominar), no se regula el proceso de ejecución de las sentencias de condena a pagar cantidad de dinero líquida (v.gr., siempre líquida, en virtud de lo dispuesto en el art. 15 de la citada Ley N° 18.572, no pudiéndose tramitar un proceso de liquidación de sentencia -art. 378 del CGP) y exigible, que se dicten en el proceso laboral. Dicha ejecución deberá necesariamente tramitar por lo dispuesto, con cáracter general, para la ejecución de las sentencias, en los arts. 371 y ss. del CGP, correspondiendo la tramitación de la vía de apremio (aunque resulte una obviedad indicarlo, no se excluye de la regulación de los títulos de ejecución del art. 377 del CGP a las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada dictadas en el fuero laboral). 

Esto sería un argumento más en la línea de la autonomía del proceso de ejecución, por contraposición a la posición que entiende que se trata de una etapa de un mismo y único proceso. 

Pero lo que es aún más contundente, y es lo que aquí quiero dejar para la reflexión -como en clase, cuando lo planteamos y conversamos con el Dr. Santiago Garderes y con el Dr. Gerardo Pini-, es que el argumento de la autonomía se ve con más claridad en lo que refiere a la apelabilidad de las sentencias. Por supuesto, ello presenta un fuerte interés práctico, que excede la cuestión teórica de la discusión acerca de la naturaleza jurídica del proceso de ejecución, y que se vislumbra en el caso de la ejecución de las sentencias de los procesos laborales abreviados, distintos del laboral ordinario, y que tramitan en única instancia (arts. 19 a 23 de la Ley N° 18.572).

Si se entendiera que estamos ante una etapa de un único proceso (en el caso, laboral), la limitación a la apelabilidad prevista en el art. 23 de la Ley N° 18.572 se debería hacer extensiva a la ejecución de la sentencia (admitiendo, por ejemplo, recurso de reposición, mas no apelación). 

En cambio, si consideramos que estamos ante un proceso autónomo de ejecución, distinto del proceso de conocimiento laboral abreviado que lo precedió (tramitado en única instancia), la apelabilidad de ciertas resoluciones se debería admitir (aunque con carácter limitado o restringido), según se establece en el art. 373.3 y 393 del CGP.

Finalmente, queremos referir a un caso de jurisprudencia en el cual se planteó parte del problema. Allí, el Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 1° Turno, en sentencia interlocutoria n° 20/2014, de 7 de marzo de 2014 (Rossi -r-, Posada, Morales) expresó en relación al punto una muy interesante reflexión, aun cuando no termina por afirmar la posición del Tribunal en cuanto a que hubiera sucedido si tratase de un proceso tramitado por la vía abreviada:  "Correspondía pues la aplicación del modelo procesal reglado por los arts. 379.1 del Código General del Proceso en atención a la ausencia de regulación por el Derecho Laboral Procesal y la compatibilidad de aquel con los principios sobre los que se edifica éste así como el Derecho del Trabajo. Atiende aceptablemente la celeridad por cuanto establece un régimen de apelabilidad restringida , y propende a la efectividad de los derechos sustanciales ventilados en el proceso de conocimiento. La admisibilidad del recurso adoptada por la Sala en mayoría, posibilita la apertura de la instancia que se encaminará a enderezar el procedimiento hacia el que corresponde. Debe verse que si bien la pretensión deducida en el proceso de conocimiento no superaba el límite de cuantía previsto por el art. 19 de la ley 18.572 , en vez de seguirse el procedimiento de Menor cuantía, se siguió el ordinario de los arts. 7 y sgtes. De todos modos, no puede entenderse inficionado absolutamente el debido proceso por cuanto ambas partes conservaron sus posibilidades de defenderse atendiendo debidamente los principios que informan el actual Derecho Laboral Procesal."

Primer comentario a las Leyes N° 19.510 y 19.511 - nuevas modificaciones al nuevo CPP

Se proporciona link a las Leyes N° 19.510 y N° 19.511, ambas promulgadas el día 14 de julio de 2017, relativas al nuevo proceso penal. Asimismo, efectuamos un breve comentario a la nueva redacción dada al art. 402 del nCPP.
Precisamente, a través de la primera de las normas citadas (Ley N° 19.510), se modifica nuevamente la entrada en vigencia del nCPP, estableciéndose ahora para el día 1° de noviembre de 2017 (para ello se modifica el art. 403 del nCPP).
Por su parte, la segunda de las leyes citadas (Ley N° 19.511), dispone la modificación al art. 402 del nCPP, consagrando, entre otras cuestiones relevantes, el régimen de aplicación transitoria para los procesos en trámite. 
En efecto, es una norma que refiere a un régimen transitorio, entre el "viejo" sistema y el "nuevo" proceso penal. En ese sentido, es una disposición totalmente justificada, pues de lo contrario, la norma que contemplaría la aplicación de la ley procesal penal en el tiempo sería el art. 16 del nCPP que justamente se incluye en el nuevo Código. Es habitual que ante cambios tan significativos en el ordenamiento jurídico (como lo son las reformas integrales a los Códigos), se incluyan reglas transitorias para los procesos en trámite. Obviamente, esto hace que en la práctica, y por un tiempo, sigan existiendo en paralelo, procesos con dos lógicas totalmente distintas. 
En el art. 402.1 del nCPP, en la redacción que ahora se analiza, se incluye una definición especial de inicio de causa, la cual no descarto que genere alguna dificultad práctica, si por ejemplo, la policía dio cuenta al Juez con anterioridad a la vigencia del nCPP, y el conocimiento del MP es posterior a dicha vigencia. En ese caso, parecería que aún no "inició la causa" en el sentido del nCPP, aunque sí podría haber tenido lugar el conocimiento jurisdiccional del caso. 
Los procesos continuarán rigiéndose por lo dispuesto en la regulación procesal penal anterior, pero para evitar dudas pienso se debió aclarar que es una aplicación del CPP anterior (esto es, del Decreto Ley N° 15.032 que originalmente lo aprobó), y las modificaciones posteriores (véase redacción dada al ordinal primero del art. 402 del nCPP, el cual difiere en ese punto del ordinal segundo del propio artículo). Naturalmente, como es sabido, esas disposiciones posteriores al Decreto Ley N° 15.032 han sido muy relevantes desde el punto de vista de las garantías procesales, por ejemplo, en materia de presumario o de intervención de la víctima.
La alusión a la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, determina que todas las instancias se continuarán rigiendo por el viejo Código.
Finalmente, entiendo que es sui generis la utilización del proceso abreviado en medio de un proceso que rige por el anterior CPP. Podría ser positivo para el imputado, pues se podría beneficiar del instituto, en un proceso en el que ya estaría diligenciada, por ejemplo, la prueba del presumario o alguna otra. Algo similar se puede decir de los acuerdos reparatorios que se podrían celebrar en procesos "viejos", hasta el dictado del auto que dispone el traslado al Ministerio Público para que acuse o solicite el sobreseimiento. 

Constitucionalidad del art. 4 de la Ley de creación de la Fiscalía General de la Nación como servicio descentralizado

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SENTENCIA N° 155/2016, de 30 de mayo de 2016.
MARTÍNEZ, CHEDIAK -r-, HOUNIE, LARRIEUX, PÉREZ MANRIQUE

TEMAS: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN (CREACIÓN COMO SERVICIO DESCENTRALIZADO), CONSTITUCIONALIDAD LEY N° 19.334, INDEPENDENCIA TÉCNICA DE FISCALES.

VISTOS:
Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “TESTIMONIO DE AUTOS: 102-342/2015. AA - EXCEPCION DE INCONSTITUCIONALIDAD ART. 4 DE LA LEY NRO. 19.334”, IUE: 102-362/2015.
RESULTANDO:
I) En el proceso que se sustancia ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 6o. Turno, luego de que la Fiscalía actuante solicitó el procesamiento de los indagados BB, CC, DD, EE, FF y GG por entender que surgían elementos de convicción suficientes de que habían cometido el delito de atentado agravado (fs. 419), los abogados defensores de la indagada AA opusieron la excepción de inconstitucionalidad contra el art. 4 de la Ley 19.334, Ley mediante la cual se creó la Fiscalía General de la Nación como servicio descentralizado, en sustitución de la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación.
La legitimación de la indagada excepcionante se fundó en el hecho de que se encuentra sujeta a una investigación criminal en la cual el Ministerio Público cumple un rol preponderante, por lo que la forma en que éste se organice institucionalmente y en que actúe conforme al nuevo marco legal incide personal y directamente en sus intereses.
Según los impugnantes, el art. 4 de la Ley 19.334 viola el art. 197 de la Constitución.
En la referida norma legal, bajo el nomen iuris “Observaciones del Poder Ejecutivo”, se interpreta el art. 197 de la Carta respecto del servicio descentralizado Fiscalía General de la Nación en el sentido de que las atribuciones asignadas por dicha disposición al Poder Ejecutivo refieren, únicamente, al funcionamiento administrativo de aquél, no comprendiendo la competencia ni el ejercicio del Ministerio Público y Fiscal en sus distintos niveles.
En realidad, el legislador, de manera eufemística, habla de interpretación para hacerle decir al constituyente lo que éste no dijo.
Estrictamente, el constituyente no estableció ningún tipo de excepción o limitación en cuanto al control a ejercer por el Poder Ejecutivo sobre los servicios descentralizados. Por eso, le concedió la facultad de realizar observaciones o de suspender los actos en cuestión.
Por otra parte, la forma de servicio descentralizado que se le ha asignado al Ministerio Público colide frontalmente con el principio de independencia técnica de los fiscales que el constituyente plasmó a través del art. 168 nal. 13) de la Carta. Si se habla de un Fiscal General, eso quiere decir, implícitamente, que hay fiscales delegados. En consecuencia, la delegación implica la posibilidad de que el Fiscal General les imparta directivas a sus fiscales delegados (fs. 420-425).
II) Recibidos los autos en la Corporación el 6 de octubre de 2015 (fs. 463), ésta, por auto No. 1.689 del 14 de octubre de 2015, les otorgó traslado a la Sra. Fiscal Letrada Nacional en lo Penal de 5o. Turno y vista al Sr. Fiscal de Corte (fs. 464).
III) La Sra. Fiscal Letrada Nacional en lo Penal de 5o. Turno evacuó el traslado que se le confirió, abogando por el rechazo de la excepción de inconstitucionalidad (fs. 469-470).
IV) El Sr. Fiscal de Corte evacuó la vista que se le otorgó, expresando que, en su opinión, correspondería desestimar la excepción de inconstitucionalidad opuesta (fs. 474-482 vto.).
V) Por decreto No. 2.020 del 30 de noviembre de 2015, se dispuso el pasaje de los autos a estudio para sentencia (fs. 485), al término del cual se acordó el presente pronunciamiento en forma legal y oportuna.
CONSIDERANDO:
I) La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus miembros naturales, desestimará la excepción de inconstitucionalidad opuesta, por los fundamentos que expresará a continuación.
II) El art. 4 de la Ley 19.334 dispone:
“(Observaciones del Poder Ejecutivo). Interprétase el artículo 197 de la Constitución de la República respecto del servicio descentralizado Fiscalía General de la Nación, en el sentido de que las atribuciones asignadas por dicha disposición al Poder Ejecutivo refieren únicamente al funcionamiento administrativo de aquel, no comprendiendo la competencia ni el ejercicio del Ministerio Público y Fiscal en sus distintos niveles”.
III) Con respecto a que el art. 4 de la Ley 19.334 viola el art. 197 de la Constitución, los integrantes de la Corporación no concuerdan con la excepcionante, y arriban a tal conclusión en virtud de fundamentos diversos.
III.1) A juicio de los Sres. Ministros Dres. Larrieux y Pérez Manrique, la excepcionante carece de un interés directo y personal, en la medida en que si bien la norma impugnada crea un servicio descentralizado, excluye expresamente del control del Poder Ejecutivo a la competencia y al ejercicio del Ministerio Público y Fiscal en sus distintos niveles.
El Poder Legislativo ha actuado en el marco del ejercicio de sus competencias al crear un servicio descentralizado y determinar el grado de autonomía de éste en el plano de lo administrativo, con exclusión de los aspectos referidos a la autonomía técnica de cada fiscal en el ejercicio de sus funciones.
Conforme al criterio de los Sres. Ministros mencionados, el legislador ha actuado dentro del límite de sus facultades.
El principio constitucional es que la Ley determina el grado de autonomía en la administración descentralizada (arts. 185 inc. 1 y 186 de la Carta).
En síntesis, puesto que la norma legal atacada no le produce ningún perjuicio a la excepcionante (ya que el legislador hizo la salvedad y excluyó, a título expreso, del control del Poder Ejecutivo a los actos del Ministerio Público y Fiscal en el ejercicio de su competencia), corresponde el rechazo de la excepción de inconstitucionalidad.
No existe la denunciada infracción al art. 197 de la Constitución.
Como señaló con acierto el Sr. Fiscal de Corte a fs. 476 vto.: “En la especie, el solicitante no se encuentra dentro del supuesto establecido por la disposición legal que resiste, ya que como lo sostiene su propia defensa al fundar la admisibilidad del recurso, la norma atacada se aplica a los fiscales (...)”.
Y no obstante ser cierto que nos encontramos en el ámbito de un proceso donde el fiscal actúa como parte, la norma que regula la misión de los fiscales y su actuación no se aplica a la excepcionante y, por lo tanto, no puede afectar sus derechos.
Por ello, se puede concluir, al igual que lo hizo el Sr. Fiscal de Corte, que: “Por tanto, su patrocinada es un tercero, al que no le alcanzan las disposiciones de la norma impugnada, y desde ese lugar, no puede deslegitimar a quien le reclama en el proceso, en virtud del artículo que regula los cometidos y competencias del servicio descentralizado”.
III.2) Según el criterio del Sr. Ministro Dr. Chediak, el art. 197 de la Carta no resulta conculcado, ni porque se le haya dado estatuto de servicio descentralizado a la Fiscalía General de la Nación ni porque la Ley haya previsto que las atribuciones asignadas por dicha disposición al Poder Ejecutivo refieren únicamente al funcionamiento administrativo de aquel, no comprendiendo la competencia ni el ejercicio del Ministerio Público y Fiscal en sus distintos niveles.
Aun cuando es verdad que el art. 197 de la Constitución no prevé ninguna excepción a la potestad del Poder Ejecutivo de formularles observaciones a los Directorios o Directores Generales de los servicios descentralizados por razones de legalidad o de conveniencia, no es menos cierto que el art. 185 de la Carta dispone que los servicios descentralizados tendrán el grado de descentralización que fijen la Constitución y las Leyes respectivas.
Es más, la circunstancia de que la norma legal controvertida establezca que las atribuciones asignadas por dicha disposición al Poder Ejecutivo refieren únicamente al funcionamiento administrativo de aquel -no comprendiendo la competencia ni el ejercicio del Ministerio Público y Fiscal en sus distintos niveles- no hace más que salvaguardar la independencia técnica de la actuación en el ámbito jurisdiccional con respecto al Poder Ejecutivo, por lo que no resulta claro cuál sería el interés directo de la excepcionante para reclamar la declaración de inconstitucionalidad en estudio.
Asimismo, cabe entender que si el criterio histórico y tradicional que ha mantenido el Poder Ejecutivo, incluso en la anterior ubicación institucional del Ministerio Público, ha sido el de no intentar modificar, por vía administrativa, el ejercicio de las potestades de los fiscales en el ámbito de los procesos jurisdiccionales, menos lo hará ahora, cuando existe una norma legal que, expresamente, descarta una posible injerencia en tales asuntos.
III.3) En opinión del Sr. Ministro Dr. Hounie, la promotora carece de un interés que presente la nota de “directo” requerida en el art. 258 de la Constitución para habilitar un pronunciamiento sobre la mentada infracción del art. 197 de la Carta.
Para el referido Sr. Ministro, la falta de legitimación es clara, puesto que la norma constitucional que se reputa violada no incide sobre la actuación del Ministerio Público como parte en el proceso penal, supuesto de hecho en el que se fundó la defensa. En tal sentido, cabe tener presente que, para fundar la legitimación, se afirmó lo siguiente en la demanda: “Nuestra defendida se encuentra sometida a una investigación judicial donde el Fiscal Letrado Nacional en lo Penal es parte y tiene una gravitación preponderante en el proceso y en la resolución de la litis (...)” (fs. 420). Pues bien, la norma que se considera violada no incide sobre la actuación de los Fiscales Letrados, únicos integrantes del Ministerio Público (hoy Fiscalía General de la Nación) que tienen la calidad de parte en el proceso penal.
La norma constitucional impugnada incide, únicamente, sobre la actuación del Director General del Ministerio Público (el Sr. Fiscal de Corte, cf. art. 2 inciso segundo de la Ley 19.334). En efecto, lo dispuesto en el art. 197 de la Constitución establece que las potestades de injerencia del Poder Ejecutivo únicamente alcanzan a lo actuado por “la gestión o los actos de los Directorios o Directores Generales” de los servicios descentralizados y entes autónomos, lo que claramente no comprende la actuación de los Fiscales Letrados que actúan como parte en las causas penales.
Por consiguiente, la excepcionante carece de interés directo para impugnar lo dispuesto en el art. 4 de la Ley 19.334, disposición que no afecta su situación jurídica en modo alguno.
III.4)   A juicio de la Sra. Ministra Dra. Martínez, todas las alegaciones de la parte excepcionante resultan demostrativas de la ausencia de interés directo afectado por la disposición impugnada.
En realidad, la inconstitucionalidad denunciada no radica en la contradicción existente entre el art. 4 de la Ley 19.334 y la norma constitucional.
El agravio de la parte estriba en la aplicación de la regulación constitucional contenida en los arts. 197 y 198 a la Fiscalía General de la Nación en su actuación ante la jurisdicción (su actuación en ejercicio del Ministerio Público y Fiscal).
Y es precisamente la norma impugnada la que viene a subsanar dicho perjuicio.
IV) En cuanto a la transgresión de la independencia de los fiscales que surge del art. 168 nal. 13) de la Constitución, los Sres. Ministros que componen la Suprema Corte de Justicia entienden que la argumentación de la excepcionante no resulta de recibo, y también llegan a esa conclusión por distintos fundamentos.
IV.1) Los Sres. Ministros Dres. Larrieux y Pérez Manrique ponen de relieve que dicha norma constitucional establece la forma de designación del Fiscal de Corte y “los demás Fiscales Letrados de la República”, por lo que no advierten de qué forma la disposición legal impugnada puede colidir con la Carta. Ello, por cuanto refiere a la forma de designación de los fiscales y deja a salvo su independencia técnica.
IV.2) El Sr. Ministro Dr. Chediak destaca que no es correcto el razonamiento del excepcionante cuando afirma que, al haber un Fiscal General de la Nación, debe entenderse que existen fiscales delegados.
La mentada delegación de atribuciones o la supuesta afectación de la independencia técnica de los fiscales a causa de las posibles directivas que les podría dar el Sr. Fiscal General de la Nación no surgen del art. 4 de la Ley 19.334.
En todo caso, esta sería una interpretación de la excepcionante, pero no es lo que emerge, nítidamente, del texto de la Ley.
En este punto, corresponde recordar que:
 “‘... En efecto: como se sostuviera en Sentencia No. 24/99, citando fallos anteriores: ‘... la Corte se halla facultada para declarar si una Ley es o no constitucional; su examen debe constreñirse y determinar si la misma colide o no con los textos o principios superiores que emanan de la Constitución; pero no se halla habilitada para controlar la regularidad de una Ley en función de una posible y eventual interpretación de ésta, puesto que lo que es pasible de inconstitucionalidad son las Leyes y no la interpretación de los textos legales. Así lo ha decidido pacíficamente la Corporación; en reiterados pronun-ciamientos ha sostenido que la acción o excepción de inconstitucionalidad sólo procede cuando la Ley impugnada admite una sola, única y clara interpretación y ésta por lo privativa viola las normas de la Carta, por lo que es inadmisible para el supuesto de una determinada interpretación de la Ley’(...)” (sentencia No. 237/2007).
En otros términos, la excepción de inconstitucionalidad no puede prosperar cuando se dirige contra una interpretación particular de la norma impugnada. En este sentido, cabe tener presente que la Corporación ha sostenido, en forma reiterada, que deben desestimarse los planteos de inconstitucionalidad subordinados o condicionados a cierta interpretación de la Ley (cf. sentencia No. 488/2014 de este Alto Cuerpo, entre otras).
IV.3) Por su parte, los Sres. Ministros Dres. Hounie y Martínez entienden que la supuesta infracción del art. 168 nal. 13) de la Constitución de la República es manifiestamente infundada.
Tal norma no establece el alegado principio de independencia técnica de los fiscales, según lo que surge de su tenor literal:
 “Al Presidente de la República, actuando con el Ministro o Ministros respectivos, o con el Consejo de Ministros, corresponde: (...) 13) Designar al Fiscal de Corte y a los demás Fiscales Letrados de la República, con venia de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente en su caso, otorgada siempre por tres quintos de votos del total de componentes. La venia no será necesaria para designar al Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, ni los Fiscales de Gobierno y de Hacienda”.
Es de una claridad meridiana que el artículo 168 nal. 13) de la Constitución se limita a regular la forma de designación de ciertos integrantes de la hoy llamada Fiscalía General de la Nación, atribuyendo tal competencia al Poder Ejecutivo. No es posible concluir, ni aun bajo el más laxo de los cánones interpretativos, que lo dispuesto en el art. 168 nal. 13) de la Carta consagre el principio alegado en la excepción; es más, tampoco puede sostenerse seriamente que consagre algo distinto de lo que surge de su texto (una simple atribución de competencia).
Por los fundamentos expuestos y las normas citadas, la Suprema Corte de Justicia, por unanimidad,
FALLA:
DESESTIMASE LA EXCEPCION DE INCONSTITUCIONALIDAD, CON LAS COSTAS DE PRECEPTO Y SIN ESPECIAL CONDENACION EN COSTOS (ART. 523 DEL C.G.P.).
NOTIFIQUESE A DOMICILIO Y, OPORTUNAMENTE, DEVUELVASE AL JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL DE 6o. TURNO A FIN DE QUE CONTINUE CON EL PROCEDIMIENTO RESPECTO DE LA INDAGADA AA.

Link a sitio web de la Fiscalía General de la Nación

Mediación penal y principio de oportunidad

* El presente análisis se basa parcialmente en la exposición presentada por el autor en el panel titulado “Nuevo Proceso Penal: recursos y otros medios impugnativos y vías alternativas de resolución del conflicto” (panel coordinado por la Prof. Raquel Landeira), Seminario recursos y otros medios impugnativos, organizado por la Asociación Uruguaya de Derecho Procesal Eduardo J. Couture los días 16 y el 17 de mayo de 2017.

El art. 382 del nCPP (Ley Nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014, en la redacción dada por Ley N° 19.436, de 23 de septiembre de 2016) establece algunas garantías para la mediación extraprocesal en materia penal (la que, junto a los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso, integra las vías alternativas de resolución del conflicto penal o mecanismos alternativos de resolución del conflicto – MARC).

En su ordinal primero, el citado artículo refiere a la procedencia de la mediación extraprocesal y el rol del Ministerio Público: “Cuando se trate de conductas con apariencia delictiva que no revistan gravedad, el Ministerio Público puede derivar el caso a formas extraprocesales de resolución de ese conflicto.”[1]

Esta solución ha sido criticada por el Director del Instituto Uruguayo de Derecho Procesal en su comparecencia ante la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores. Allí, el Prof. Abal Oliú expresó: “…Con respecto a la mediación extraprocesal, la discrecionalidad que tiene el fiscal para evaluar cuándo se trata de «conductas con apariencia delictiva que no revistan gravedad como para formalizar la acción penal» es demasiado exagerada. Prácticamente importa el ejercicio del principio de oportunidad sin límite alguno; estoy de acuerdo con el principio de oportunidad, pero no con que no tenga límite alguno…”. La solución de garantías que aquí propugnamos intenta superar dicha crítica con los textos de Derecho positivo que se han promulgado (evidentemente, de lege ferenda no se excluye la introducción de  modificaciones que hicieran aún más garantista el procedimiento vinculado a la mediación, y en particular a la derivación del caso).[2]

La hipótesis de procedencia de la mediación extraprocesal (conductas con apariencia delictiva que no revistan gravedad), se debe vincular con las excepciones al principio de obligatoriedad que se prevén en los arts. 98 (“Facultades de no iniciar y de dar por terminada la investigación”) y 100 (“Principio de oportunidad”).[3] Si bien el art. 382 del nCPP no refiere a dichas excepciones, ni en dichas excepciones se hace referencia a las vías alternativas de resolución del conflicto penal (introducidas por Ley N° 19.436), resulta evidente que se trata de hipótesis de Derecho positivo que hay que relacionar.

Se trata de una excepción, una alternativa, un quiebre, frente a la necesariedad u obligatoriedad de la persecución penal.[4]

Esta cuestión, además, se vincula con la interrogante de la vigencia –para estos supuestos- del principio de indisponibilidad (conocido también como principio de irretractabilidad o inmutabilidad), por el cual una vez iniciado el proceso penal no puede disponerse de él, “…es decir, no puede desistirse o transigirse, sino que sólo puede terminar mediante sentencia y en la forma y casos que disponga la ley”.[5]

En el caso del art. 98 del nCPP parecería que no habría conflicto penal a solucionar, en tanto procede cuando “los hechos relatados en la denuncia no constituyen delito, si los antecedentes y datos suministrados indican que se encuentra extinguida la responsabilidad penal del imputado, o si las actuaciones cumplidas no hubieren producido resultados que permitan la continuación útil de la indagatoria”.

Por su parte, en el principio de oportunidad (art. 100 del nCPP), el Ministerio Público podrá no iniciar la persecución penal o abandonar la ya iniciada, cuando, por ejemplo (según se dispone en su ordinal primero, literal a), se trate de delitos de escasa entidad que no comprometan gravemente el interés público, a menos que la pena mínima supere los dos años de privación de libertad o hayan sido presumiblemente cometidos por funcionarios públicos en ejercicios de sus funciones.

La vinculación entre la mediación y el principio de oportunidad la efectuó el propio Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, Dr. Díaz Almeida, en su comparecencia del 24 de mayo de 2016 ante la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores: “Con respecto al artículo referido a la mediación, esto es, cuando se habla de las conductas delictivas que no revisten gravedad para formalizar la acción, estamos hablando de conductas con apariencia delictiva. En esta instancia de investigación previa no podemos hablar de la existencia de un delito. El hecho de que no revista gravedad como para formalizar una acción penal, creo que se lo debería vincular a lo que se hizo con respecto al principio de oportunidad. En realidad, esto se realizó después que nosotros comparecimos y en el seno del acuerdo multipartidario. Nosotros nos enteramos de la redacción de la incorporación de las directivas y de la participación del consejo consultivo una vez que se remitieron los proyectos al Parlamento; antes no tuvimos conocimiento de esas variantes. Lo que aquí está subyacente es una cuestión central: todo Estado debe tener una política criminal que debe ser marcada, en primer lugar, por el legislador cuando aprueba y decide qué conductas deben ser sancionables o merecedoras de reproche penal y cuáles son los bienes jurídicos protegidos. Luego, el segundo escalón está dado porque nos hemos dado cuenta de que en el mundo entero, la vieja aplicación del principio de legalidad por el cual se perseguían todas las conductas delictivas y todas ellas se investigaban y se perseguían igual, en la sociedad moderna se ha transformado en utopía. Esa es la realidad. En el sistema actual o en el mundo actual no es posible perseguir o investigar todos los delitos que se cometen de la misma manera, al mismo tiempo y destinando la misma cantidad de recursos.  Y, quizá, muchas veces ni siquiera sea posible punir a todas esas conductas…” (énfasis agregado).[6]

La vinculación entre la derivación del caso a la mediación y el principio de oportunidad también es compartida por el Prof. Abal Oliú -conforme ya fuera citado- y por el Dr. Gomes, también en representación del Instituto Uruguayo de Derecho Procesal, quien compareciera ante la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores expresando lo siguiente: “…En cuanto a la mediación, (…) como mencionaba Abal, linda con el principio de oportunidad. Es una redacción muy similar, y creo que podemos hacerle la misma crítica. Aquí se mencionan conductas con apariencia delictiva que no revistan gravedad como para formalizar la acción penal. Entonces, ¿por qué se sancionan como delito? Ese es el tema principal; creemos que el concepto que prima es el de que son de escasa entidad en lo que atañe al interés público pero, en definitiva, este siempre va a verse afectado…”.[7]

La decisión del Ministerio Público de “derivar el caso” a formas extraprocesales de resolución del conflicto constituye, pues, una excepción, una “alternativa”, al principio de obligatoriedad. Si bien se va a procurar resolver o solucionar el conflicto, esa solución o eliminación del conflicto no se logra a través del proceso penal jurisdiccional, tramitado con todas las garantías del debido proceso. Por tanto, también la decisión del Ministerio Público -y no la decisión del Juez- de derivar el caso a la mediación extraprocesal debe ser adoptada en base a una resolución fundada, comunicada luego al tribunal competente, para el control de su “regularidad formal”.[8]

De ese modo, aplicando la disposición análoga de tramitación del principio de oportunidad (nCPP, art. 14), la decisión del Ministerio Público es susceptible de control jurisdiccional (lo que hace que ingrese al sistema de garantías). La decisión del tribunal, en relación al control de la regularidad formal será una decisión eventualmente impugnable.




[1] Vale advertir que en el Anteproyecto de Ley de modificación al nCPP y otras disposiciones, remitido por la Fiscalía General de la Nación al Ministerio de Educación y Cultura el día 12 de mayo de 2017, se agrega -en el art. 55- lo siguiente: “La mediación extraprocesal no procederá respecto de delitos de violencia sexual (Arts. 272, 273, 274 del Código Penal) o explotación sexual (Ley Nº 17.815), del delito de violencia doméstica (Artículo 321 bis. del Código Penal) así como respecto de otros tipos penales que se hayan cometido como forma de ejercer violencia basada en género.”
[2] Cfr., Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores, Carpetas N° 555/2016, 556/2016, Distribuido Nº 739, de 31 de mayo de 2016.
[3] Principio de obligatoriedad que expresamente no aparece conceptualizado en el capítulo de “principios básicos” del proceso penal (sí -como se dirá- aparece regulado el principio de oficialidad). La referencia al principio de obligatoriedad se encuentra en el nomen iuris del Capítulo II “Excepciones al principio de obligatoriedad”, Título III “De la acción penal”, Libro I “Disposiciones generales” del nCPP.
[4] La expresión “quiebre” fue empleada por la Dra. Raquel Landeira como coordinadora del panel titulado “Nuevo Proceso Penal: recursos y otros medios impugnativos y vías alternativas de resolución del conflicto”, en el Seminario recursos y otros medios impugnativos, organizado por la Asociación Uruguaya de Derecho Procesal Eduardo J. Couture los días 16 y el 17 de mayo de 2017.
[5] Cfr., Arlas, J., Curso de derecho procesal penal, Tomo I, FCU, Montevideo, 1994, pp. 26-27. En similar sentido, y entre muchos otros autores que estudian los principios que gobiernan el proceso penal: Clariá Olmedo, J., Derecho Procesal Penal, Tomo primero, Marcos Lerner Editora Córdoba, Córdoba, 1984, pp. 243 y 244. En el Código del Proceso Penal (Decreto Ley N° 15.032, de 7 de julio de 1980), el art. 10 prevé: “(Oficialidad). La acción penal es pública y su promoción y ejercicio corresponden al Ministerio Público, salvo las excepciones establecidas por la ley.”. En tanto, en el nCPP se debe tomar en consideración, especialmente, el art. 6: “(Oficialidad). La acción penal es pública y su promoción y ejercicio corresponden al Ministerio Público, salvo las excepciones establecidas por la ley.” y el art. 43: “(Función). 43.1 El Ministerio Público es el titular de la acción penal. Deberá practicar todas las diligencias que sean conducentes al éxito de la investigación. 43.2 Cuando tome conocimiento de la existencia de un hecho con apariencia delictiva, promoverá la persecución penal con el auxilio de la autoridad administrativa, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos previstos en la ley.” También se puede mencionar el art. 256 del nCPP en tanto dispone cuándo el inicio de la indagatoria preliminar corresponde al Ministerio Público.
[6] Cfr., Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores, Carpetas N° 555/2016, 556/2016, Distribuido Nº 737, de 24 de mayo de 2016). A su vez, vale consignar que en este punto, así como en otros similares, podrán incidir -conforme reconoce el propio Díaz- las directivas o instrucciones generales que se dicten en el ámbito de la Fiscalía (véase, art. 5 de la Ley N° 19.334, de 14 de agosto de 2015, art. 21 de la Ley N° 19.483, de 5 de enero 2017 y art. 46 del nCPP, entre otros).
[7] Cfr., Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores, Carpetas N° 555/2016, 556/2016, Distribuido Nº 739, de 31 de mayo de 2016.
[8] Control que también reclama el Prof. Aller en su intervención ante la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores: “Para quienes podemos entender delitos desde dudosos, porque no hay pronunciamiento, hasta de bagatela, de muy baja intensidad, lo mejor que podemos hacer, lo más barato para el Estado y lo más sensato para el ciudadano, porque eso sí puede resolver conflictos sociales, es tener ámbitos de conciliación, reconciliación y mediación extrapenal, pero sujetos a un lógico control jurídico. Es decir, no sea cosa que el conciliador o mediador, con la mejor intención pero con desconocimiento del derecho, arribe a una solución contraria o desajustada a derecho.” Intervención recogida en Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores, Carpetas N° 555/2016, 556/2016, Distribuido Nº 739, de 31 de mayo de 2016.