Registro de Audio en las Audiencias


Mediante dicha Acordada, la Corte reglamenta el art. 102 del CGP, el cual establece lo siguiente: 

"Documentación de la audiencia).- Lo actuado en toda audiencia se documentará en forma resumida, en acta que se labrará durante su transcurso o al cabo de ella.
Las partes podrán solicitar lo que entiendan pertinente para asegurar la fidelidad del resumen, estándose, en ese caso, a lo que el tribunal resuelva en el acto y de modo inmediato.
La Suprema Corte de Justicia establecerá, por vía reglamentaria, las medidas necesarias para la implementación de un sistema de registro a través de las nuevas tecnologías que permita documentar lo ocurrido en la audiencia.
Mientras no se aplique el registro que prevé el inciso anterior, se podrá disponer en casos complejos, la reproducción por medios técnicos, total o parcialmente, de lo actuado en las audiencias."

Ya en su momento señalamos que la modificación al art. 102 configura, a nuestro entender, otra de las grandes innovaciones de la reforma, desde que en dicha disposición se plasma la posibilidad de implementar un sistema de registro o documentación de audiencias mediante el uso de “nuevas tecnologías”. Con anterioridad, únicamente se preveía con carácter excepcional lo siguiente: “El tribunal podrá, excepcionalmente, disponer la reproducción total o parcial de lo actuado utilizando los medios técnicos apropiados.”. 

La reglamentación prevé el registro de audiencias mediante el sistema "AUDIRE", exclusivamente de audio

Al menos por el momento, no se prevé la filmación de las audiencias, quedando el registro de imágenes para futuras instancias de implementación. 

Se establece también que habrá un acta resumida (relación sucinta de lo actuado) para acompañar el registro de audio con ciertas constancias; esto es, las previstas en el art. 103 del CGP (en especial, el lugar y la fecha en que se labra y el expediente al que corresponde; el nombre de los intervinientes y la constancia de la inasistencia de los que debieron o pudieron estar presentes, indicándose la causa de la ausencia si se conociere), indicación del tipo de audiencia, "enunciación" de las actividades cumplidas en audiencia, los decretos y resoluciones que se dicten en audiencia. Se aclara que esto no supone transcribir manifestaciones o alegaciones de las partes, ni las declaraciones de testigos o peritos -sí se podrá indicar, si se entendiera de utilidad, qué testigos o peritos declararon en audiencia- (véase arts. 3 y 4 de la Acordada comentada).

Finalmente, vale anotar que el sistema comenzará a aplicarse, en calidad de "prueba piloto", en los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Civil de 1º y 10º Turno (Montevideo).

Nuevas Leyes de interés procesal penal

A continuación se destacan dos disposiciones de gran importancia en materia procesal penal:

- Ley Nº 19.436, de 23 de septiembre de 2016. Modifica varias disposiciones de la Ley Nº 19.293 (nuevo CPP). Entre las disposiciones de interés se encuentra la relativa a la vigencia del nuevo CPP la que ahora se prevé para el 16 de julio de 2017 (véase art. 7 por el cual se sustituyen los arts. 402 y 403 de la Ley Nº 19.293).

Ley Nº 19.438: Rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal

El 14 de octubre de 2016 se promulgó la Ley Nº 19.438 (rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal, ejercicio 2015), habiendo sido publicada en el Diario Oficial, el 26 de octubre.

Entre las normas procesales de interés se encuentra el art. 13, el cual dispone lo siguiente: 

"El procedimiento de pago de sentencias contra el Estado previsto en el artículo 400 del Código General del Proceso (CGP), aprobado por la Ley N° 15.982, de 18 de octubre de 1988, y sus modificativas, es de aplicación exclusiva a los Incisos del Presupuesto Nacional, salvo aquellos exceptuados por norma legal expresa.

Los Incisos condenados contarán con un plazo de cinco días corridos, desde que la sentencia que condene al pago de cantidad líquida y exigible o la sentencia que resuelva el incidente de liquidación, hubiere quedado firme, para poner en conocimiento del Ministerio de Economía y Finanzas de la existencia, contenido, monto y eventuales deducciones tributarias y de seguridad social, cuando la condena refiera a partidas de naturaleza salarial. Asimismo, deberán proporcionar copia de las sentencias y de la liquidación aprobada, para que se efectúen las previsiones correspondientes.

El depósito de la condena al que refiere el artículo 400.4 del CGP, podrá ser realizado en cuentas del Banco de la República Oriental del Uruguay o de otras instituciones bancarias adheridas al sistema de pagos de la Tesorería General de la Nación.

Concluido el procedimiento previsto en el artículo 400.7 del CGP el Inciso condenado del Presupuesto Nacional quedará legitimado para ejercitar la acción de repetición, debiendo en su caso, comunicar al Ministerio de Economía y Finanzas el resultado de la misma y el monto a devolver al Tesoro Nacional."

Finalmente, vale señalar que otras disposiciones de interés procesal se pueden encontrar, a modo ilustrativo, en los arts. 54, 93, 108, 109.

Relación de causalidad y prueba pericial


Se publicó Relación de causalidad y prueba pericial (La Ley Uruguay, Montevideo, 2016, pp. 300), con prólogo del Dr. Andrés Mariño López.

La obra refiere a un tema de relevancia tanto para el Derecho de daños como para el Derecho procesal: la cada vez más compleja acreditación de la relación de causalidad y el impacto que en ello tiene la prueba científica, o más concretamente la prueba pericial. Se estudian las teorías que permiten justificar la causalidad, así como diferentes aspectos de la regulación y diseño de la prueba pericial (imparcialidad, idoneidad, especialidad de los peritos o expertos, mecanismos de control e impugnación de los dictámenes, etc.).

Es que la prueba pericial es uno de los caminos por los cuales habitualmente ingresa el conocimiento científico al Proceso, por lo que se destaca la necesidad de controlar la formación, calidad y aceptabilidad del conocimiento extra-jurídico, lo cual le termina por asignar un rol preponderante a la justificación y motivación de las sentencias. El sentido común y la experiencia pueden ser utilizados para explicar la causalidad por parte de los abogados y jueces, pero la captación del fenómeno causal mediante dichos argumentos puede impactar en la decisión, tornando frágil su justificación por las eventuales vulgarizaciones en las que se incurra. El peligro es mayor en los asuntos en los cuales resulta necesario incorporar el conocimiento de tipo técnico o científico cuando se prescinde del diligenciamiento de prueba pericial. Si la causalidad se asocia con criterios de normalidad y regularidad que se extraen de la experiencia, o con cuestiones que se pueden considerar intuitivas, los inconvenientes en la determinación del juicio de hecho pueden ser frecuentes. Se procura, en definitiva, poner sobre la mesa diferentes temas para la discusión y la reflexión, con la finalidad de brindar en el proceso las "mejores" explicaciones sobre la causalidad, lograr su adecuada comprensión y su debida comprensión.