Inexistencia de título ejecutivo tributario. Falta de presupuesto procesal y/o inhabilidad de título

Los graves defectos en los procedimientos administrativos que sirven de antecedente a las resoluciones administrativas que por disposición legal pueden constituir título ejecutivo tributario determinan, en algunos casos, que no se cuente con un título ejecutivo por la falta de resolución firme. 
La ausencia de título ejecutivo (CGP, arts. 353 y 362; CT, arts. 91 y 92), determina que falte un presupuesto procesal esencial del proceso ejecutivo en general, y del tributario, en particular. Cuando el órgano judicial no lo analiza ni detecta en su providencia inicial, esto lleva necesariamente -según entiendo- a que se deba revocar la resolución y clausurar el proceso. 
Una situación peculiar, y que atenta gravemente contra las garantías,  se plantea cuando la administración tributaria no ha procedido a realizar la notificación de la resolución que determine el adeudo conforme a derecho (en ciertos casos, la administración tampoco notifica debidamente la vista previa al dictado del acto, lo que agrava la situación desde el punto de vista del futuro demandado en el proceso ejecutivo). Sobre el punto, y en similar sentido, PATRITTI ISASI, M., "La notificación como requisito de eficacia del acto administrativo, la firmeza y la procedencia  de la excepción de inhabilidad de título en el juicio ejecutivo. Nota de Jurisprudencia" (trabajo aún inédito)
Es más, en diálogo con PATRITTI ISASI, hemos valorado que el tema del examen de la regularidad jurídica del acto por ausencia de vista por parte del Poder Judicial en el marco de un proceso ejecutivo tributario es plenamente posible, admitiendo -como lo hacemos- un enfoque amplio del concepto de inhabilidad de título que permite el examen de legalidad o regularidad del acto a efectos de su eventual desaplicación. En esa sistuación, el administrado puede oponer la excepción fundado en ese punto (sin perjuicio de su pretensión anulatoria ante el TCA).
En esos casos, las claras irregularidades administrativas repercuten en el proceso ejecutivo tramitado ante el Poder Judicial, pues o bien no hay título ejecutivo, en mérito a que no hay resolución firme, en tanto no existió oportunidad de presentar los correspondientes recursos administrativos, o bien el título es inhábil y claramente irregular o antijurídico. 
Vale recordar que el art. 91 del Código Tributario: “La Administración tendrá acción ejecutiva para el cobro de los créditos fiscales que resulten a su favor según sus resoluciones firmes. A tal efecto, constituirán títulos ejecutivos los testimonios de las mismas y los documentos que de acuerdo con la legislación vigente tengan esa calidad siempre que correspondan a resoluciones firmes. Son resoluciones firmes las consentidas expresa o tácitamente por el obligado y las definitivas a que se refieren los artículos 309 y 319 de la Constitución de la República.”
En la hipótesis de falta de notificación de la resolución que constituiría el título ejecutivo, no habría un acto administrativo consentido ni tampoco un acto administrativo definitivo, pues en relación al mismo no se ha podido agotar la vía administrativa (véase, SOBA BRACESCO, I. M., “Alcance de la excepción de inhabilidad de título en el proceso ejecutivo tributario”, en Revista La Ley, La Ley Uruguay, Cita Online: D2955/2010; ). 
Esa resolución que se recurre ya no sería “firme” y por tanto no reviste la condición de título ejecutivo tributario (Código Tributario, arts. 91 y 92), debiendo la Sede judicial que estuviere entendiendo en el asunto revocar lo ya dispuesto, levantar el embargo y clausurar las actuaciones (Código General del Proceso, arts. 5, 351 a 362).
Desde el punto de vista de las defensas de la parte demandada, la inexistencia de título ejecutivo por falta de resolución firme a la que se hizo mención entiendo puede ser esgrimida de manera “independiente” (como un obstáculo insalvable para el proceso o como excepción procesal). No obstante lo anterior, si ello no se aceptara, la defensa debería ser tratada como una hipótesis de inhabilidad de título perfectamente admisibile a la luz de lo dispuesto en los arts. 91 y 92 del CT, pudiendo incluso ser considerada de oficio por el tribunal, a efectos de rechazar la pretensión ejecutiva planteada por la administración tributaria. Inhabilidad de título que también procedería ante la irregularidad de la resolución que no ha sido precedida de vista previa.

¿Es válida la convención mediante la cual se invierte la carga de la prueba?


Se trata de invitar a la reflexión mediante la reiteración de la interrogante planteada en el año 1938 por Moretti[1]: ¿es válida la convención mediante la cual se invierte la carga de la prueba?
Para el profesor compatriota, dichas cláusulas o convenciones carecen de valor “…primero, porque contradicen la naturaleza de derecho público de las normas procesales; segundo, porque contravienen los fines del proceso como el legislador lo ha disciplinado; tercero, porque importan la renuncia a un derecho procesal que por su naturaleza es irrenunciable.”[2]
Agrega Moretti que es “…nula la inversión convencional de la carga de la prueba, porque la norma que distribuye el riesgo de la prueba no suministrada, es una norma procesal de derecho público, de naturaleza inderogable porque se refiere directamente a la actividad del órgano jurisdiccional al cual concede un poder de contenido determinado, sobre lo cual las partes no tienen ninguna influencia, sino en los límites y la forma establecidos por la ley.”[3]
Aunque el principio dispositivo se consagra en el art. 1 del CGP y los acuerdos de parte se desparraman a lo largo del Código y son admitidos para la realización de algunas de las actividades en el proceso, también se deben convocar para el análisis de la cuestión, los principios de legalidad (art. 18 de la Constitución de la República) y la indisponibilidad de las normas procesales (art. 16 del CGP). 
Por su parte, el art. 139 del CGP -que refiere precisamente a la carga de la prueba- no incluye ninguna referencia explícita sobre la posibilidad de alterar las reglas legales en la materia, en función de acuerdos de parte.
Además de lo anterior, se debe tener presente lo dispuesto en el art. 31 lit. E de la ley de relaciones de consumo (N° 17.250, de 11 de agosto de 2000), el cual establece que se considerarán abusivas: “…Las cláusulas que contengan cualquier precepto que imponga la carga de la prueba en perjuicio del consumidor cuando legalmente no corresponda.”.
Con relación a la modificación de la carga de la prueba a través de cláusulas contractuales, señala Szafir que: “La consideración de abusivo de todo pacto que pretenda establecer la carga de la prueba en perjuicio del consumidor cuando legalmente no le corresponde, carece de eficacia práctica ya que las normas procesales son de orden público y la ritualidad del proceso no puede depender de la voluntad de las partes consagrada en un contrato. Es por ello, que aun de no haberse previsto esta situación, la cláusula sería ineficaz si contraviene las normas distributivas de la carga probatoria consagradas en el Código Civil y en el Código General del Proceso. De la misma forma no puede pactarse la carga de la prueba contraviniendo el artículo 26 de esta ley. Es también una norma de orden público que no admite su derogación por voluntad de las partes. En consecuencia es nula la cláusula que establezca que es el consumidor quien debe acreditar la falsedad de la publicidad engañosa en la que funda su pretensión. En efecto, el artículo 26 establece que es el proveedor anunciante, quien debe demostrar la veracidad y exactitud de los datos fácticos contenidos en la comunicación publicitaria.”.[4]
A nuestro entender la norma no es del todo precisa, pues resulta abusiva la cláusula que imponga la carga de la prueba “en perjuicio del consumidor cuando legalmente no corresponda”, con lo cual habrá que determinar en cada caso qué se entiende por “perjuicio del consumidor” en materia de carga de la prueba, y analizar “cuando legalmente no corresponda”. Si la conclusión es que hay perjuicio para el consumidor por el solo hecho de imponerle la carga de la prueba en contravención con lo previsto en la ley, prácticamente nunca se podría apelar a la autonomía de la voluntad para alterar lo previsto en la norma general, salvo previsión expresa en contrario de la propia ley. Lo que la ley ha pretendido tutelar, ante la abusividad de ciertas cláusulas, es la debilidad del consumidor desde el punto de vista probatorio. Es a esta finalidad a la que se debe apuntar, para evitar que resulte excesivamente gravoso el acreditar o probar ciertos enunciados fácticos.[5]
Algo similar sucede en España con el Real Decreto 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Dicho cuerpo normativo establece en su art. 82 nº 4 lit. d) que en todo caso serán abusivas las cláusulas que “…impongan al consumidor y usuario garantías desproporcionadas o le impongan indebidamente la carga de la prueba.”.
Siguiendo con el Derecho comparado, vale citar lo previsto en los arts. 2697 y 2698 del Código Civil italiano, ubicados en el capítulo de disposiciones generales del Título dedicado a la prueba.[6]
Precisamente su art. 2697 establece: “Onere della prova.- Chi vuol far valere un diritto in giudizio (Cod. Proc. Civ. 163) deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (Cod. Proc. Civ. 115).
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.”
Luego, el art. 2698 refiere a los pactos relativos a la carga de la prueba, en los siguientes términos: “Patti relativi all'onere della prova.- Sono nulli i patti con i quali è invertito ovvero e modificato l'onere della prova, quando si tratta di diritti di cui le parti non possono disporre o quando l'inversione o la modificazione (1341) ha per effetto di rendere a una delle parti eccessivamente difficile l'esercizio del diritto.”
Ésta última disposición refiere a la consecuencia de nulidad de los pactos que buscan invertir o modificar la carga de la prueba cuando se trata de derechos que las partes no pueden disponer (indisponibles), o cuando la inversión o modificación tiene el efecto de hacer excesivamente difícil el ejercicio del derecho a una de las partes.
Otros puntos que pueden influir en la conclusión a la que cada uno llegue podrían ser los siguientes: 
- Se pueden encontrar ejemplos en el Derecho procesal comparado, de normas que han potenciado los acuerdos de parte y la flexibilización del proceso civil (a modo de ejemplo, los arts. 139, 190 y 191 del nuevo CPC brasileño). 
- Se admite en el Derecho uruguayo el acuerdo de partes en sede de valoración de la prueba pericial, para asignarle a los peritos el carácter de arbitrador o decisor, en el punto objeto de dictamen (art. 184 del CGP). 
- La inversión de la carga de la prueba o la teoría de la carga de la prueba dinámica, implica según algunos, una modificación de las reglas legales realizada por otro de los sujetos del proceso, como es el Juez.
En definitiva, la respuesta a la interrogante, que a priori se presenta como negativa y sin fisuras, admite la posibilidad de la argumentación en pos de la reflexión. Nos contentamos, pues, al menos por el momento, con sembrar inquietudes y posibilitar la discusión. 

[1] Obviamente, el autor analizaba lo previsto en el art. 329 del Código de Procedimiento Civil (CPC). MORETTI, R., “Apuntes sobre la tutela convencional y especialmente sobre el pacto de inversión de la carga de la prueba”, en Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración, Tomo XXXVI, Montevideo, 1938, pp. 80-89.
[2] MORETTI, R., “Apuntes sobre la tutela convencional y especialmente sobre el pacto de inversión de la carga de la prueba”, en Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración, Tomo XXXVI, Montevideo, 1938, p. 85.
[3] MORETTI, R., “Apuntes sobre la tutela convencional y especialmente sobre el pacto de inversión de la carga de la prueba”, en Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración, Tomo XXXVI, Montevideo, 1938, p. 87.
[4] SZAFIR, D., Consumidores. Análisis exegético de la Ley 17.250, con la colaboración de DOVAL, G., MORALES, M. y CORNÚ, F., cuarta edición actualizada, FCU, Montevideo, 2014, p. 371.
[5] En similar sentido, FERNÁNDEZ LÓPEZ, M., La carga de la prueba en la práctica judicial civil, La Ley, Madrid, 2006, p. 177. Véase, además, que la Ley de Enjuiciamiento Civil española 1/2000, de 7 de enero, prevé en su art. 217 nº 7 que para la aplicación de las reglas de la carga de la prueba el tribunal deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes del litigio.
[6] Véase la referencia a los acuerdos sobre la carga de la prueba y el Código Civil italiano en TARUFFO, M., La prueba, Marcial Pons, Madrid, 2008, p. 248.

Inconstitucionalidad de procesos de instancia única

En la sentencia que a continuación se transcribe, la Suprema Corte de Justicia ha declarado la inconstitucionalidad del art. 73 de la LOT, en lo relacionado a la instancia única. El argumento de la Corte radica, básicamente, en la vulneración al art. 8 de la Constitución de la República y su vinculación con el principio de igualdad procesal.

El art. 73 de la LOT dispone: "Los Juzgados de Paz Departamentales del Interior entenderán: 1) Dentro de idénticos límites territoriales del Juzgado Letrado de Primera Instancia al que acceden:
a) En primera Instancia en los asuntos contenciosos, civiles, comerciales y de hacienda cuya cuantía sea superior a N$ 23.000,00 (nuevos pesos veintitrés mil) y no exceda de N$ 32.000,00 (nuevos pesos treinta y dos mil).
b) En Jurisdicción voluntaria, de los actos jurisdiccionales no contenciosos, cualquiera sea su cuantía, salvo que se suscite contienda u oposición de interesados o del Ministerio Público o Fiscal, en cuyo caso, se remitirán al Juzgado Letrado de Primera Instancia que corresponda, el que seguirá conociendo del asunto hasta su conclusión.
2) Dentro de los límites de la Sección Judicial correspondiente a su sede:
a) En Primera Instancia, en los asuntos contenciosos, civiles, comerciales y de hacienda que excedan de N$ 11.000,00 (nuevos pesos once mil) y hasta N$ 23.000,00 (nuevos pesos veintitrés mil).
b) En única instancia en los asuntos contenciosos, civiles, comerciales y de hacienda hasta N$ 11.000,00 (nuevos pesos once mil).
c) Los que les asignan las normas especiales." (énfasis agregado - los montos se actualizan periódicamente vía Acordada de la SCJ).

La posición de la SCJ en relación a la inconstitucionalidad de procesos de instancia única también ha sido explicitada -con discordias- respecto del proceso de faltas en sentencia n° 32/2016, de 25 de febrero de 2016.


SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

TEMAS: INCONSTITUCIONALIDAD DE LA INSTANCIA ÚNICA (DOBLE INSTANCIA). APELACIÓN. PRINCIPIO DE IGUALDAD. COMPETENCIA JUZGADOS DE PAZ.

SENTENCIA N° 553/2016
HOUNIE -r-, MARTÍNEZ, CHEDIAK, LARRIEUX, PÉREZ MANRIQUE.

Montevideo, veintiuno de noviembre de dos mil dieciséis

VISTOS:

Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “INSTITUTO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY c/ VEGA, Pablo. Juicio ejecutivo. Excepción de inconstitucionalidad. Artículo 73 inciso segundo, literal “b”, de la Ley No. 15.750”, IUE 345-137/2015.

RESULTANDO:

I) A fs. 99-108., en el curso de un proceso ejecutivo tramitado ante el Juzgado de Paz Departamental de Chuy, en oportunidad en la cual el INAU dedujo recurso de queja por denegación de apelación contra la providencia No. 686/2016 por la que se rechazó la apelación que había interpuesto contra la sentencia definitiva recaída en autos (fs. 82-88, 90-96 y 97), promovió, conjuntamente y por vía de excepción, la declaración de inconstitucionalidad del inciso segundo del literal “b” del artículo 73 de la Ley 15.750, en cuanto veda la segunda instancia en cierto tipo de procesos.

Fundó su legitimación en su calidad de parte en un proceso en el cual la norma cuestionada resulta aplicable.

En sustento de su pretensión, sostuvo en síntesis:

1) La disposición impugnada transgrede el principio de igualdad consagrado en el artículo 8 de la Constitución, por cuanto, al establecer que ciertos asuntos que se tramitan en el interior deban tramitarse en instancia única, realiza una discriminación arbitraria, ya que ese mismo tipo de asuntos, cuando se tramitan ante los tribunales de Montevideo, admite la doble instancia.

2) La disposición impugnada vulnera el principio de interés superior del niño en un asunto cuya materia es indisponible y que compromete el orden público (artículos 7, 10, 41 inciso segundo, 72 y 332 de la Constitución).

Se trata de un proceso en el cual el INAU pretendió la condena al pago de una multa con la cual se sancionó a un sujeto por vender bebidas alcohólicas a menores de edad, materia en la cual ese Instituto tiene facultades de fiscalización y control.

3) En definitiva, solicitó que se declarara la inconstitucionalidad del artículo 73 inciso segundo, literal “b”, de la Ley 15.750.

II) Por providencia No. 782 del 23 de mayo de 2016, el Juzgado de Paz Departamental de Chuy dispuso la suspensión del proceso y que se elevara el expediente a la Suprema Corte de Justicia (fs. 109).

III) El expediente se recibió en la Corte el 17 de junio de 2016. Por providencia No. 999/2016, la Corporación confirió traslado a Pablo Vega y dio vista al Sr. Fiscal de Corte.

IV) A fs. 121-123, Pablo Vega evacuó el traslado conferido, abogando por el rechazo de la excepción opuesta.

V) El Sr. Fiscal de Corte, por los fundamentos que expuso en el dictamen No. 2370 del 22 de agosto de 2016, también entendió que correspondía rechazarla (fs. 127-127vto.).

VI) Por providencia No. 1322/2016 se dispuso el pasaje a estudio y se llamaron los autos para sentencia (fs. 130).

VII) Una vez cumplidos los trámites de estilo, se acordó dictar sentencia en el día de la fecha.

CONSIDERANDO:

I) La Suprema Corte de Justicia acogerá la excepción de inconstitucionalidad planteada por el INAU, por asistirle razón en cuanto a que la disposición impugnada vulnera el derecho constitucional a recibir igual trato por la Ley.

II) En cuanto a las normas que asignan competencia por razón de cuantía a los Juzgados de Paz Departamentales de la República y su relación con la previsión de la doble instancia.

Corresponde comenzar por relevar el panorama normativo que determina que, para un mismo tipo de pretensiones, se establezcan estructuras procesales distintas en función de si entiende en la causa un juzgado de Montevideo u otro del interior de la República.

La Ley Orgánica de la Judicatura y de los Tribunales, No. 15.750, establece que los Juzgados de Paz Departamentales, tanto los “de la Capital” como los “del Interior”, son competentes para conocer en asuntos “contenciosos, civiles, comerciales y de hacienda” de cierta cuantía (artículos 72 inciso segundo y 73 numeral 1, literal “a”, y numeral 2, literales “b” y “c”), cuantía que fue actualizada por la Acordada 7826.

Más concretamente, los Juzgados de Paz Departamentales de la Capital conocen en tales asuntos hasta $500.000 (quinientos mil pesos uruguayos) y lo hacen siempre en primera instancia (artículo 68 numeral 2o. de la Ley 15.750).

Por su parte, los Juzgados de Paz Departamentales del Interior conocen en asuntos de igual materia también hasta $500.000 pero, a diferencia de lo que se prevé para los Juzgados de igual tipo de Montevideo, no siempre lo hacen en primera instancia, ya que la disposición impugnada establece que aquellos asuntos “contenciosos, civiles, comerciales y de hacienda” de hasta $120.000 (ciento veinte mil pesos uruguayos) se tramitan en “instancia única”, por lo que no admiten apelación.

III) En cuanto al mérito de la impugnación.

Como se adelantó, la Corte entiende que asiste razón al excepcionante cuando afirma que la disposición impugnada infringe el derecho constitucional a recibir igual trato por la Ley (artículo 8 de la Constitución).

Si bien nuestra Constitución admite la restricción del goce del derecho de igualdad (artículo 7), tal restricción debe ajustarse a ciertos requisitos que, ciertamente, no se verifican en el caso.

El hecho de que ante pretensiones de igual naturaleza y cuantía se aplique un régimen procesal diverso, tomando en consideración únicamente si entiende un juzgado de la capital o del interior del país, no tiene actualmente una justificación constitucionalmente admisible.

En tal sentido, véase que el exilio del régimen de la doble instancia de ciertos procesos por el mero hecho de tramitarse ante los Juzgados de Paz Departamentales del interior del país, junto con la correlativa exclusión de tal limitación respecto de idénticos procesos que se tramitan ante los Juzgados de Paz Departamentales de Montevideo, determina una distinción arbitraria entre sujetos que se encuentran en la misma situación jurídica.

El derecho constitucional a recibir igual trato por la Ley reclama que el sujeto que es parte en un proceso de cuantía escasa en el interior del país tenga el mismo derecho a la revisión de la sentencia dictada que quien tramita un proceso de iguales características (materia y cuantía) en Montevideo.

En referencia al principio de igualdad en materia procesal, en argumentación trasladable al caso, este Colegiado expresó: Sin duda alguna, lo dispuesto en el inciso 2o. del artículo 17 de la Ley No. 18.572 infringe muy gravemente el principio de igualdad, por cuanto la norma procesal confiere un trato diferencial a quienes deben ser tratados en una similar categoría: la de partes en el proceso laboral.

Conforme el criterio expresado por el Prof. Torello en discordia estampada en Sentencia de la Corporación de fecha 16/12/1991 (publicada en LJU, caso 12121), el principio que establece el artículo 8 de la Carta se traduce, en materia procesal, en el principio de igualdad de las partes en el proceso, el que es transgredido cuando la norma concede a una parte libertad de apelar sin límite alguno, mientras que a la otra se le impone una obligación económica que en muchos casos puede llegar a ser determinante de su suerte en juicio. Con la adecuación lógica, corresponde tener presente lo expresado por el referido ex miembro de la Corporación, en la discordia aludida: “Y la comparación, por consecuencia, no debe hacerse en la categoría ‘inquilino cuyo desalojo tiene plazo de 15 días’, sino en la categoría ‘parte en un proceso de desalojo con plazo de quince días’; o dicho de otro modo en la categoría ‘sujetos procesales de un determinado juicio’. Desde esa óptica y como los sujetos procesales deben ser tratados igualmente, sin perjuicio de las necesarias diferencias que derivan de su peculiar posición procesal (actor demandado), la disímil solución que consagra el art. 36 del D. L. No. 14.219 colide con el tantas veces citado precepto constitucional que consagra el principio de la igualdad (cf. Gelsi en R.U.D.P., Año 1984, No. 2, p. 275-277), (sentencia No. 137/2010).

Los argumentos referidos se tornan aún más contundentes en el caso de autos en el que la distinción se efectúa entre sujetos que se encuentran en idéntica posición: las partes en un proceso de una cuantía inferior a determinada suma de dinero.

La distinción con base en la mera ubicación geográfica de los juzgados inter-vinientes no parece un criterio razonable para justificar el desigual tratamiento legal.

IV) El contenido de este fallo obsta a imponer especiales condenaciones en gastos causídicos (artículos 523 del C.G.P. y 688 del Código Civil).

V) Por tales fundamentos, la Suprema Corte de Justicia,

FALLA:
Declárase que el artículo 73 numeral segundo, literal “b”, de la Ley 15.750 es in-constitucional y, por ende, inaplicable en el caso de autos.

Comuníquese lo aquí resuelto al Poder Legislativo y devuélvase.

Registro de Audio en las Audiencias


Mediante dicha Acordada, la Corte reglamenta el art. 102 del CGP, el cual establece lo siguiente: 

"Documentación de la audiencia).- Lo actuado en toda audiencia se documentará en forma resumida, en acta que se labrará durante su transcurso o al cabo de ella.
Las partes podrán solicitar lo que entiendan pertinente para asegurar la fidelidad del resumen, estándose, en ese caso, a lo que el tribunal resuelva en el acto y de modo inmediato.
La Suprema Corte de Justicia establecerá, por vía reglamentaria, las medidas necesarias para la implementación de un sistema de registro a través de las nuevas tecnologías que permita documentar lo ocurrido en la audiencia.
Mientras no se aplique el registro que prevé el inciso anterior, se podrá disponer en casos complejos, la reproducción por medios técnicos, total o parcialmente, de lo actuado en las audiencias."

Ya en su momento señalamos que la modificación al art. 102 configura, a nuestro entender, otra de las grandes innovaciones de la reforma, desde que en dicha disposición se plasma la posibilidad de implementar un sistema de registro o documentación de audiencias mediante el uso de “nuevas tecnologías”. Con anterioridad, únicamente se preveía con carácter excepcional lo siguiente: “El tribunal podrá, excepcionalmente, disponer la reproducción total o parcial de lo actuado utilizando los medios técnicos apropiados.”. 

La reglamentación prevé el registro de audiencias mediante el sistema "AUDIRE", exclusivamente de audio

Al menos por el momento, no se prevé la filmación de las audiencias, quedando el registro de imágenes para futuras instancias de implementación. 

Se establece también que habrá un acta resumida (relación sucinta de lo actuado) para acompañar el registro de audio con ciertas constancias; esto es, las previstas en el art. 103 del CGP (en especial, el lugar y la fecha en que se labra y el expediente al que corresponde; el nombre de los intervinientes y la constancia de la inasistencia de los que debieron o pudieron estar presentes, indicándose la causa de la ausencia si se conociere), indicación del tipo de audiencia, "enunciación" de las actividades cumplidas en audiencia, los decretos y resoluciones que se dicten en audiencia. Se aclara que esto no supone transcribir manifestaciones o alegaciones de las partes, ni las declaraciones de testigos o peritos -sí se podrá indicar, si se entendiera de utilidad, qué testigos o peritos declararon en audiencia- (véase arts. 3 y 4 de la Acordada comentada).

Finalmente, vale anotar que el sistema comenzará a aplicarse, en calidad de "prueba piloto", en los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Civil de 1º y 10º Turno (Montevideo).