Prueba testimonial: naturaleza de la declaración, opiniones de los testigos, el caso del testigo técnico


RESUMEN: Para muchos operadores jurídicos la prueba testimonial impone cautela, por los peligros e incertidumbres que puede deparar dentro del proceso. En ese sentido, resulta pertinente focalizar el análisis en el tipo de relato, narración o declaración que ofrece el testigo, ilustrando acerca de la insuficiencia de la visión clásica del Derecho procesal, que entiende esa declaración como representativa, y el pasaje a la visión actual –cargada de aportes interdisciplinarios– que considera la declaración del testigo como reconstructiva. El testigo no puede transmitir a través de su declaración una mera representación de lo ocurrido, sino la reconstrucción de los hechos percibidos. Como corolario de lo anterior, se reflexionará acerca de si dicho relato puede contener opiniones, valoraciones, juicios del testigo, y cómo se debe afrontar el reto del interrogatorio al testigo técnico, en ocasiones, cargado de conceptos, manifestaciones o explicaciones de carácter extrajurídico. 

Datos de la publicación: Revista Ítalo-Española de Derecho Procesal, Vol. 2 | 2019 24 pp., Marcial Pons, Madrid, 2019, ISSN: 2605-5244.

Liquidación de sentencia en los procesos laborales (aplicación del art. 378 del CGP)



Se ha publicado un trabajo escrito en coautoría con el Dr. Santiago González Miragaya, en el cual hemos analizado la interpretación, integración y aplicación supletoria del Código General del Proceso, en los procesos laborales (GONZÁLEZ MIRAGAYA, S., SOBA BRACESCO, I. M., "Interpretación, integración y aplicación supletoria del CGP según la Ley de Procesos Laborales", en Revista La Justicia Uruguaya, Tomo 157, N° 2,  La Ley Uruguay, Montevideo, 2019, pp. 3-26).

Allí planteamos las dificultades teóricas que presenta la temática, así como cuestiones de indudable trascendencia práctica. 

Una situación que merece destaque especial, y que motivó un pronunciamiento expreso de nuestra parte, es la de admitir, en ciertos casos, la tramitación de la liquidación de sentencia (art. 378 del CGP), previa a su ejecución. 

Es un problema que se ha comenzado a plantear a nivel jurisprudencial, pero sin llegar a desarrollar algunos de los puntos que hemos desarrollado con González Miragaya. 

En principio, las sentencias definitivas en los procesos laborales deben incluir una liquidación de los rubros, en caso de condena total o parcial. Como surge del art. 15 de la LPL: “…En los procesos regulados por esta ley [incluyendo, pues, a los procesos de menor cuantía o instancia única], las sentencias que condenen al pago de créditos laborales de cualquier naturaleza deberán establecer el monto líquido de los mismos, incluidas las multas, intereses, actualizaciones y recargos que correspondieren.”).[1] Se persiguió, así, la finalidad de evitar dilatorias en la tramitación de la liquidación de las sentencias, dotar al proceso de mayor celeridad (conforme los postulados del art. 1 de la LPL), etc.

Ahora, ha habido casos de sentencias que se apartan del modelo legal y no condenan al pago de sumas líquidas, ya que, por ejemplo, lo que hacen es remitir a pautas o criterios de liquidación referidos en los considerandos. 

Se ha discutido si esas sentencias son nulas absolutamente o son nulas relativamente (o convalidables). 

Como bien destaca la Suprema Corte de Justicia[2], si bien se puede estar ante un vicio de incongruencia, la consecuencia de la irregularidad -esto es, la no liquidación de la sentencia- no se ha previsto expresamente en la LPL y no es -al menos no necesariamente- la nulidad.

Qué sucede entonces si la sentencia de condena, que en un caso concreto ha pasado en autoridad de cosa juzgada, no establece suma líquida, ¿se puede ejecutar? ¿no se afectaría la tutela jurisdiccional efectiva en caso de sostenerse que no se cuenta con título de ejecución? 

Entendemos que, en situaciones como esa, la única solución posible (ya que obviamente -siguiendo la lógica normativa de la LPL, su art. 27 sobre ejecución de sentencias nada puntualiza al respecto)[3], sería admitir la aplicación supletoria del art. 378 del CGP. Esto le permitiría al actor (devenido en ejecutante), poder intentar satisfacer el crédito que se le ha reconocido por sentencia (aunque sólo en cuanto al an debeatur), y que el demandado, que no recurrió el fallo (por ser un proceso de instancia única[4], por ser el recurso que se quisiera interponer en el caso concreto inadmisible o por una decisión de estrategia procesal), no logre -por una vía oblicua- obstaculizar el cobro de lo que adeuda.



[1] Véase, también, arts. 8, 14 n° 2, 16, 20 de la Ley de Procesos Laborales.
[2] Suprema Corte de Justicia, sentencia n° 849/2017, de 18/10/2017, Chediak -r-, Martínez, Hounie, Minvielle, Turell. A nivel de los Tribunales, véase, a modo ilustrativo, también analizando el punto y con opiniones diversas: Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 1° Turno, SEF-0012-000065/2018, de 06/04/2018, Morales -r-, Patrón, Gianero, Rossi -d-.
[3] Descartándose, también, en función -por ejemplo- de la complejidad del caso concreto, que estemos ante una hipótesis de sentencia de condena a pagar cantidad de dinero “fácilmente liquidable” (CGP, art. 377).
[4] En esos casos, se podría llegar a plantear, pues, la apelación de la sentencia de la liquidación (art. 378 del CGP), luego de un proceso inapelable de conocimiento. Ahora bien, a nuestro criterio, esa no sería la solución ajustada a Derecho (en particular, no sería la solución ajustada a lo dispuesto en el art. 31 de la LPL, por las cortapisas que le coloca a la integración); si la sentencia definitiva que fija el an debeatur es inapelable, también lo es la que fija el quantum debeatur.

La conciliación administrativa previa, ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el proceso laboral uruguayo

En primer término, se debe tener presente lo previsto por la Constitución de la República, que en su art. 255 dispone que la conciliación previa procede para todo proceso en materia civil (entendido en sentido amplio).[1]

Por su parte, el art. 3 de la Ley de Procesos Laborales (LPL) establece que antes de iniciar un proceso “en materia laboral”, se deberá tentar la conciliación previa ante el Centro de Negociación de Conflictos Individuales de Trabajo en la ciudad de Montevideo o ante la Oficina de Trabajo dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en el interior de la República, según corresponda al domicilio del empleador o al lugar en que se cumplieron las prestaciones.[2]

El punto se vincula, pues, con el alcance que se le atribuya al concepto de materia laboral. Por mi parte, considero que ya sea que la conciliación se hubiese tentado ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o ante los órganos jurisdiccionales con competencia en la materia de conciliación, se tendría que dar por cumplido el requisito correspondiente, sin importar a quien se le asigne luego competencia para entender en el proceso principal o si dicho proceso se va a regir por la LPL o por el proceso ordinario del Código General del Proceso (CGP).

Sería extremadamente formalista, y contrario a algunos de los postulados de la tutela jurisdiccional efectiva, exigir la celebración de una nueva conciliación, cuando ya se cumplió con dicho requisito, por ejemplo, a través de la conciliación administrativa. Se trata de un tema opinable, pero que entiendo no debería ser objeto de cuestionamientos, cuando -se reitera- se ha cumplido con la exigencia constitucional de la conciliación (ya se a nivel administrativo o judicial), previa al proceso.

El art. 294 n° 1 del CGP (en la redacción dada por el art. 1 de la Ley N° 19.090) exceptúa de la conciliación en los casos de procesos que “…no se tramiten por la vía contenciosa ordinaria (Artículos 337 a 345)”. Esta norma no puede considerarse derogatoria de lo previsto en la LPL en cuanto establece el requisito de la conciliación para las pretensiones “en materia laboral” no solo por la especialidad de dichas normas arts. 3 a 6 de la LPL[3]) sino que también porque, además, el art. 294 n° 3 del CGP –en la redacción dada precisamente por el art. 1 de la Ley N° 19.090– dispone que para los procesos de la materia laboral la conciliación se tentará -como se ha dicho- en vía administrativa de acuerdo con lo dispuesto en “las normas correspondientes” (i.e., las normas que aquí se analizan).

La solicitud de inicio del procedimiento conciliatorio se deberá realizar por escrito presentado por el interesado o por apoderado, asistido de abogado, salvo que la reclamación fuera por sumas inferiores al equivalente de 20 UR (veinte unidades reajustables). En dicha solicitud deberán indicarse con precisión los hechos que fundamentan el reclamo y el detalle y el monto de los rubros reclamados.[4]

Por su parte, el art. 4 –en redacción dada por el art. 2 de la Ley N° 18.847– prevé que la audiencia se convocará para día y hora determinados, con una anticipación no menor de tres días.

En acta resumida se deberán señalar los datos identificatorios de cada una de las partes, los domicilios constituidos[5], los rubros y montos reclamados por el citante, la respuesta del citado y el resultado final obtenido.[6]

Con respecto al domicilio constituido, no quiere decir que luego, de iniciarse el proceso, el emplazamiento tenga que practicarse en ese lugar (domicilio constituido en vía administrativa que podría, por ejemplo, ubicarse fuera del lugar en el que se celebrará el proceso judicial). En ese sentido, considero que se puede denunciar como domicilio del demandado el domicilio real (esto es, diferente del constituido por ejemplo por el abogado en la audiencia administrativa de conciliación), y practicar allí -sin que ello implique ningún tipo de nulidad o siquiera irregularidad- el emplazamiento. Se le abre al reclamante, futuro demandante, la opción de utilizar -en esos casos- uno u otro (o eventualmente ambos) de los domicilios. Obviamente, siempre y cuando ello no hubiese implicado un cambio de domicilio, por el cual el anterior hubiese quedado sin efecto.[7]

Esto difiere de lo dispuesto en el art. 295.2 del CGP, que establece que se documentará (en el acta resumida), la pretensión inicial de cada parte; las soluciones propuestas por éstas y por el tribunal (aunque en la práctica, la descripción de estos puntos puede diferir según el tribunal que lleve a cabo los intentos de conciliación); el resultado final, la conciliación acordada o la persistencia de las diferencias, indicándose, con precisión, los aspectos en que existió concordancia y aquellos en que existió disidencia; el domicilio de las partes, el que se tendrá como válido para el proceso ulterior, siempre que éste se iniciare dentro de los seis meses de la fecha de la audiencia.

Además, si el citado entiende que existe un tercero total o parcialmente responsable deberá individualizarlo en la audiencia conciliatoria, quedando constancia en el acta respectiva.[8]

De manera similar a lo previsto en el art. 295.3 del CGP –en la redacción dada por la Ley N° 19.090– se establece que la omisión en realizar la identificación del tercero, así como la incomparecencia del citado a la audiencia –según el citado art. 4–, constituirán presunciones simples contrarias a su interés en el proceso ulterior.[9] La indicación del tercero resulta relevante si se toma en consideración las limitantes a la intervención provocada de terceros que se analizó en el capítulo correspondiente a los sujetos (véase, arts. 10 y 21 de la LPL).

La correcta individualización del tercero que se considera total o parcialmente responsable (a la luz, por ejemplo, de lo dispuesto en la normativa relativa a procesos de “tercerización” o descentralización empresarial: Ley N° 18.099, de 24/01/2007, Ley N° 18.251, de 06/01/2008), puede tener relevancia también en las defensas que asuma ese citado (a la postre demandado) en el proceso principal, por ejemplo, alegando la responsabilidad del tercero junto con una eventual falta de legitimación pasiva en el caso.

Si el tercero que se considera responsable por uno de los citados ya hubiera sido citado por el trabajador (conjuntamente), resultaría excesivo exigir que se cumpla con dejar constancia en el acta de conciliación de esa individualización de terceros, pues la finalidad de la norma parece ser el advertir al citante la existencia de ese tercero, a efectos que pueda demandar luego correctamente (aun cuando luego el reclamante decida no demandarlo). Aplicar una presunción simple por no individualizar a quien se considera como total o parcialmente responsable, cuando el propio actor lo ha citado a conciliación (la hipótesis tampoco se ha contemplado expresamente en el art. 4 de la LPL que aquí se analiza), se apartaría, de esa forma, de lo razonable.   

También la citada disposición aclara que el acuerdo al que se arribe en la conciliación habilitará su ejecución forzada por el proceso regulado en el Título V del Libro II del Código General del Proceso. Id est, el proceso de ejecución -no regulado por la LPL- será el previsto por las normas del CGP (para mayor ilustración, sobre algunos aspectos de interés en la ejecución de los procesos laborales, véase el presente link), por lo que habrá que estar al contenido del título -en el caso, un título de formación extrajurisdiccional- para determinar su estructura.[10]

Finalmente, el art. 6 prevé que si el trámite administrativo relativo a la solicitud de conciliación ante el MTSS no hubiere culminado dentro de los treinta días contados a partir de la solicitud de audiencia (debido, por ejemplo, a la solicitud de prórrogas), el trabajador podrá solicitar una constancia con la que podrá interponer la demanda, estableciendo así una diferencia con la regulación de la conciliación previa judicial, que no habilita una solución similar a la planteada para el proceso laboral (véase, en especial, art. 298 del CGP). La solución consagrada favorece el acceso a la tutela jurisdiccional, y la efectividad de una tutela sin dilaciones para los derechos sustanciales que se le podrían eventualmente haber vulnerado al actor del proceso laboral.

Cabe agregar que ni siquiera en la posición que entiende que el empleador puede ser parte actora del proceso laboral, se podría extender esta solución consagrada en el art. 6 de la LPL, que sólo refiere al “trámite administrativo” y al “trabajador”. No sería correcto alegar la aplicación analógica en ese supuesto, ya que la ratio de la disposición lo que pretende es evitar que se dilate el acceso a la tutela procesal por parte del trabajador (atendiendo a cuestiones que, por ejemplo, hacen al carácter alimentario de ciertas pretensiones, lo que se analizó en sede de principios de los procesos laborales).

Para citar se sugiere: SOBA BRACESCO, I. M., "La conciliación administrativa previa, ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el proceso laboral uruguayo", en Derecho Procesal [blog], (fecha de acceso).



[1] Para una referencia de la evolución histórica de la conciliación en el Derecho positivo uruguayo, y haciendo expresa mención a la regulación del proceso conciliatorio en las Constituciones de la República desde el año 1830 a la vigente en la actualidad, véase: ABAL OLIÚ, A, Derecho Procesal, Tomo VI, cuarta edición, ampliada y actualizada, FCU, Montevideo, 2017, pp. 201 y ss. (respecto del procedimiento conciliatorio previo en materia laboral, en esa obra, véase pp. 291-317).
[2] Resulta pertinente remitir, aquí, a la posición de Guarino, quien entiende que nada impide que el empleador promueva la conciliación. Cfr., GUARINO, O., “Aspectos a tener en cuenta en materia de conciliación, acuerdos voluntarios y transacciones”, en XXII Jornadas uruguayas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (Montevideo-2011), FCU, Montevideo, 2011, pp. 339-340.
[3] Otras disposiciones de interés refieren, por ejemplo, a la incidencia de la conciliación administrativa en materia de prescripción de créditos laborales. En ese sentido, el art. 3 de la Ley N° 18.091, de 07/01/2007 dispone: “La sola presentación del trabajador o su representante ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, solicitando audiencia de conciliación prevista en el artículo 10 del decreto-ley Nº 14.188, de 5 de abril de 1974, interrumpe la prescripción.”.
[4] El MTSS ha comenzado a instrumentar cambios en la solicitud de audiencias, en la línea del gobierno electrónico, que hacen posible -en algunos casos- que dicha gestión se realice en forma remota o vía web, en caso de usuarios (abogados) registrados. En esos supuestos, la solicitud se completa a través del sitio:  <http://saw.mtss.gub.uy/SAW/>. Sobre la reglamentación existente en el MTSS, véase Resolución N° 16/2010, de 08/02/2010 y Resolución N° 170/2014, de 27/11/2014 (solicitud vía web). En la Resolución N° 16/2010 se aclara, en su art. 1, que las mismas se celebrarán ante la División de Negociación Individual de la Dirección Nacional de Trabajo (en Montevideo), o en las Oficinas de Trabajo, dependientes de la Dirección Nacional de Coordinación (en el Interior). Asimismo, se reitera el criterio legal explicitado en el art. 3 inc. primero de la LPL, respecto a que dichas audiencias se celebrarán en el lugar que corresponda al domicilio del empleador o en el lugar donde se cumplieron las prestaciones.
[5] En el art. 5 de la LPL se aclara que el domicilio fijado por las partes en la audiencia de conciliación administrativa previa se tendrá como válido para el proceso judicial posterior siempre que el mismo se iniciare dentro del plazo de un año computable desde la fecha del acta respectiva. Véase que se prevé un plazo mayor al consignado en el art. 295.2 lit. d) del CGP (en donde se refiere a una validez del domicilio por un lapso de 6 meses).
[6] Resulta relevante detenerse en los rubros reclamados ya que en caso de existir alguna falencia en su individualización o identificación, ello podría dar lugar a que la parte demandada indique que falta cumplir, a ese respecto, con la tentativa de conciliación previa. En ese sentido: GUARINO, O., “Aspectos a tener en cuenta en materia de conciliación, acuerdos voluntarios y transacciones”, en XXII Jornadas uruguayas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (Montevideo-2011), FCU, Montevideo, 2011, p. 340.
[7] Es carga de quien lo invoca, acreditar el cambio de domicilio. Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 3° Turno, sent. n° 272/2016, de 23/11/2016, Contarin -r-, Fernández Lembo, Seguessa, en Anuario de Jurisprudencia Laboral, 2016, FCU, Montevideo, pp. 123-124 (caso n° 124).
[8] Según Guarino, en materia de tercerizaciones, cuando se va a iniciar un proceso en el que se plantea la responsabilidad subsidiaria o solidaria referida en los arts. 6 y 7 de la Ley N° 18.251, “…se debe por el art. 10 de la misma emplazarse conjuntamente a todas las personas contra las cuales se pretenda exigir el cumplimiento de las obligaciones. Entonces en estos supuestos debe citarse a conciliación a todos los responsables, y sería de buena práctica que en el caso de haber más de una empresa principal citada, se establezca por qué periodo de tiempo se la considera responsable y porque rubros y montos a cada una, liquidándose por separado.”. Cfr., GUARINO, O., “Aspectos a tener en cuenta en materia de conciliación, acuerdos voluntarios y transacciones”, en XXII Jornadas uruguayas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (Montevideo-2011), FCU, Montevideo, 2011, p. 340.
[9] Una interesante aplicación de la presunción prevista en el art 4 de la LPL se puede encontrar en la sentencia n° 6/2011, de 08/06/2011, del Dr. Rodríguez, titular del por entonces Juzgado Letrado de Instancia Única del Trabajo de 5° Turno. Dicha sentencia ha sido comentada por FERNÁNDEZ BRIGNONI, H., “La justicia laboral especializada y la protección procesal del trabajador a través de la presunción legal relativa”, en Revista de Derecho Laboral, Tomo LIV, N° 243, FCU, Montevideo, 2011, pp. 555-564.
[10] Corresponde advertir que luego de la modificación introducida por la Ley N° 19.090, de 14/06/2013, el art. 377 n° 6 del CGP incluye expresamente entre los títulos de ejecución al convenio celebrado en el acto de conciliación judicial “…o administrativa legalmente equiparada a la primera, tales como en materia laboral…”.

Probidad y buena fe en el proceso penal: la discordia de la Dra. Minvielle en la sentencia n° 1176/2019 de la SCJ

A continuación, se cita parte de la muy interesante discordia parcial de la Dra. Minvielle, Ministra de la Suprema Corte de Justicia, en la sentencia n° 1176/2019, de 10 de junio de 2019. Lo interesante de su fundamentación es que refiere a la debatida aplicación del principio de buena fe en el ámbito del proceso penal (así como a la probidad y lealtad), y lo hace situando los puntos más polémicos en sus justos términos, aludiendo para ello, fundamentalmente, a la excelente obra del Prof. Picó i Junoy.

Simplemente, antes de pasar a la transcripción de la discordia parcial de la Dra. Minvielle, recordar que en el Código del Proceso Penal uruguayo se ha establecido como principio la probidad, sin excluir del mismo a ninguno de los sujetos del proceso penal (art. 12). A la buena fe, en tanto, se la incluyó expresamente en el art. 144 lit. a) del Código en los siguientes términos: "la recolección de evidencias probatorias estará a cargo del Ministerio Público, que actuará bajo los principios de objetividad y buena fe".

En la sentencia en cuestión, la mayoría de los Sres. Ministros de la Corte no impuso especial sanción procesal (a pesar de las razones que habían llevado a la desestimación de la excepción de inconstitucionalidad en un caso vinculado a la normativa en materia de violaciones de derechos humanos en la última dictadura uruguaya), expresando únicamente que "la correcta conducta del excepcionante no supone una especial sanción procesal y, en consecuencia, estarán a su cargo las costas por ser de precepto, sin especial condenación en costos (art. 523 del C.G.P.)".

En su discordia parcial, en cambio, la Dra. Bernadette Minvielle, se pronunció en contra del abuso o exceso procesal en materia procesal penal, que entendió se había producido en el caso concreto:

"...ha señalado el Tribunal Supremo Español que: '...la actividad judicial, a través del proceso penal, está obligada al mantenimiento de un orden procedimental, de unas “maneras formales” y de un trámite obligado, lo que en alguna medida constriñe el derecho a pedir en tanto ello ha de hacerse conforme a determinados condicionamientos formales siquiera sea por la buena fe que ha de presidir la actuación procesal, de la mano de la lealtad que las partes entre sí han de guardar si se quiere que la claridad presida cualquier confrontación jurídica.” (sentencia de 30 de marzo de 1999, citada por PICÓ I JUNOY, Joan: “El principio de la buena fe procesal”, Bosch Editor, 2a edición, España, 2013, pág. 216, el destacado me pertenece).
El derecho de defensa del indagado que atañe propiamente a su defensa material que nadie discute y es garantizado por la normativa, debe diferenciarse de su actuación formal en el proceso que no alienta ni concibe estructurar cualquier tipo de dilación o entorpecimiento de las actuaciones penales.
En tal sentido, enseña PICÓ I JUNOY en su magnífica obra que: '... [el] reconocimiento constitucional del imputado a no confesar su culpabilidad, me conduce al interrogante acerca de si ello comporta igualmente la admisión de que pueda actuar de mala fe en el proceso, con total impunidad, esto es sin ninguna consecuencia negativa para su persona. Para resolver este interrogante, y evitar planteamientos confusos, entiendo que deben distinguirse de forma clara dos ámbitos de actuación del imputado: el material, esto es, el que hace referencia al fondo de la cuestión investigada en el proceso penal, respecto del cual no le es exigible que actúe de buena fe, por lo que tiene derecho al silencio, e incluso a mentir; y el procesal, a saber, el que guarda relación al modo de intervenir en el juicio, respecto del cuál sí es exigible que intervenga de buena fe, no actuando, por ejemplo, con ánimo dilatorio” (PICÓ I JUNOY, Joan: “El principio de la buena fe procesal”, cit., pág.
222).
En lo concreto, la litigación abusiva presentada a través de una estrategia forense perlada, repetitiva y completamente desconectada de la orden clara de persecución dada en su momento por esta Corporación (sentencia No. 950/2016), resulta de franco rechazo. 
Considero que en esta oportunidad una respuesta institucional adecuada, requiere sancionar conductas endoprocesales carentes de probidad y lealtad pues comporta el único medio para garantizar el desarrollo de una investigación imparcial, seria, efectiva, encaminada y dirigida al conocimiento de la verdad y el eventual castigo de los sujetos responsables...".

Interrogatorio de testigos: preguntas impertinentes, innecesarias o sobre cuestiones ajenas al interrogatorio

El interrogatorio no puede versar sobre hechos o cuestiones que escapan al objeto del proceso o de la prueba.[1] Un interrogatorio de ese tenor sería, además, innecesario, puesto que referiría a cuestiones que no hay que probar ni juzgar.
Respecto del objeto del interrogatorio, también allí se podrían encontrar límites. Puede que se encuentren reglas que limiten la cantidad de testigos por cada hecho a probar (por ejemplo, el art. 159 inciso segundo del CGP en Uruguay: “Sobre cada hecho a probar no podrá proponerse más de cinco testigos, salvo que exista motivo fundado a juicio del tribunal.”), por lo que individualizar correctamente ese objeto permitiría citar más testigos.
Simplemente agregar que el objeto del interrogatorio -que puede ser más acotado que el objeto del proceso y de la prueba- también podrá ser útil para admitir o rechazar preguntas. Su delimitación corresponde, a priori, a la parte que ofrece la prueba -por lo cual se pude vincular a los principios dispositivos y de aportación de la prueba-; sin perjuicio que luego resulte modificado en la oportunidad en la que la prueba se admite.
Klett et alii refieren a un problema interesante, el del testigo que declara sobre hechos para los cuales su testimonio no ha sido ofrecido (resultando espontáneo en su declaración a ese respecto). Esas declaraciones, señalan los autores, deben ser admitidas. Ponen como ejemplo, el testigo que citado para declarar sobre un determinado rubro reclamado en un proceso judicial derivado de un accidente de tránsito (por ejemplo, daño moral), luego presta declaración sobre las causas del mismo (ya que emerge de su declaración que había sido testigo presencial del accidente).[2]
Ahora bien, considero que las declaraciones espontáneas de un testigo (esto es, declaraciones que exceden el objeto de su interrogatorio), no se deben admitir per se (salvo que exista acuerdo de partes o se recurra a algún tipo de justificación en base a la iniciativa probatoria del tribunal).[3] Lo anterior no se contradice con sostener, como considero correcto, que para admitir o rechazar preguntas -y sin perjuicio de no eludir las reglas que hacen a los límites en la cantidad de testigos por hechos a probar- haya que propiciar una interpretación del objeto del interrogatorio que sea la suficientemente dúctil o elástica como para no afectar la narración o el relato del testigo (y así proporcionar la mayor cantidad de información relevante al proceso).[4] El objeto del interrogatorio no debería ser ni muy detallado ni muy genérico.[5]
Finalmente, una variante del interrogatorio innecesario es el que se realiza con preguntas que tienden a dilatarlo. Un interrogatorio que se dilata con preguntas que ya fueron objeto de respuesta, no es necesario, solo importa un menoscabo a la duración de la audiencia.

Para un mayor desarrollo y mejor ilustración acerca de las posiciones del autor sobre prueba testimonia, véase: "De la declaración representativa a la reconstructiva. Las opiniones de los testigos y el caso del testigo técnico", en Revista Ítalo-Española de Derecho Procesal, Vol. 2 | 2019 24 pp., Marcial Pons, Madrid, 2019, ISSN: 2605-5244.



[1] A modo de ejemplo de pregunta impertinente, véase en la jurisprudencia uruguaya, la sent. n° 538/2015, de 09/10/2015, del TAC 5°: “…corresponde referirse a la apelación concedida con efecto diferido contra la resolución sin número que hizo lugar a la oposición formulada por la parte demandada contra la pregunta formulada en audiencia por la actora al testigo YY (…). En concreto, la Dra. ZZ (Letrada de los accionantes) pretendió preguntar al testigo acerca de por qué el paciente había sido derivado a su casa si estaba con infección y no respondía al tratamiento que se le hacía. La Letrada de la parte demandada se opuso a tal pregunta, al entender que la circunstancia o discusión de por qué se había derivado a domicilio al Sr. AA no había sido invocada en la demanda como fundamento de la responsabilidad atribuida a los demandados; oposición a la cual la Sra. Jueza a quo hizo lugar. No asiste razón a los agonistas.: la pretensa omisión apuntada por la parte actora, como fuente de responsabilidad, no integró el fundamento de la demanda y por ende, se encontraba fuera del objeto de la prueba y del proceso, convirtiendo la pregunta en impertinente.”.
[2] KLETT, S. (Coordinadora), ÁLVAREZ, F., BALUGA, C., CASTILLO, J.C., GIUFFRA, C., GONZÁLEZ, M., MARQUISA, P., MORALES, D., MUÑOZ, G., PESCADERE, D., SAPELLI, R., WEISZ, F., “Aspectos prácticos en materia de prueba”, en X Jornadas Nacionales de Derecho Procesal (Colonia-1999), Surcos, Montevideo, 1999, p. 317.
[3] Comparto lo dicho por Micheli en su tiempo, en cuanto a que se podría sobrepasar el límite que impone el objeto del interrogatorio, cuando no existe afectación del derecho de defensa (en el caso, por el mencionado acuerdo entre las partes): “El juez puede dirigir preguntas al testigo también sobre hechos diferentes de los articulados, con el acuerdo de las partes, dado que la norma del art. 244 está establecida en interés de la defensa de las partes y, si éstas renuncian a ella, el juez puede muy bien ampliar el objeto de la prueba testimonial, siempre que considere relevante la prueba sobre los hechos nuevos.”. MICHELI, G. A., Curso de Derecho procesal civil, Vol. II, “El proceso contencioso de cognición”, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1970, p. 183.
[4] En cualquier caso, no se podrá afectar el derecho de defensa de la contraparte, por ejemplo, incorporando hechos ajenos al objeto del proceso o de la prueba. Tampoco se debería olvidar la importancia del control previo que puede realizar la contraparte respecto del alcance que tendría un testimonio determinado en el caso concreto (si quien ofrece un interrogatorio adelanta que el objeto del mismo es “X”, no puede luego aceptarse sin más que el testigo declare sobre “Y”). Entiendo, por el contrario, que no se afectan las garantías si el objeto del interrogatorio se amplía expresamente a partir de la admisión de un hecho nuevo o por algún otro supuesto particular, como la prueba referida a hechos mencionados por la contraparte al contestar la demanda o la reconvención (en ese sentido, art. 118.3 del CGP).
[5] En ese sentido, en comentario al art. 212 del CGP colombiano, y citando la posición de Azula Camacho, véase: MAZUERA, A., AGUDELO MEJÍA, D., PABÓN GIRALDO, L. D., TORO GARZÓN, L. O., BUSTAMANTE RÚA, M. M., VARGAS VÉLEZ, O., “Prueba testifical: protocolos de actuación, medidas de protección, técnicas de interrogatorio y cuestiones específicas de valoración – Colombia”, en BUJOSA VADELL, L. M. (Director), BUENO DE MATA, F. (Coordinador), La prueba en el proceso. Perspectivas nacionales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, p. 465.