Las situaciones jurídicas procesales de carga y deber

Se entiende por situación jurídica procesal, en un concepto que vincula otras categorías del proceso, la posición de un sujeto del proceso respecto de una norma procesal que lo comprende. 

La carga más que el imperativo (término que se puede confundir con la idea de deber), es la necesidad (establecida por las normas procesales, conforme la definición dada) de que para proteger el interés propio (el beneficiario es el propio sujeto), el sujeto determine su conducta en cierto sentido.

Se hace referencia a la necesidad, aunque también se ha destacado a la libertad del sujeto, siendo que la cuestión hace -desde la perspectiva de la clasificación de las situaciones jurídicas- a su carácter de situación activa (Michelli, Devis Echandía, Barrios De Ángelis -en el año 1948- etc., el sujeto se encuentra en situación de libertad o de supremacía frente a otro), pasiva (Carnelutti, Couture, Goldschmidt, Barrios De Ángelis -cambiando su posición inicial en lo que consideró un error fructífero-, etc., el sujeto se encuentra en posición necesidad o de subordinación) o mixta o neutra (Rosenberg, no predomina ni uno ni otro aspecto).

El sujeto no necesariamente debe cumplir o hacer (o no) el acto (aquí la esfera de libertad, de optar entre cumplir o no con la conducta), lo hará si no quiere perjudicar procesalmente su propio interés. Ese es el mecanismo piscológico bajo el cual -con gran ingeniosidad- opera la carga en toda la dinámica del proceso (en ese sentido, se lo ha considerado como un mecanismo típico del liberalismo procesal, por medio del cual la parte es la única responsable de su suerte procesal: queda libre para modificar con su propia actividad o para dejar invariada, en mérito a la propia inercia, su situación jurídica en el proceso).

Se habla del propio interés y no del interés ajeno, ya que con la conducta (por ejemplo: comparecer, contestar la demanda, probar, alegar, impugnar, etc.) se favorece su interés y no el de otro, como sucede con la obligación o el deber. Por eso mismo no existiría una sanción que conmine al sujeto como consecuencia de su incumplimiento, ya que implica una desventaja para el mismo y no para otro sujeto. Aquí se aprecia su vinculación con el principio dispositivo, a través del cual se confía la actividad procesal al interés de las partes (para que las partes cooperen en la realización de la función jurisdiccional, constituye un estímulo para la actividad de las partes). La norma procesal pone a cargo de determinados sujetos las consecuencias de su inercia, acción tardía o acción infundada.

Es, pues, un concepto fundamentalísimo del Derecho procesal. Se podría decir que ocupa en el proceso el lugar de privilegio que tienen las obligaciones en el Derecho privado.

Todo esto, a su vez, se relaciona con el concepto de preclusión, como pérdida de “derechos” procesales por falta de iniciativa. Todo el ordenamiento procesal, para asegurar el desarrollo o desenvolvimiento normal del proceso, establece límites (aunque, en puridad, la preclusión opera por la falta de iniciativa se produce irremediablemente, sea voluntaria o involuntaria).

En el plano de las consecuencias, si el sujeto no actúa (porque ello es lo que mejor se acomoda a su interés en el proceso), nadie podrá imponerle coactiva o forzadamente la conducta.

A diferencia del deber, en la carga no se aplicarían sanciones ante el incumplimiento, sin embargo, las consecuencias podrían ser muy perjudiciales o extremadamente gravosas, al punto tal que se podría dificultar distinguir la carga del deber.

Se piensa, por ejemplo, en lo dispuesto para la contestación de la demanda en los arts. 130.2 y 339 del CGP, o en la comparecencia a la audiencia preliminar, según lo previsto en el art. 340 del CGP (diferente es la situación en otros procesos, como el laboral -arts. 14 y 22 de la Ley de Procesos Laborales-, en donde la carga de comparecer no tiene las consecuencias perjudiciales del CGP, que además se pueden considerar contrarias a la efectividad de los derechos sustanciales). Tanto en el art. 130.2 como en el art. 340.1 del CGP se hace referencia a lo que "deben" hacer las partes. Aquí nos podemos preguntar: se equivocaron -desde el punto de vista terminológico- los codificadores y quienes han modificado el Código patrio?

En ese sentido, agradezco a dos amigos docentes de Derecho procesal, Santiago González Miragaya, con quien estuvimos intercambiando acerca de la cuestión de grado del perjuicio al analizar la línea, que en ocasiones parecería ser muy delgada, que se dice separa desde el punto de vista de las consecuencias jurídicas la carga del deber; y a Rafael Cabrera Orcoyen, quien generosamente también me expresara sus ideas sobre algunas dificultades de distinguir la línea que separa la carga del deber, exponiéndome su meditada posición respecto de lo controvertido del punto: estaríamos ante un enunciado instrumental que determina la suerte de un derecho sustancial por un no acto (por ejemplo, no comparecer). Desde una perspectiva axiológica, se podría decir que el legislador sí determinó una sanción específica, y que ella es tan gravosa o elevada que dejaría muy disminuido el libre albedrío del sujeto. Esto terminaría asemejando estas situaciones más al deber que a la carga. El punto, sin duda, es opinable y se presta para la reflexión. Se trata de breves, pero fructíferos, intercambios con colegas, a quienes espero no haber defraudado con lo que aquí se ha interpretado de sus ideas. 

En la carga, se atiende al interés del propio sujeto, también como beneficiario (beneficio propio), sin embargo, en esta situación jurídica, tan vinculada al Derecho procesal moderno, el interés de la comunidad, el interés público que también se encuentra en el proceso, no se puede decir que desaparezca (el punto se relaciona con la historia del Derecho procesal, el devenir de lo privado a lo público y las características del proceso).

Por su parte, el deber conlleva claramente la necesidad (nuevamente, establecida por las normas procesales) de que el sujeto determine en cierto sentido su propia conducta (como en la carga), no la conducta ajena (como en el caso del poder), para proteger el interés general de la comunidad (no del propio beneficiario que, como se expresara, parece ser el caso de la carga, ni de otra persona, como un acreedor, aspecto que se encuentra en la obligación). En el deber se puede imponer forzadamente la realización de la conducta esperada.

Brevemente, como ejemplos de deber, podemos señalar la situación jurídica procesal en la que se encuentra el testigo que debe comparecer ante el tribunal, debe declarar y debe decir la verdad (CGP, arts. 156, 160, 164, Código Penal, arts. 180 a 183 -falso testimonio y falsa exposición de peritos o intérpretes-); deber de colaboración de terceros para la realización de inspecciones, reconstrucciones y pericias, diligenciamiento de prueba por informes (CGP, arts. 189 y 191).


Importante: el presente análisis parte de algunas consideraciones efectuadas en el curso de Derecho Procesal I del 1er semestre del año 2018, y es tan sólo una introducción a ideas y conceptos teóricos que han sido ampliamente estudiados por la dogmática procesal a nivel vernáculo y comparado, y también, por supuesto, desde el punto de vista general, por estudiosos de otras disciplinas. Por esa razón, no se pretende agotar la temática de la carga y del deber, lo que sería una tarea imposible. En esta ocasión se omiten notas, citas y referencias bibliográficas puntuales, destacándose lo consultado en la siguiente bibliografía, sin perjuicio -se reitera- de otras muchas obras de gran relevancia.

ABAL OLIÚ, Alejandro, Derecho Procesal, Tomo II, quinta edición, FCU, Montevideo, 2016, pp. 221-272.
ARLAS, José A., “Situaciones jurídicas procesales”, Revista Uruguaya de Derecho Procesal, 1/1978, FCU, Montevideo, pp. 26-35.
CALAMANDREI, Piero, Estudios sobre el proceso civil, Tomo III, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1986. 
COUTURE, Eduardo J., Fundamentos del derecho procesal civil, tercera edición (póstuma), Depalma, Buenos Aires, 1997.
BARRIOS DE ANGELIS, Dante, Teoría del proceso, segunda edición, BdeF, Montevideo-Buenos Aires, pp. 115-137.
- El proceso civil, Idea, Montevideo, 1989.
- El proceso civil, segundo volumen, Idea, Montevideo, 1990.
- “Las situaciones jurídicas y la prueba”, Revista Uruguaya de Derecho Procesal, 4/2001, FCU, Montevideo, pp. 403-408.
- "Acción, excepción y jurisdicción", Revista Uruguaya de Derecho Procesal, 1/1999, FCU, Montevideo, pp. 21-30.
“Las situaciones jurídicas”, Revista Uruguaya de Derecho Procesal, 1/1998, FCU, Montevideo, pp. 31-38.
LANDONI SOSA, Ángel (Director) et aliiCódigo General del Proceso de la República Oriental del Uruguay. Comentado, con doctrina y jurisprudencia, Volúmenes 1, 2A, 2B, 3A y 3B, BdeF, Montevideo-Buenos Aires.
TARIGO, Enrique E., Lecciones de Derecho Procesal Civil, Tomo I, octava edición, FCU, Montevideo, 2016, pp. 77-84.
VALENTIN Gabriel, Principio de congruencia y regla iura novit curia, FCU, Montevideo, 2013, pp. 17-42. 
VESCOVI, Enrique (Director) et alii, Código General del Proceso. Comentado, anotado y concordado, Tomos 1 a 6, Ábaco, Montevideo-Buenos Aires.

La capacidad en el proceso. Generalidades

Las personas no sólo son titulares de los derechos, sino que también los pueden ejercer o hacer valer, disponiendo de ellos de forma efectiva, compareciendo en el proceso (CGP, arts. 1, 11, 14, etc.).[1]
Como es sabido, la regulación de la capacidad proviene básicamente del Derecho sustancial, pero también se aprecian previsiones de orden procesal (ya que se trata de un presupuesto procesal, que puede ser incluso relevado de oficio por el Juez)[2], y normalmente varía en función del Derecho positivo que se está examinando.
 Se estará a lo que dispongan las normas sustanciales de fuente nacional e internacional, pues –en principio- no tienen que formar parte de un Código procesal aquellos aspectos de la regulación que hacen a los conceptos y efectos generales de la capacidad de las personas.
Sin perjuicio de ello, en el Derecho comparado se pueden encontrar regulaciones más detalladas del punto (las que se podrán compartir o no). Es el caso del CGP colombiano (Ley 1564 de 2012, art. 53) o de la Ley de Enjuiciamiento Civil española 1/2000 (art. 6, en su redacción modificada). El primero de los citados cuerpos normativos prevé que podrán ser parte en un proceso las personas naturales y jurídicas, los patrimonios autónomos y el concebido para la defensa de sus derechos, así como los demás que determine la ley. La ley española dispone, en tanto, que podrán ser parte en los procesos ante los tribunales civiles las personas físicas; el concebido no nacido para todos los efectos que le sean favorables; las personas jurídicas; las masas patrimoniales o los patrimonios separados que carezcan transitoriamente de titular o cuyo titular haya sido privado de sus facultades de disposición y administración; las entidades sin personalidad jurídica a las que la ley reconozca capacidad para ser parte; el Ministerio Fiscal respecto de los procesos en que, conforme a la ley, haya de intervenir como parte; los grupos de consumidores o usuarios afectados por un hecho dañoso cuando los individuos que lo compongan estén determinados o sean fácilmente determinables (para demandar en juicio será necesario que el grupo se constituya con la mayoría de los afectados); las entidades habilitadas conforme a la normativa comunitaria europea para el ejercicio de la acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios.
Respecto de las normas de origen internacional, se deben tener presente, a título ilustrativo, por el eventual impacto que pueden tener en la regulación de la actuación de niños y adolescentes en el proceso, los Tratados o Convenciones internacionales relativos a la tutela y protección de los mismos.
Finalmente, en Uruguay, la cuestión también se encuentra regulada en el CGP (arts. 32, 33, 34, 133, sin perjuicio de otras disposiciones concordantes o complementarias).
Según enseña Varela-Méndez, la capacidad procesal o para estar en juicio importa un conocimiento de los propios actos o negocios, la capacidad para discurrir y resolver.[3]
Abal Oliú, por su parte, distingue entre la capacidad del sujeto para que se le puedan imputar los efectos de los actos procesales, de la capacidad del sujeto para poder realizar los actos procesales (capacidad procesal). En ambos casos, se hace mención a ciertas circunstancias intrínsecas que hacen a la persona en cuestión (diferenciando estas situaciones de los casos de legitimación, que hacen a aspectos o circunstancias extrínsecas de las personas). [4]



[1] Entre otros, LANDONI SOSA, A. (Director), GARDERES, S., GOMES, F., GONZÁLEZ, M. E., VALENTÍN, G., Código General del Proceso. Comentado, con doctrina y jurisprudencia, Volumen I, Montevideo, BdeF, 2002, p. 84.
[2] Cfr., VESCOVI, E. (Director), DE HEGEDUS, M., KLETT, S., LANDEIRA, R., SIMÓN, L. M., PEREIRA CAMPOS, S., Código General del Proceso. Comentado, anotado y concordado, Tomo 2, Montevideo, Ábaco, 1993, pp. 36-40.
[3] VARELA-MÉNDEZ, E. J., “Partes. Generalidades. Postulación”, en AA.VV., Curso sobre el Código General del Proceso, Tomo I, Montevideo, FCU, 1989, p. 60.
[4] ABAL OLIÚ, A., Derecho procesal, Tomo I, Montevideo, FCU, 2013, pp. 210-219. 

Guía de buenas prácticas para el acceso de los medios de comunicación a las audiencias penales. La realización de retratos o ilustraciones en los juicios


No obstante, se destaca lo dispuesto para el caso específico de la audiencia de formalización, la que probablemente sea la primer audiencia del proceso penal regido por el nuevo Código del Proceso Penal: "...los representantes de los medios de comunicación social podrán estar presentes en la misma, pero cesará toda actividad de registro de imágenes fijas, video o audio una vez que el imputado ingrese a sala y por todo el tiempo que permanezca en ella, admitiéndose únicamente el uso de los artículos necesarios para tomar nota de lo acontecido."



Finalmente, un punto que no ha sido expresamente contemplado en la "guía" es el de la posibilidad de ingresar a las audiencias para realizar ilustraciones o retratos de los sujetos que de algún modo u otro intervienen en las mismas. La realización de dibujos o retratos en las salas de audiencias suele verse en las películas, en las noticias, en los periódicos, etc. (véase, El Mundo, "Los retratistas de la verdad", de 20 de octubre de 2010 o a modo de ejemplo más actual de la utilidad de las ilustraciones, ante la prohibición de registrar imágenes, ver El Mundo, de 28 de noviembre de 2017, respecto del juicio conocido en España como "La manada").

Como se ha dicho, en la audiencia de formalización del proceso penal uruguayo, una vez que el imputado ingrese a sala, únicamente se admitiría el uso de los artículos necesarios para tomar nota de lo acontecido, pero nada se dice si al mismo tiempo se podría realizar una ilustración o caricaturización del imputado.

Considero que la realización de ilustraciones no se encuentra prohibida, salvo que el Tribunal expresamente disponga lo contrario, en función de lo establecido en el art. 135 del nuevo CPP, que busca proteger el Derecho al honor, la privacidad, la intimidad, de todos los intervinientes en el proceso (por supuesto, también los derechos fundamentales del imputado, quien se encuentra amparado por el estado de inocencia).

El Tribunal -más allá de la "guía" adoptada por el Poder Judicial (que sugiere líneas de acción)-, es quien tiene la última palabra en la sala de audiencias. Es el Tribunal quien puede llegar a disponer la reserva externa de la audiencia, por lo que parece razonable que pueda adoptar también medidas no tan extremas, limitadas por ejemplo a la no realización de ilustraciones o retratos (unida obviamente al no registro de imágenes). Esa no realización de retratos o ilustraciones puede comprender tanto al imputado, como a los otros sujetos que intervengan en el proceso penal.

Para terminar la presente reseña, cabe citar lo dispuesto en el art. 135 del nCPP: "(Publicidad). Las audiencias que se celebren una vez concluida la investigación preliminar serán públicas, salvo que el tribunal decida lo contrario por alguno de los siguientes motivos: a) por consideraciones de orden moral, de orden público o de seguridad; b) cuando medien razones especiales para preservar la privacidad y/o dignidad de las personas intervinientes en el proceso; c) cuando por las circunstancias especiales del caso, la publicidad de la audiencia pudiere perjudicar a los intereses de la justicia o comprometer un secreto protegido por la ley. Contra la decisión del tribunal solo cabrá el recurso de reposición."