Reseña de la primera edición del Curso de profundización en Derecho procesal (Barcelona-2018)

Entre los días 8 y 12 de octubre de 2018 tuvo lugar, en la Universitat Pompeu Fabra de la ciudad de Barcelona, la primera edición del curso de profundización en Derecho procesal, auspiciado por la referida Universidad, el Instituto Iberoamericano de Derecho procesal y la Fundación privada Manuel Serra Domínguez.

El equipo de destacados docentes que intervino en el evento estuvo compuesto por los profesores Lorenzo Bujosa Vadell, Carina Gómez Fröde, Luiz Guilherme Marinoni, Santiago Pereira Campos, Joan Picó i Junoy, Manuel Cachón Cadenas, Paulo Henrique dos Santos Lucon, Eduardo Oteiza, Vicente Pérez Daudí y José Pedro Silva.

Por su parte, el alumnado se integró con los docentes de Derecho procesal Federico Bueno de Mata, Christian Bernal Porras, Mónica Bustamante Rúa, Jordi Delgado Castro, Daniel Roberto Hertel, Luis Alberto Hierro, Nuria Mallandrich, Ornela Piccinelli, Larissa Pochmann da Silva, William Pugliese, Luis Patricio Ríos Muñoz, Ronald Sanabria, Ignacio M. Soba Bracesco, Martín Sotero Garzón y María Carlota Ucín. 

Los docentes seleccionados por los organizadores para participar del evento provinieron de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, España, México, Perú y Uruguay. Vale destacar los lazos y los afectuosos vínculos generados en todas las actividades del curso (desarrolladas en su fase académica a través de jornadas intensivas), en las que se propició la participación de los colegas, a partir de dinámicas de trabajo, discusión y debate muy interesantes.

El primer día, luego de las palabras de bienvenida, la presentación dedicada al Prof. Manuel Serra Domínguez y las palabras del Prof. Manuel Cachón Cadenas, se discutió acerca de garantías del proceso, en módulos a cargo de los profesores Joan Picó i Junoy y Eduardo Oteiza. 

El módulo de garantías procesales incluyó el análisis y la reflexión acerca de diversos instrumentos internacionales y normas constitucionales, debatiéndose acerca del alcance de dichas garantías y su interpretación original y evolutiva. Se puso énfasis en los problemas que se pueden generar por el eventual conflicto entre garantías (por ejemplo, en materia de recursos y de ejecución provisional). Posteriormente, la jornada culminó con referencias al complejo tema de la independencia judicial, como una cuestión de gran actualidad para toda Iberoamérica, esencial para la correcta administración de justicia, el acceso a la misma y la tutela efectiva de derechos.  

En el segundo día de actividades, el módulo de procesos colectivos a cargo de los profesores Lorenzo Bujosa y Santiago Pereira Campos, incluyó múltiples consideraciones y reflexiones acerca de la evolución de estos litigios en el panorama comparado, así como el análisis -a partir de textos y pronunciamientos jurisdiccionales relevantes- de los conceptos y categorías de intereses y/o derechos colectivos, difusos e individuales homogéneos, los acuerdos colectivos, las notificaciones, los modelos de opt out vs. opt in, la cosa juzgada, la ejecución, etc.

El tercer día versó sobre variados temas probatorios, estando al frente del módulo los profesores Paulo H. Lucon y Carina Gómez Fröde. Se analizaron las innovaciones en la regulación del Código de Procedimiento Civil de Brasil (2015) contempladas, por ejemplo, en su art. 371 y se realizaron diversos comentarios acerca de las figuras del perito, experto y/o asesor de la parte, con referencias a los diversos ordenamientos jurídicos de dentro y fuera de Iberoamérica. 

Asimismo, se estudió la producción anticipada de prueba, la prueba testimonial y la percepción de los testigos (con interesantes referencias a la literatura y el cine), la prueba electrónica, la motivación en materia probatoria, el estándar probatorio, la inteligencia artificial, el caso Daubert y otros muchos temas más.

El cuarto día del curso comenzó con la exposición a cargo del Prof. Vicente Pérez Daudí, quien fomentó la reflexión sobre la dimensión temporal del proceso a partir de datos estadísticos, así como sobre diversos aspectos de interés en materia de medidas cautelares; destacándose temas tales como la evolución de la normativa española y de la Unión Europea, así como el estudio de su regulación actual (a modo ilustrativo, arts. 721 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, Reglamento de la UE N° 1215/2015). 

La discusión refirió, también, a los elementos y características esenciales de lo cautelar, su instrumentalidad, el arbitraje y la cuestión cautelar, la problemática actual de desalojos y desocupaciones, la suspensión del proceso, el objeto de conocimiento del proceso principal y del accesorio, otras formas de tutela, etc. 

Posteriormente, pero también en el cuarto día, el Prof. José Pedro Silva desarrolló el tema de ejecución. Se analizaron los problemas prácticos que se enfrentan habitualmente en las ejecuciones, así como posibles soluciones para los mismos. 

Se discutió, por ejemplo, acerca de la naturaleza jurisdiccional de la ejecución y, en particular, de algunas de sus etapas. A partir de la reseña de datos estadísticos y de la multiplicidad de regulaciones de derecho comparado, se expuso y se reflexionó sobre la conveniencia y/o necesidad de reformas a la legislación de los distintos sistemas procesales. También se analizó la problemática de la falta de transparencia patrimonial y los instrumentos que se pueden utilizar para lograr mayor eficiencia en la materia.

Por último, en el quinto día del curso, el Prof. Luiz G. Marinoni expuso acerca de aspectos históricos del proceso, partiendo de la matriz liberal clásica presente en Chiovenda y la evolución de las doctrinas y de las tutelas, con énfasis en el derecho de acción y en el diseño de técnicas idóneas para la protección de los derechos materiales o sustanciales. 

El curso terminó con una emotiva disertación del Prof. Manuel Cachón Cadenas sobre los antecedentes, la historia del Derecho procesal en España y sus profundos vínculos con Latinoamérica, destacándose allí la referencia a varios procesalistas, como ser, entre otros, a Francisco Beceña, Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, Santiago Sentís Melendo, Eduardo J. Couture.

Quién designa a los peritos en el proceso penal uruguayo?

A continuación, esperamos, con los argumentos que se expondrán, contribuir a la reflexión de un tema de sumo interés práctico. La pregunta podría admitir, al menos, dos respuestas. La primera de esas respuestas posibles es que a los expertos los designan las partes y/o la víctima; la segunda, por la que me inclino, que a los expertos los designan los jueces (debiéndose luego determinar si esa designación requiere, en todos los casos, la previa solicitud, o si en algún supuesto se le ha asignado al juez la iniciativa de oficio como para hacerlo).

Seguidamente consignaré los argumentos por los que, según entiendo, en el proceso penal uruguayo a los peritos los deben designar los jueces (en principio, a solicitud de las partes o de la víctima): 

i.- El CPP refiere, directa o indirectamente, a la designación judicial de peritos en diversas disposiciones. A saber: el art. 66.4 establece que, si el imputado no conoce el idioma español o si es sordo, mudo o sordomudo, “…el juez dispondrá en tales casos la utilización de peritos intérpretes reconocidos…”; el art. 180.2 señala que si en la preparación del caso la defensa necesitare el auxilio de expertos de los organismos mencionados en el numeral precedente, podrá solicitar al fiscal “…o al tribunal según la etapa procesal, que ordene la actuación de estos y eventualmente, presentarlos como peritos en la audiencia de prueba.”; el art. 181, relativo a los honorarios de los peritos, dispone que los peritos “…designados a solicitud de las partes…” tendrán derecho a cobrar honorarios salvo que actúen como funcionarios públicos en cumplimiento de su función, y que si “…la designación fuera efectuada a solicitud del Ministerio Público o de la defensa pública…” los honorarios serán de cargo del Estado a través del órgano jerarca del solicitante; arts. 213 y 214, relativos a la designación de peritos como prueba anticipada.

ii.- No se ha previsto a texto expreso la pericia de parte como sí se ha hecho, en cambio, en la Ley N° 19.246, de 15 de agosto de 2014, en lo relativo al régimen de “peritajes privados” y peritos navales.

iii.- La pericia de parte tampoco es aceptada, de regla, en el proceso civil uruguayo. Esto surge de lo dispuesto en los arts. 177 y ss. del CGP, y ha sido recogido por la jurisprudencia vernácula, que la considera como un acto de alegación de parte. Esto también podría tener relevancia desde el punto de vista de la interpretación e integración (art. 14 del CPP), a pesar de la derogación de la remisión al CGP que se hacía en el art. 179 del CPP (derogado por el art. 36 de la Ley N° 19.549 de 25 de octubre de 2017). 

iv.- La imparcialidad, a la que refiere el art. 178.2 del CPP, no es únicamente una imparcialidad científica o técnica, sino también una imparcialidad de tipo jurídico. El perito de parte es un experto contratado por una de las partes, que carece, en ese sentido, de la imparcialidad jurídica correspondiente. La información experta que introduce al proceso el experto o asesor de la parte tiene como objetivo defender la hipótesis de la parte que lo ofrece, de lo contrario simplemente no sería presentado.

v.- Lo previsto en la Ley N° 19.574, de 20 de diciembre de 2017 (Ley integral contra el lavado de activos), la que contiene dos soluciones normativas que van en línea con lo aquí expresado. Concretamente me refiero al art. 10: “(Obligación de brindar asesoramiento).- Todos los organismos del Estado, así como las personas de derecho público no estatal y las sociedades anónimas en las que participa el Estado, se encuentran obligados a brindar el asesoramiento que requieran los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Penal especializados en Crimen Organizado, en las causas de su competencia, a través del aporte de personal especializado que actuará como auxiliar de la justicia.”; y al art. 11: “(Obligación de colaborar).- Las entidades públicas, cualquiera sea su naturaleza jurídica, están obligadas a brindar información, asesoramiento y colaboración en los aspectos y de la forma en que lo requieran los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Penal especializados en Crimen Organizado por sí o a solicitud del Ministerio Público, a efectos de mejor instruir las causas de su competencia.”.

vi.- La admisión de las diligencias para mejor proveer (art. 271.8 del CPP), las que son dispuestas por el tribunal.

vii.- Por último, desde el punto de vista práctico, resulta relevante recordar que la audiencia de juicio deberá tener lugar no antes de diez días ni después de tres meses desde la notificación del auto de apertura del juicio oral (art. 269 del CPP). Se entiende que para estos casos en los que se designa perito judicialmente, el plazo de 3 meses para la realización de la pericia es razonable (obviamente, deberá procurarse que los peritos acepten el encargo lo antes posible). 


Ley N° 19.653, nuevas modificaciones al CPP (incluye novedades en materia de prisión preventiva)

Se promulgó, el día 17 de agosto de 2018, la Ley N° 19.653 (se facilita enlace a sitio web de Presidencia de la República), que introduce, básicamente, nuevas modificaciones al Código del Proceso Penal, aunque no exclusivamente (también incorpora un inciso al art. 514 del CGP, vinculado al mantenimiento de las medidas cautelares adoptadas en casos en los que se plantea la remisión de expedientes a la Suprema Corte de Justicia, para tramitar el proceso de declaración de inconstitucionalidad de las leyes, y se crea una Comisión para el seguimiento de la implementación del nuevo sistema procesal penal).

Entre las modificaciones al CPP se destacan, obviamente por sobre el resto, las relativas a la prisión preventiva. A modo de ejemplo, la nueva redacción del art. 223 del CPP elimina la anterior referencia a que la prisión preventiva en ningún caso sería preceptiva.

A su vez, en la nueva redacción del art. 224.2 del CPP se prevé una presunción (simple o relativa) respecto del riesgo de fuga, el ocultamiento, el entorpecimiento de la investigación, el riesgo para la sociedad o para la víctima, cuando el Ministerio Público imputare ciertos delitos.

La utilización de presunciones en contra del imputado que podrían ir en sentido contrario a la presunción, principio, o estado de inocencia, plantea algunas dudas acerca de la solución adoptada a nivel legal. Lo mismo respecto de la prisión preventiva, cuando la misma adquiere características de pena anticipada o medida provisional.

Por último, resulta también muy relevante, desde el punto de vista de la afectación del paradigma acusatorio en el que se inserta el Código, la consagración de las diligencias para mejor proveer (ahora, art. 271.8 del CPP).

Diez años de la sección de Legislación procesal (2007-2017), Revista Uruguaya de Derecho Procesal)


* La sección de Legislación Procesal de la Revista Uruguaya de Derecho Procesal se encuentra a cargo, desde el año 2007, de los Dres. SANTIAGO GONZÁLEZ MIRAGAYA e IGNACIO M. SOBA BRACESCO. A continuación, la introducción al artículo publicado en la Revista Uruguaya de Derecho Procesal, 1/2017, FCU, Montevideo, 2018, pp. 149-156.

Previo avanzar en estas breves palabras introductorias, consideramos pertinente agradecer a todos quienes sacan adelante la Revista Uruguaya de Derecho Procesal, así como al Prof. Ángel Landoni Sosa quien, con su oportuna invitación, nos sirvió de impulso para concretar la iniciativa.[1]

La reseña de legislación implica una periódica y constante labor de relevamiento, sistematización y comentario de las novedades de interés procesal. La tarea no es para nada sencilla, ya que dichas novedades no cesan, y la necesidad de estar actualizados se mantiene siempre firme.

Hemos relevado diez años de legislación procesal (tanto civil -en sentido amplio-, como penal), lo que no es un período de escasa significación, a poco que se piensa -por ejemplo- que cuando comenzamos, el Código General del Proceso (Ley N° 15.982, de 18/10/1988)[2] no llegaba a los veinte años de existencia. Hoy en día, cuando ya estamos próximos a celebrar los treinta años del CGP, resulta imprescindible seguir conociendo el cúmulo disperso de legislación procesal.

En materia procesal penal, por su parte, empezamos comentando lo que en su momento eran algunos cambios que se le hacían al Decreto Ley N° 15.032, de 07/07/1980 (por ejemplo, art. 3 de la Ley Nº 19.196 de 25/03/2014), para pasar, en los últimos años, a la reseña de un nuevo Código Procesal Penal (Ley N° 19.293, de 19/12/2014), que ya ha sido objeto de múltiples modificaciones (algunas, incluso, significando alteraciones bastante profundas y/o novedosas respecto al sistema originalmente previsto).

Es posible destacar, a título más que ilustrativo, algunos de las novedades que mayor atención concitaron durante estos años: Ley N° 18.125, de 27/04/2007 (ejecución de ciertos créditos con garantía hipotecaria); Ley N° 18.172 (véase, arts. 341 y 342, entre otros, con sus modificaciones a la competencia en materia de conflictos individuales de trabajo en los que es parte la Administración y cambios en materia de casación); Ley Nº 18.212, de 05/12/2007 (arts. 20, 21, 23 y 26, entre otros, sobre ciertos aspectos procesales de la usura); Ley N° 18.331, de 11/08/2008 (protección de datos personales o habeas data propio); Ley N° 18.381, de 17/10/2008 (acceso a la información pública o habeas data impropio); Ley N° 18.387, de 23/10/2008 (sobre procesos concursales); Ley N° 18.507, de 26/06/2009 (proceso vinculado a reclamaciones originadas en relaciones de consumo, hasta 100 UR); Ley N° 18.572, de 13/09/2009 (Ley de procesos laborales y su modificativa Ley N° 18.847, de 25/11/2011); Ley N° 19.090, de 14/06/2013 (modificaciones al Código General del Proceso); Ley N° 19.293, de 19/12/2014 (Código Procesal Penal, así como el numeroso elenco de sus modificativas), entre muchísimas otras.

Para terminar, una breve reflexión recurriendo a Díez-Picazo, el magistrado y profesor español indicaba, citando a Ripert, que el derecho avanza sin precipitación.[3]

Esto es correcto en la medida que, haciendo una especie de trazabilidad normativa, muchas de las reformas legislativas reconocen antecedentes claros, expresos, en disposiciones previas, estudios doctrinarios, jurisprudencia, anteproyectos, etc.; aunque también resulta ser correcta la afirmación contraria, ya que a veces la legislación avanza con cierta precipitación, como puede ser -aunque con un vasto consenso acerca de la necesidad de su reforma- el cambio de paradigma y la ruptura con el sistema anterior del nuevo Código del Proceso Penal.

En todo caso, lo que se puede acordar fácilmente es que los cambios, las modificaciones, las sustituciones, las derogaciones, las reformas abundan.

Todo es cada vez más complejo, apartándose de esa simplicidad que -según Taruffo- debe exigirse al sistema procesal (lo que, por supuesto compartimos, ya que ello es vital para lograr una tutela jurisdiccional efectiva).[4]

Algunos podrían hablar, incluso, de una hiperinflación legislativa, que por momentos trastoca aspectos que hacen a la coherencia, consistencia y racionalidad de las disposiciones normativas. Nuestro aporte radica, en ese sentido, en tratar de lograr acercar el conocimiento de las novedades procesales a los operadores, contribuyendo a hacer más asequible el extenso panorama de los textos normativos de interés procesal.

En definitiva, procuramos estar alertas a los nuevos problemas o nuevas respuestas que ofrece el Derecho, a los nuevos desafíos procesales, muchas veces atípicos o que importan quiebres o rupturas respecto de regímenes anteriores, pero que, igualmente, pasan a formar parte del contexto procesal de referencia para el trabajo cotidiano de los profesionales de las distintas áreas jurídicas.




[1] La primera entrega de Legislación procesal (correspondiente a enero-marzo de 2007) se publicó en: Revista Uruguaya de Derecho Procesal, Nº 3/2006, Montevideo, FCU, pp. 561-567.
[2] Vigente a partir del 20/11/1989 (art. 547 del CGP, en redacción dada por el art. 1 de la Ley N° 16.053 de 20/07/1989).
[3] A partir de su análisis de la evolución de las “fuentes” del Derecho, Díez-Picazo decía ubicarse, al dar cuenta de la realidad del cambio, en un punto equidistante entre los -por él llamados- neopatas o neolatras, neologismos que sirven para identificar a quienes se muestran siempre encantados de los cambios, pues lo que le gustan son los cambios por si mismos- y los conservadores. Cfr., Díez-Picazo, L., “Los problemas de las fuentes del Derecho en el Derecho privado”, conferencia dictada el 5 de noviembre de 1996 en la Fundación Juan March: [consultado el 16/12/2016].
[4]  Taruffo, M., “Racionalidad y crisis de la ley procesal”, en Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, Nº 22, 1999, pp. 311 y 312, [consultado el 03/04/2018].

Título ejecutivo en la Ley integral contra el lavado de activos

A través del enlace proporcionado a continuación, se facilita el acceso a la entrevista que me fuera realizada por el Dr. Rafael García en el marco de la sección "conversaciones" de su Blog sobre prevención del lavado de activos en Uruguay.

La referida entrevista versó sobre el art. 4 de la Ley N° 19.574 (Ley integral contra el lavado de activos), de 20 de diciembre de 2017, el cual prevé en lo pertinente, lo siguiente: “(Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo).- La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, como órgano desconcentrado dependiente directamente de la Presidencia de la República, diseñará las líneas generales de acción para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. 
La misma actuará con autonomía técnica, y tendrá los siguientes cometidos: (…) 
H) Ejecutar las sanciones pecuniarias que imponga mediante resolución.
La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo tendrá acción ejecutiva para el cobro de los créditos que resulten a su favor según las resoluciones definitivas mediante las cuales se impongan sanciones pecuniarias. A tal efecto, constituirán títulos ejecutivos los testimonios de las mismas.
Solo serán admisibles las excepciones de inhabilidad del título, falta de legitimación pasiva, extinción de la deuda, espera concedida con anterioridad al embargo y las previstas en el artículo 133 de Código General del Proceso.
Se podrá oponer la excepción de inhabilidad cuando el título no reúna los requisitos formales exigidos por la ley o existan discordancias entre él y los antecedentes administrativos en que se fundamente, y la excepción de falta de legitimación pasiva cuando la persona jurídica o física contra la cual se dictó la resolución que se ejecuta sea distinta del demandado en el juicio.”