Mediación penal y principio de oportunidad

* El presente análisis se basa parcialmente en la exposición presentada por el autor en el panel titulado “Nuevo Proceso Penal: recursos y otros medios impugnativos y vías alternativas de resolución del conflicto” (panel coordinado por la Prof. Raquel Landeira), Seminario recursos y otros medios impugnativos, organizado por la Asociación Uruguaya de Derecho Procesal Eduardo J. Couture los días 16 y el 17 de mayo de 2017.

El art. 382 del nCPP (Ley Nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014, en la redacción dada por Ley N° 19.436, de 23 de septiembre de 2016) establece algunas garantías para la mediación extraprocesal en materia penal (la que, junto a los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso, integra las vías alternativas de resolución del conflicto penal o mecanismos alternativos de resolución del conflicto – MARC).

En su ordinal primero, el citado artículo refiere a la procedencia de la mediación extraprocesal y el rol del Ministerio Público: “Cuando se trate de conductas con apariencia delictiva que no revistan gravedad, el Ministerio Público puede derivar el caso a formas extraprocesales de resolución de ese conflicto.”[1]

Esta solución ha sido criticada por el Director del Instituto Uruguayo de Derecho Procesal en su comparecencia ante la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores. Allí, el Prof. Abal Oliú expresó: “…Con respecto a la mediación extraprocesal, la discrecionalidad que tiene el fiscal para evaluar cuándo se trata de «conductas con apariencia delictiva que no revistan gravedad como para formalizar la acción penal» es demasiado exagerada. Prácticamente importa el ejercicio del principio de oportunidad sin límite alguno; estoy de acuerdo con el principio de oportunidad, pero no con que no tenga límite alguno…”. La solución de garantías que aquí propugnamos intenta superar dicha crítica con los textos de Derecho positivo que se han promulgado (evidentemente, de lege ferenda no se excluye la introducción de  modificaciones que hicieran aún más garantista el procedimiento vinculado a la mediación, y en particular a la derivación del caso).[2]

La hipótesis de procedencia de la mediación extraprocesal (conductas con apariencia delictiva que no revistan gravedad), se debe vincular con las excepciones al principio de obligatoriedad que se prevén en los arts. 98 (“Facultades de no iniciar y de dar por terminada la investigación”) y 100 (“Principio de oportunidad”).[3] Si bien el art. 382 del nCPP no refiere a dichas excepciones, ni en dichas excepciones se hace referencia a las vías alternativas de resolución del conflicto penal (introducidas por Ley N° 19.436), resulta evidente que se trata de hipótesis de Derecho positivo que hay que relacionar.

Se trata de una excepción, una alternativa, un quiebre, frente a la necesariedad u obligatoriedad de la persecución penal.[4]

Esta cuestión, además, se vincula con la interrogante de la vigencia –para estos supuestos- del principio de indisponibilidad (conocido también como principio de irretractabilidad o inmutabilidad), por el cual una vez iniciado el proceso penal no puede disponerse de él, “…es decir, no puede desistirse o transigirse, sino que sólo puede terminar mediante sentencia y en la forma y casos que disponga la ley”.[5]

En el caso del art. 98 del nCPP parecería que no habría conflicto penal a solucionar, en tanto procede cuando “los hechos relatados en la denuncia no constituyen delito, si los antecedentes y datos suministrados indican que se encuentra extinguida la responsabilidad penal del imputado, o si las actuaciones cumplidas no hubieren producido resultados que permitan la continuación útil de la indagatoria”.

Por su parte, en el principio de oportunidad (art. 100 del nCPP), el Ministerio Público podrá no iniciar la persecución penal o abandonar la ya iniciada, cuando, por ejemplo (según se dispone en su ordinal primero, literal a), se trate de delitos de escasa entidad que no comprometan gravemente el interés público, a menos que la pena mínima supere los dos años de privación de libertad o hayan sido presumiblemente cometidos por funcionarios públicos en ejercicios de sus funciones.

La vinculación entre la mediación y el principio de oportunidad la efectuó el propio Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, Dr. Díaz Almeida, en su comparecencia del 24 de mayo de 2016 ante la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores: “Con respecto al artículo referido a la mediación, esto es, cuando se habla de las conductas delictivas que no revisten gravedad para formalizar la acción, estamos hablando de conductas con apariencia delictiva. En esta instancia de investigación previa no podemos hablar de la existencia de un delito. El hecho de que no revista gravedad como para formalizar una acción penal, creo que se lo debería vincular a lo que se hizo con respecto al principio de oportunidad. En realidad, esto se realizó después que nosotros comparecimos y en el seno del acuerdo multipartidario. Nosotros nos enteramos de la redacción de la incorporación de las directivas y de la participación del consejo consultivo una vez que se remitieron los proyectos al Parlamento; antes no tuvimos conocimiento de esas variantes. Lo que aquí está subyacente es una cuestión central: todo Estado debe tener una política criminal que debe ser marcada, en primer lugar, por el legislador cuando aprueba y decide qué conductas deben ser sancionables o merecedoras de reproche penal y cuáles son los bienes jurídicos protegidos. Luego, el segundo escalón está dado porque nos hemos dado cuenta de que en el mundo entero, la vieja aplicación del principio de legalidad por el cual se perseguían todas las conductas delictivas y todas ellas se investigaban y se perseguían igual, en la sociedad moderna se ha transformado en utopía. Esa es la realidad. En el sistema actual o en el mundo actual no es posible perseguir o investigar todos los delitos que se cometen de la misma manera, al mismo tiempo y destinando la misma cantidad de recursos.  Y, quizá, muchas veces ni siquiera sea posible punir a todas esas conductas…” (énfasis agregado).[6]

La vinculación entre la derivación del caso a la mediación y el principio de oportunidad también es compartida por el Prof. Abal Oliú -conforme ya fuera citado- y por el Dr. Gomes, también en representación del Instituto Uruguayo de Derecho Procesal, quien compareciera ante la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores expresando lo siguiente: “…En cuanto a la mediación, (…) como mencionaba Abal, linda con el principio de oportunidad. Es una redacción muy similar, y creo que podemos hacerle la misma crítica. Aquí se mencionan conductas con apariencia delictiva que no revistan gravedad como para formalizar la acción penal. Entonces, ¿por qué se sancionan como delito? Ese es el tema principal; creemos que el concepto que prima es el de que son de escasa entidad en lo que atañe al interés público pero, en definitiva, este siempre va a verse afectado…”.[7]

La decisión del Ministerio Público de “derivar el caso” a formas extraprocesales de resolución del conflicto constituye, pues, una excepción, una “alternativa”, al principio de obligatoriedad. Si bien se va a procurar resolver o solucionar el conflicto, esa solución o eliminación del conflicto no se logra a través del proceso penal jurisdiccional, tramitado con todas las garantías del debido proceso. Por tanto, también la decisión del Ministerio Público -y no la decisión del Juez- de derivar el caso a la mediación extraprocesal debe ser adoptada en base a una resolución fundada, comunicada luego al tribunal competente, para el control de su “regularidad formal”.[8]

De ese modo, aplicando la disposición análoga de tramitación del principio de oportunidad (nCPP, art. 14), la decisión del Ministerio Público es susceptible de control jurisdiccional (lo que hace que ingrese al sistema de garantías). La decisión del tribunal, en relación al control de la regularidad formal será una decisión eventualmente impugnable.




[1] Vale advertir que en el Anteproyecto de Ley de modificación al nCPP y otras disposiciones, remitido por la Fiscalía General de la Nación al Ministerio de Educación y Cultura el día 12 de mayo de 2017, se agrega -en el art. 55- lo siguiente: “La mediación extraprocesal no procederá respecto de delitos de violencia sexual (Arts. 272, 273, 274 del Código Penal) o explotación sexual (Ley Nº 17.815), del delito de violencia doméstica (Artículo 321 bis. del Código Penal) así como respecto de otros tipos penales que se hayan cometido como forma de ejercer violencia basada en género.”
[2] Cfr., Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores, Carpetas N° 555/2016, 556/2016, Distribuido Nº 739, de 31 de mayo de 2016.
[3] Principio de obligatoriedad que expresamente no aparece conceptualizado en el capítulo de “principios básicos” del proceso penal (sí -como se dirá- aparece regulado el principio de oficialidad). La referencia al principio de obligatoriedad se encuentra en el nomen iuris del Capítulo II “Excepciones al principio de obligatoriedad”, Título III “De la acción penal”, Libro I “Disposiciones generales” del nCPP.
[4] La expresión “quiebre” fue empleada por la Dra. Raquel Landeira como coordinadora del panel titulado “Nuevo Proceso Penal: recursos y otros medios impugnativos y vías alternativas de resolución del conflicto”, en el Seminario recursos y otros medios impugnativos, organizado por la Asociación Uruguaya de Derecho Procesal Eduardo J. Couture los días 16 y el 17 de mayo de 2017.
[5] Cfr., Arlas, J., Curso de derecho procesal penal, Tomo I, FCU, Montevideo, 1994, pp. 26-27. En similar sentido, y entre muchos otros autores que estudian los principios que gobiernan el proceso penal: Clariá Olmedo, J., Derecho Procesal Penal, Tomo primero, Marcos Lerner Editora Córdoba, Córdoba, 1984, pp. 243 y 244. En el Código del Proceso Penal (Decreto Ley N° 15.032, de 7 de julio de 1980), el art. 10 prevé: “(Oficialidad). La acción penal es pública y su promoción y ejercicio corresponden al Ministerio Público, salvo las excepciones establecidas por la ley.”. En tanto, en el nCPP se debe tomar en consideración, especialmente, el art. 6: “(Oficialidad). La acción penal es pública y su promoción y ejercicio corresponden al Ministerio Público, salvo las excepciones establecidas por la ley.” y el art. 43: “(Función). 43.1 El Ministerio Público es el titular de la acción penal. Deberá practicar todas las diligencias que sean conducentes al éxito de la investigación. 43.2 Cuando tome conocimiento de la existencia de un hecho con apariencia delictiva, promoverá la persecución penal con el auxilio de la autoridad administrativa, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos previstos en la ley.” También se puede mencionar el art. 256 del nCPP en tanto dispone cuándo el inicio de la indagatoria preliminar corresponde al Ministerio Público.
[6] Cfr., Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores, Carpetas N° 555/2016, 556/2016, Distribuido Nº 737, de 24 de mayo de 2016). A su vez, vale consignar que en este punto, así como en otros similares, podrán incidir -conforme reconoce el propio Díaz- las directivas o instrucciones generales que se dicten en el ámbito de la Fiscalía (véase, art. 5 de la Ley N° 19.334, de 14 de agosto de 2015, art. 21 de la Ley N° 19.483, de 5 de enero 2017 y art. 46 del nCPP, entre otros).
[7] Cfr., Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores, Carpetas N° 555/2016, 556/2016, Distribuido Nº 739, de 31 de mayo de 2016.
[8] Control que también reclama el Prof. Aller en su intervención ante la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores: “Para quienes podemos entender delitos desde dudosos, porque no hay pronunciamiento, hasta de bagatela, de muy baja intensidad, lo mejor que podemos hacer, lo más barato para el Estado y lo más sensato para el ciudadano, porque eso sí puede resolver conflictos sociales, es tener ámbitos de conciliación, reconciliación y mediación extrapenal, pero sujetos a un lógico control jurídico. Es decir, no sea cosa que el conciliador o mediador, con la mejor intención pero con desconocimiento del derecho, arribe a una solución contraria o desajustada a derecho.” Intervención recogida en Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores, Carpetas N° 555/2016, 556/2016, Distribuido Nº 739, de 31 de mayo de 2016.

Inexistencia de título ejecutivo tributario. Falta de presupuesto procesal y/o inhabilidad de título

Los graves defectos en los procedimientos administrativos que sirven de antecedente a las resoluciones administrativas que por disposición legal pueden constituir título ejecutivo tributario determinan, en algunos casos, que no se cuente con un título ejecutivo por la falta de resolución firme. 
La ausencia de título ejecutivo (CGP, arts. 353 y 362; CT, arts. 91 y 92), determina que falte un presupuesto procesal esencial del proceso ejecutivo en general, y del tributario, en particular. Cuando el órgano judicial no lo analiza ni detecta en su providencia inicial, esto lleva necesariamente -según entiendo- a que se deba revocar la resolución y clausurar el proceso. 
Una situación peculiar, y que atenta gravemente contra las garantías,  se plantea cuando la administración tributaria no ha procedido a realizar la notificación de la resolución que determine el adeudo conforme a derecho (en ciertos casos, la administración tampoco notifica debidamente la vista previa al dictado del acto, lo que agrava la situación desde el punto de vista del futuro demandado en el proceso ejecutivo). Sobre el punto, y en similar sentido, PATRITTI ISASI, M., "La notificación como requisito de eficacia del acto administrativo, la firmeza y la procedencia  de la excepción de inhabilidad de título en el juicio ejecutivo. Nota de Jurisprudencia" (trabajo aún inédito)
Es más, en diálogo con PATRITTI ISASI, hemos valorado que el tema del examen de la regularidad jurídica del acto por ausencia de vista por parte del Poder Judicial en el marco de un proceso ejecutivo tributario es plenamente posible, admitiendo -como lo hacemos- un enfoque amplio del concepto de inhabilidad de título que permite el examen de legalidad o regularidad del acto a efectos de su eventual desaplicación. En esa sistuación, el administrado puede oponer la excepción fundado en ese punto (sin perjuicio de su pretensión anulatoria ante el TCA).
En esos casos, las claras irregularidades administrativas repercuten en el proceso ejecutivo tramitado ante el Poder Judicial, pues o bien no hay título ejecutivo, en mérito a que no hay resolución firme, en tanto no existió oportunidad de presentar los correspondientes recursos administrativos, o bien el título es inhábil y claramente irregular o antijurídico. 
Vale recordar que el art. 91 del Código Tributario: “La Administración tendrá acción ejecutiva para el cobro de los créditos fiscales que resulten a su favor según sus resoluciones firmes. A tal efecto, constituirán títulos ejecutivos los testimonios de las mismas y los documentos que de acuerdo con la legislación vigente tengan esa calidad siempre que correspondan a resoluciones firmes. Son resoluciones firmes las consentidas expresa o tácitamente por el obligado y las definitivas a que se refieren los artículos 309 y 319 de la Constitución de la República.”
En la hipótesis de falta de notificación de la resolución que constituiría el título ejecutivo, no habría un acto administrativo consentido ni tampoco un acto administrativo definitivo, pues en relación al mismo no se ha podido agotar la vía administrativa (véase, SOBA BRACESCO, I. M., “Alcance de la excepción de inhabilidad de título en el proceso ejecutivo tributario”, en Revista La Ley, La Ley Uruguay, Cita Online: D2955/2010; ). 
Esa resolución que se recurre ya no sería “firme” y por tanto no reviste la condición de título ejecutivo tributario (Código Tributario, arts. 91 y 92), debiendo la Sede judicial que estuviere entendiendo en el asunto revocar lo ya dispuesto, levantar el embargo y clausurar las actuaciones (Código General del Proceso, arts. 5, 351 a 362).
Desde el punto de vista de las defensas de la parte demandada, la inexistencia de título ejecutivo por falta de resolución firme a la que se hizo mención entiendo puede ser esgrimida de manera “independiente” (como un obstáculo insalvable para el proceso o como excepción procesal). No obstante lo anterior, si ello no se aceptara, la defensa debería ser tratada como una hipótesis de inhabilidad de título perfectamente admisibile a la luz de lo dispuesto en los arts. 91 y 92 del CT, pudiendo incluso ser considerada de oficio por el tribunal, a efectos de rechazar la pretensión ejecutiva planteada por la administración tributaria. Inhabilidad de título que también procedería ante la irregularidad de la resolución que no ha sido precedida de vista previa.

¿Es válida la convención mediante la cual se invierte la carga de la prueba?


Se trata de invitar a la reflexión mediante la reiteración de la interrogante planteada en el año 1938 por Moretti[1]: ¿es válida la convención mediante la cual se invierte la carga de la prueba?
Para el profesor compatriota, dichas cláusulas o convenciones carecen de valor “…primero, porque contradicen la naturaleza de derecho público de las normas procesales; segundo, porque contravienen los fines del proceso como el legislador lo ha disciplinado; tercero, porque importan la renuncia a un derecho procesal que por su naturaleza es irrenunciable.”[2]
Agrega Moretti que es “…nula la inversión convencional de la carga de la prueba, porque la norma que distribuye el riesgo de la prueba no suministrada, es una norma procesal de derecho público, de naturaleza inderogable porque se refiere directamente a la actividad del órgano jurisdiccional al cual concede un poder de contenido determinado, sobre lo cual las partes no tienen ninguna influencia, sino en los límites y la forma establecidos por la ley.”[3]
Aunque el principio dispositivo se consagra en el art. 1 del CGP y los acuerdos de parte se desparraman a lo largo del Código y son admitidos para la realización de algunas de las actividades en el proceso, también se deben convocar para el análisis de la cuestión, los principios de legalidad (art. 18 de la Constitución de la República) y la indisponibilidad de las normas procesales (art. 16 del CGP). 
Por su parte, el art. 139 del CGP -que refiere precisamente a la carga de la prueba- no incluye ninguna referencia explícita sobre la posibilidad de alterar las reglas legales en la materia, en función de acuerdos de parte.
Además de lo anterior, se debe tener presente lo dispuesto en el art. 31 lit. E de la ley de relaciones de consumo (N° 17.250, de 11 de agosto de 2000), el cual establece que se considerarán abusivas: “…Las cláusulas que contengan cualquier precepto que imponga la carga de la prueba en perjuicio del consumidor cuando legalmente no corresponda.”.
Con relación a la modificación de la carga de la prueba a través de cláusulas contractuales, señala Szafir que: “La consideración de abusivo de todo pacto que pretenda establecer la carga de la prueba en perjuicio del consumidor cuando legalmente no le corresponde, carece de eficacia práctica ya que las normas procesales son de orden público y la ritualidad del proceso no puede depender de la voluntad de las partes consagrada en un contrato. Es por ello, que aun de no haberse previsto esta situación, la cláusula sería ineficaz si contraviene las normas distributivas de la carga probatoria consagradas en el Código Civil y en el Código General del Proceso. De la misma forma no puede pactarse la carga de la prueba contraviniendo el artículo 26 de esta ley. Es también una norma de orden público que no admite su derogación por voluntad de las partes. En consecuencia es nula la cláusula que establezca que es el consumidor quien debe acreditar la falsedad de la publicidad engañosa en la que funda su pretensión. En efecto, el artículo 26 establece que es el proveedor anunciante, quien debe demostrar la veracidad y exactitud de los datos fácticos contenidos en la comunicación publicitaria.”.[4]
A nuestro entender la norma no es del todo precisa, pues resulta abusiva la cláusula que imponga la carga de la prueba “en perjuicio del consumidor cuando legalmente no corresponda”, con lo cual habrá que determinar en cada caso qué se entiende por “perjuicio del consumidor” en materia de carga de la prueba, y analizar “cuando legalmente no corresponda”. Si la conclusión es que hay perjuicio para el consumidor por el solo hecho de imponerle la carga de la prueba en contravención con lo previsto en la ley, prácticamente nunca se podría apelar a la autonomía de la voluntad para alterar lo previsto en la norma general, salvo previsión expresa en contrario de la propia ley. Lo que la ley ha pretendido tutelar, ante la abusividad de ciertas cláusulas, es la debilidad del consumidor desde el punto de vista probatorio. Es a esta finalidad a la que se debe apuntar, para evitar que resulte excesivamente gravoso el acreditar o probar ciertos enunciados fácticos.[5]
Algo similar sucede en España con el Real Decreto 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Dicho cuerpo normativo establece en su art. 82 nº 4 lit. d) que en todo caso serán abusivas las cláusulas que “…impongan al consumidor y usuario garantías desproporcionadas o le impongan indebidamente la carga de la prueba.”.
Siguiendo con el Derecho comparado, vale citar lo previsto en los arts. 2697 y 2698 del Código Civil italiano, ubicados en el capítulo de disposiciones generales del Título dedicado a la prueba.[6]
Precisamente su art. 2697 establece: “Onere della prova.- Chi vuol far valere un diritto in giudizio (Cod. Proc. Civ. 163) deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (Cod. Proc. Civ. 115).
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.”
Luego, el art. 2698 refiere a los pactos relativos a la carga de la prueba, en los siguientes términos: “Patti relativi all'onere della prova.- Sono nulli i patti con i quali è invertito ovvero e modificato l'onere della prova, quando si tratta di diritti di cui le parti non possono disporre o quando l'inversione o la modificazione (1341) ha per effetto di rendere a una delle parti eccessivamente difficile l'esercizio del diritto.”
Ésta última disposición refiere a la consecuencia de nulidad de los pactos que buscan invertir o modificar la carga de la prueba cuando se trata de derechos que las partes no pueden disponer (indisponibles), o cuando la inversión o modificación tiene el efecto de hacer excesivamente difícil el ejercicio del derecho a una de las partes.
Otros puntos que pueden influir en la conclusión a la que cada uno llegue podrían ser los siguientes: 
- Se pueden encontrar ejemplos en el Derecho procesal comparado, de normas que han potenciado los acuerdos de parte y la flexibilización del proceso civil (a modo de ejemplo, los arts. 139, 190 y 191 del nuevo CPC brasileño). 
- Se admite en el Derecho uruguayo el acuerdo de partes en sede de valoración de la prueba pericial, para asignarle a los peritos el carácter de arbitrador o decisor, en el punto objeto de dictamen (art. 184 del CGP). 
- La inversión de la carga de la prueba o la teoría de la carga de la prueba dinámica, implica según algunos, una modificación de las reglas legales realizada por otro de los sujetos del proceso, como es el Juez.
En definitiva, la respuesta a la interrogante, que a priori se presenta como negativa y sin fisuras, admite la posibilidad de la argumentación en pos de la reflexión. Nos contentamos, pues, al menos por el momento, con sembrar inquietudes y posibilitar la discusión. 

[1] Obviamente, el autor analizaba lo previsto en el art. 329 del Código de Procedimiento Civil (CPC). MORETTI, R., “Apuntes sobre la tutela convencional y especialmente sobre el pacto de inversión de la carga de la prueba”, en Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración, Tomo XXXVI, Montevideo, 1938, pp. 80-89.
[2] MORETTI, R., “Apuntes sobre la tutela convencional y especialmente sobre el pacto de inversión de la carga de la prueba”, en Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración, Tomo XXXVI, Montevideo, 1938, p. 85.
[3] MORETTI, R., “Apuntes sobre la tutela convencional y especialmente sobre el pacto de inversión de la carga de la prueba”, en Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración, Tomo XXXVI, Montevideo, 1938, p. 87.
[4] SZAFIR, D., Consumidores. Análisis exegético de la Ley 17.250, con la colaboración de DOVAL, G., MORALES, M. y CORNÚ, F., cuarta edición actualizada, FCU, Montevideo, 2014, p. 371.
[5] En similar sentido, FERNÁNDEZ LÓPEZ, M., La carga de la prueba en la práctica judicial civil, La Ley, Madrid, 2006, p. 177. Véase, además, que la Ley de Enjuiciamiento Civil española 1/2000, de 7 de enero, prevé en su art. 217 nº 7 que para la aplicación de las reglas de la carga de la prueba el tribunal deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes del litigio.
[6] Véase la referencia a los acuerdos sobre la carga de la prueba y el Código Civil italiano en TARUFFO, M., La prueba, Marcial Pons, Madrid, 2008, p. 248.

Inconstitucionalidad de procesos de instancia única

En la sentencia que a continuación se transcribe, la Suprema Corte de Justicia ha declarado la inconstitucionalidad del art. 73 de la LOT, en lo relacionado a la instancia única. El argumento de la Corte radica, básicamente, en la vulneración al art. 8 de la Constitución de la República y su vinculación con el principio de igualdad procesal.

El art. 73 de la LOT dispone: "Los Juzgados de Paz Departamentales del Interior entenderán: 1) Dentro de idénticos límites territoriales del Juzgado Letrado de Primera Instancia al que acceden:
a) En primera Instancia en los asuntos contenciosos, civiles, comerciales y de hacienda cuya cuantía sea superior a N$ 23.000,00 (nuevos pesos veintitrés mil) y no exceda de N$ 32.000,00 (nuevos pesos treinta y dos mil).
b) En Jurisdicción voluntaria, de los actos jurisdiccionales no contenciosos, cualquiera sea su cuantía, salvo que se suscite contienda u oposición de interesados o del Ministerio Público o Fiscal, en cuyo caso, se remitirán al Juzgado Letrado de Primera Instancia que corresponda, el que seguirá conociendo del asunto hasta su conclusión.
2) Dentro de los límites de la Sección Judicial correspondiente a su sede:
a) En Primera Instancia, en los asuntos contenciosos, civiles, comerciales y de hacienda que excedan de N$ 11.000,00 (nuevos pesos once mil) y hasta N$ 23.000,00 (nuevos pesos veintitrés mil).
b) En única instancia en los asuntos contenciosos, civiles, comerciales y de hacienda hasta N$ 11.000,00 (nuevos pesos once mil).
c) Los que les asignan las normas especiales." (énfasis agregado - los montos se actualizan periódicamente vía Acordada de la SCJ).

La posición de la SCJ en relación a la inconstitucionalidad de procesos de instancia única también ha sido explicitada -con discordias- respecto del proceso de faltas en sentencia n° 32/2016, de 25 de febrero de 2016.


SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

TEMAS: INCONSTITUCIONALIDAD DE LA INSTANCIA ÚNICA (DOBLE INSTANCIA). APELACIÓN. PRINCIPIO DE IGUALDAD. COMPETENCIA JUZGADOS DE PAZ.

SENTENCIA N° 553/2016
HOUNIE -r-, MARTÍNEZ, CHEDIAK, LARRIEUX, PÉREZ MANRIQUE.

Montevideo, veintiuno de noviembre de dos mil dieciséis

VISTOS:

Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “INSTITUTO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY c/ VEGA, Pablo. Juicio ejecutivo. Excepción de inconstitucionalidad. Artículo 73 inciso segundo, literal “b”, de la Ley No. 15.750”, IUE 345-137/2015.

RESULTANDO:

I) A fs. 99-108., en el curso de un proceso ejecutivo tramitado ante el Juzgado de Paz Departamental de Chuy, en oportunidad en la cual el INAU dedujo recurso de queja por denegación de apelación contra la providencia No. 686/2016 por la que se rechazó la apelación que había interpuesto contra la sentencia definitiva recaída en autos (fs. 82-88, 90-96 y 97), promovió, conjuntamente y por vía de excepción, la declaración de inconstitucionalidad del inciso segundo del literal “b” del artículo 73 de la Ley 15.750, en cuanto veda la segunda instancia en cierto tipo de procesos.

Fundó su legitimación en su calidad de parte en un proceso en el cual la norma cuestionada resulta aplicable.

En sustento de su pretensión, sostuvo en síntesis:

1) La disposición impugnada transgrede el principio de igualdad consagrado en el artículo 8 de la Constitución, por cuanto, al establecer que ciertos asuntos que se tramitan en el interior deban tramitarse en instancia única, realiza una discriminación arbitraria, ya que ese mismo tipo de asuntos, cuando se tramitan ante los tribunales de Montevideo, admite la doble instancia.

2) La disposición impugnada vulnera el principio de interés superior del niño en un asunto cuya materia es indisponible y que compromete el orden público (artículos 7, 10, 41 inciso segundo, 72 y 332 de la Constitución).

Se trata de un proceso en el cual el INAU pretendió la condena al pago de una multa con la cual se sancionó a un sujeto por vender bebidas alcohólicas a menores de edad, materia en la cual ese Instituto tiene facultades de fiscalización y control.

3) En definitiva, solicitó que se declarara la inconstitucionalidad del artículo 73 inciso segundo, literal “b”, de la Ley 15.750.

II) Por providencia No. 782 del 23 de mayo de 2016, el Juzgado de Paz Departamental de Chuy dispuso la suspensión del proceso y que se elevara el expediente a la Suprema Corte de Justicia (fs. 109).

III) El expediente se recibió en la Corte el 17 de junio de 2016. Por providencia No. 999/2016, la Corporación confirió traslado a Pablo Vega y dio vista al Sr. Fiscal de Corte.

IV) A fs. 121-123, Pablo Vega evacuó el traslado conferido, abogando por el rechazo de la excepción opuesta.

V) El Sr. Fiscal de Corte, por los fundamentos que expuso en el dictamen No. 2370 del 22 de agosto de 2016, también entendió que correspondía rechazarla (fs. 127-127vto.).

VI) Por providencia No. 1322/2016 se dispuso el pasaje a estudio y se llamaron los autos para sentencia (fs. 130).

VII) Una vez cumplidos los trámites de estilo, se acordó dictar sentencia en el día de la fecha.

CONSIDERANDO:

I) La Suprema Corte de Justicia acogerá la excepción de inconstitucionalidad planteada por el INAU, por asistirle razón en cuanto a que la disposición impugnada vulnera el derecho constitucional a recibir igual trato por la Ley.

II) En cuanto a las normas que asignan competencia por razón de cuantía a los Juzgados de Paz Departamentales de la República y su relación con la previsión de la doble instancia.

Corresponde comenzar por relevar el panorama normativo que determina que, para un mismo tipo de pretensiones, se establezcan estructuras procesales distintas en función de si entiende en la causa un juzgado de Montevideo u otro del interior de la República.

La Ley Orgánica de la Judicatura y de los Tribunales, No. 15.750, establece que los Juzgados de Paz Departamentales, tanto los “de la Capital” como los “del Interior”, son competentes para conocer en asuntos “contenciosos, civiles, comerciales y de hacienda” de cierta cuantía (artículos 72 inciso segundo y 73 numeral 1, literal “a”, y numeral 2, literales “b” y “c”), cuantía que fue actualizada por la Acordada 7826.

Más concretamente, los Juzgados de Paz Departamentales de la Capital conocen en tales asuntos hasta $500.000 (quinientos mil pesos uruguayos) y lo hacen siempre en primera instancia (artículo 68 numeral 2o. de la Ley 15.750).

Por su parte, los Juzgados de Paz Departamentales del Interior conocen en asuntos de igual materia también hasta $500.000 pero, a diferencia de lo que se prevé para los Juzgados de igual tipo de Montevideo, no siempre lo hacen en primera instancia, ya que la disposición impugnada establece que aquellos asuntos “contenciosos, civiles, comerciales y de hacienda” de hasta $120.000 (ciento veinte mil pesos uruguayos) se tramitan en “instancia única”, por lo que no admiten apelación.

III) En cuanto al mérito de la impugnación.

Como se adelantó, la Corte entiende que asiste razón al excepcionante cuando afirma que la disposición impugnada infringe el derecho constitucional a recibir igual trato por la Ley (artículo 8 de la Constitución).

Si bien nuestra Constitución admite la restricción del goce del derecho de igualdad (artículo 7), tal restricción debe ajustarse a ciertos requisitos que, ciertamente, no se verifican en el caso.

El hecho de que ante pretensiones de igual naturaleza y cuantía se aplique un régimen procesal diverso, tomando en consideración únicamente si entiende un juzgado de la capital o del interior del país, no tiene actualmente una justificación constitucionalmente admisible.

En tal sentido, véase que el exilio del régimen de la doble instancia de ciertos procesos por el mero hecho de tramitarse ante los Juzgados de Paz Departamentales del interior del país, junto con la correlativa exclusión de tal limitación respecto de idénticos procesos que se tramitan ante los Juzgados de Paz Departamentales de Montevideo, determina una distinción arbitraria entre sujetos que se encuentran en la misma situación jurídica.

El derecho constitucional a recibir igual trato por la Ley reclama que el sujeto que es parte en un proceso de cuantía escasa en el interior del país tenga el mismo derecho a la revisión de la sentencia dictada que quien tramita un proceso de iguales características (materia y cuantía) en Montevideo.

En referencia al principio de igualdad en materia procesal, en argumentación trasladable al caso, este Colegiado expresó: Sin duda alguna, lo dispuesto en el inciso 2o. del artículo 17 de la Ley No. 18.572 infringe muy gravemente el principio de igualdad, por cuanto la norma procesal confiere un trato diferencial a quienes deben ser tratados en una similar categoría: la de partes en el proceso laboral.

Conforme el criterio expresado por el Prof. Torello en discordia estampada en Sentencia de la Corporación de fecha 16/12/1991 (publicada en LJU, caso 12121), el principio que establece el artículo 8 de la Carta se traduce, en materia procesal, en el principio de igualdad de las partes en el proceso, el que es transgredido cuando la norma concede a una parte libertad de apelar sin límite alguno, mientras que a la otra se le impone una obligación económica que en muchos casos puede llegar a ser determinante de su suerte en juicio. Con la adecuación lógica, corresponde tener presente lo expresado por el referido ex miembro de la Corporación, en la discordia aludida: “Y la comparación, por consecuencia, no debe hacerse en la categoría ‘inquilino cuyo desalojo tiene plazo de 15 días’, sino en la categoría ‘parte en un proceso de desalojo con plazo de quince días’; o dicho de otro modo en la categoría ‘sujetos procesales de un determinado juicio’. Desde esa óptica y como los sujetos procesales deben ser tratados igualmente, sin perjuicio de las necesarias diferencias que derivan de su peculiar posición procesal (actor demandado), la disímil solución que consagra el art. 36 del D. L. No. 14.219 colide con el tantas veces citado precepto constitucional que consagra el principio de la igualdad (cf. Gelsi en R.U.D.P., Año 1984, No. 2, p. 275-277), (sentencia No. 137/2010).

Los argumentos referidos se tornan aún más contundentes en el caso de autos en el que la distinción se efectúa entre sujetos que se encuentran en idéntica posición: las partes en un proceso de una cuantía inferior a determinada suma de dinero.

La distinción con base en la mera ubicación geográfica de los juzgados inter-vinientes no parece un criterio razonable para justificar el desigual tratamiento legal.

IV) El contenido de este fallo obsta a imponer especiales condenaciones en gastos causídicos (artículos 523 del C.G.P. y 688 del Código Civil).

V) Por tales fundamentos, la Suprema Corte de Justicia,

FALLA:
Declárase que el artículo 73 numeral segundo, literal “b”, de la Ley 15.750 es in-constitucional y, por ende, inaplicable en el caso de autos.

Comuníquese lo aquí resuelto al Poder Legislativo y devuélvase.