La capacidad en el proceso. Generalidades

Las personas no sólo son titulares de los derechos, sino que también los pueden ejercer o hacer valer, disponiendo de ellos de forma efectiva, compareciendo en el proceso (CGP, arts. 1, 11, 14, etc.).[1]
Como es sabido, la regulación de la capacidad proviene básicamente del Derecho sustancial, pero también se aprecian previsiones de orden procesal (ya que se trata de un presupuesto procesal, que puede ser incluso relevado de oficio por el Juez)[2], y normalmente varía en función del Derecho positivo que se está examinando.
 Se estará a lo que dispongan las normas sustanciales de fuente nacional e internacional, pues –en principio- no tienen que formar parte de un Código procesal aquellos aspectos de la regulación que hacen a los conceptos y efectos generales de la capacidad de las personas.
Sin perjuicio de ello, en el Derecho comparado se pueden encontrar regulaciones más detalladas del punto (las que se podrán compartir o no). Es el caso del CGP colombiano (Ley 1564 de 2012, art. 53) o de la Ley de Enjuiciamiento Civil española 1/2000 (art. 6, en su redacción modificada). El primero de los citados cuerpos normativos prevé que podrán ser parte en un proceso las personas naturales y jurídicas, los patrimonios autónomos y el concebido para la defensa de sus derechos, así como los demás que determine la ley. La ley española dispone, en tanto, que podrán ser parte en los procesos ante los tribunales civiles las personas físicas; el concebido no nacido para todos los efectos que le sean favorables; las personas jurídicas; las masas patrimoniales o los patrimonios separados que carezcan transitoriamente de titular o cuyo titular haya sido privado de sus facultades de disposición y administración; las entidades sin personalidad jurídica a las que la ley reconozca capacidad para ser parte; el Ministerio Fiscal respecto de los procesos en que, conforme a la ley, haya de intervenir como parte; los grupos de consumidores o usuarios afectados por un hecho dañoso cuando los individuos que lo compongan estén determinados o sean fácilmente determinables (para demandar en juicio será necesario que el grupo se constituya con la mayoría de los afectados); las entidades habilitadas conforme a la normativa comunitaria europea para el ejercicio de la acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios.
Respecto de las normas de origen internacional, se deben tener presente, a título ilustrativo, por el eventual impacto que pueden tener en la regulación de la actuación de niños y adolescentes en el proceso, los Tratados o Convenciones internacionales relativos a la tutela y protección de los mismos.
Finalmente, en Uruguay, la cuestión también se encuentra regulada en el CGP (arts. 32, 33, 34, 133, sin perjuicio de otras disposiciones concordantes o complementarias).
Según enseña Varela-Méndez, la capacidad procesal o para estar en juicio importa un conocimiento de los propios actos o negocios, la capacidad para discurrir y resolver.[3]
Abal Oliú, por su parte, distingue entre la capacidad del sujeto para que se le puedan imputar los efectos de los actos procesales, de la capacidad del sujeto para poder realizar los actos procesales (capacidad procesal). En ambos casos, se hace mención a ciertas circunstancias intrínsecas que hacen a la persona en cuestión (diferenciando estas situaciones de los casos de legitimación, que hacen a aspectos o circunstancias extrínsecas de las personas). [4]



[1] Entre otros, LANDONI SOSA, A. (Director), GARDERES, S., GOMES, F., GONZÁLEZ, M. E., VALENTÍN, G., Código General del Proceso. Comentado, con doctrina y jurisprudencia, Volumen I, Montevideo, BdeF, 2002, p. 84.
[2] Cfr., VESCOVI, E. (Director), DE HEGEDUS, M., KLETT, S., LANDEIRA, R., SIMÓN, L. M., PEREIRA CAMPOS, S., Código General del Proceso. Comentado, anotado y concordado, Tomo 2, Montevideo, Ábaco, 1993, pp. 36-40.
[3] VARELA-MÉNDEZ, E. J., “Partes. Generalidades. Postulación”, en AA.VV., Curso sobre el Código General del Proceso, Tomo I, Montevideo, FCU, 1989, p. 60.
[4] ABAL OLIÚ, A., Derecho procesal, Tomo I, Montevideo, FCU, 2013, pp. 210-219. 

Guía de buenas prácticas para el acceso de los medios de comunicación a las audiencias penales. La realización de retratos o ilustraciones en los juicios


No obstante, se destaca lo dispuesto para el caso específico de la audiencia de formalización, la que probablemente sea la primer audiencia del proceso penal regido por el nuevo Código del Proceso Penal: "...los representantes de los medios de comunicación social podrán estar presentes en la misma, pero cesará toda actividad de registro de imágenes fijas, video o audio una vez que el imputado ingrese a sala y por todo el tiempo que permanezca en ella, admitiéndose únicamente el uso de los artículos necesarios para tomar nota de lo acontecido."



Finalmente, un punto que no ha sido expresamente contemplado en la "guía" es el de la posibilidad de ingresar a las audiencias para realizar ilustraciones o retratos de los sujetos que de algún modo u otro intervienen en las mismas. La realización de dibujos o retratos en las salas de audiencias suele verse en las películas, en las noticias, en los periódicos, etc. (véase, El Mundo, "Los retratistas de la verdad", de 20 de octubre de 2010 o a modo de ejemplo más actual de la utilidad de las ilustraciones, ante la prohibición de registrar imágenes, ver El Mundo, de 28 de noviembre de 2017, respecto del juicio conocido en España como "La manada").

Como se ha dicho, en la audiencia de formalización del proceso penal uruguayo, una vez que el imputado ingrese a sala, únicamente se admitiría el uso de los artículos necesarios para tomar nota de lo acontecido, pero nada se dice si al mismo tiempo se podría realizar una ilustración o caricaturización del imputado.

Considero que la realización de ilustraciones no se encuentra prohibida, salvo que el Tribunal expresamente disponga lo contrario, en función de lo establecido en el art. 135 del nuevo CPP, que busca proteger el Derecho al honor, la privacidad, la intimidad, de todos los intervinientes en el proceso (por supuesto, también los derechos fundamentales del imputado, quien se encuentra amparado por el estado de inocencia).

El Tribunal -más allá de la "guía" adoptada por el Poder Judicial (que sugiere líneas de acción)-, es quien tiene la última palabra en la sala de audiencias. Es el Tribunal quien puede llegar a disponer la reserva externa de la audiencia, por lo que parece razonable que pueda adoptar también medidas no tan extremas, limitadas por ejemplo a la no realización de ilustraciones o retratos (unida obviamente al no registro de imágenes). Esa no realización de retratos o ilustraciones puede comprender tanto al imputado, como a los otros sujetos que intervengan en el proceso penal.

Para terminar la presente reseña, cabe citar lo dispuesto en el art. 135 del nCPP: "(Publicidad). Las audiencias que se celebren una vez concluida la investigación preliminar serán públicas, salvo que el tribunal decida lo contrario por alguno de los siguientes motivos: a) por consideraciones de orden moral, de orden público o de seguridad; b) cuando medien razones especiales para preservar la privacidad y/o dignidad de las personas intervinientes en el proceso; c) cuando por las circunstancias especiales del caso, la publicidad de la audiencia pudiere perjudicar a los intereses de la justicia o comprometer un secreto protegido por la ley. Contra la decisión del tribunal solo cabrá el recurso de reposición."

Esquema y primeros comentarios sobre la estructura del nuevo proceso penal uruguayo

Sin perjuicio de las cuestiones de vigencia sobre las cuales ya hemos alertado en anterior oportunidad, se puede señalar que el nuevo proceso penal "ordinario" (véase que el abreviado tiene otra regulación, según surge de lo dispuesto en los arts. 272 y 273 del nCPP), regulado por la Ley N° 19.293 y modificativas, tendrá esquemáticamente las siguientes etapas:

1) INDAGATORIA PRELIMINAR.-  

Según el art. 256 del nCPP se inicia cuando exista flagrancia delictual; por denuncia o instancia, formulada de acuerdo con las previsiones del Código; por iniciativa del Ministerio Público, cuando haya tenido conocimiento del hecho por cualquier medio idóneo.

Si bien se la ha calificado como una etapa de carácter administrativo, no compartimos dicha afirmación efectuada con esa generalidad, básicamente por las siguientes razones: 
- lo establecido en relación a la competencia de los Juzgados Letrados de Primera Instancia de la materia penal, art. 25 del nCPP.
- la actuación del órgano jurisdiccional ante distintas situaciones que pueden llegar a acaecer en la indagatoria preliminar, como ser, a modo de ejemplo, las previstas en los arts. 31, 81.2 lit. f, 98, 169.3, 184.1, 213, 259 ordinales 1 y 4, 260, 261, 264 del nCPP. 
- la intervención del imputado rodeada de las garantías fundamentales que se reconocen, por ejemplo, en los arts. 7, 63, 64, 71, 72, 169.3, 263 del nCPP.
- la eventual intervención de la víctima en la indagatoria, conforme el art. 80 y 81 del nCPP.
- se pueden adoptar medidas limitativas de la libertad ambulatoria, según se establece en los arts. 221 y 222 del nCPP.
- la eventual celebración de audiencias orales y públicas, conforme lo dispuesto en los arts. 260 y 264 del nCPP.
- la inclusión formal de los arts. 256 y ss. del nCPP dentro del "LIBRO II. PROCESO DE CONOCIMIENTO. TÍTULO I - DEL PROCESO ORDINARIO EN MATERIA DE CRIMENES Y DELITOS" del Código.

2) SOLICITUD DE AUDIENCIA DE FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.- 

Solicitud efectuada de inmediato y verbalmente (si el imputado se encuentra detenido), o por escrito por el Fiscal, cuando existan elementos objetivos suficientes que den cuenta de la comisión de un delito y de la identificación de sus presuntos responsables (art. 266 del nCPP). Corresponde recordar que la investigación podría no haberse iniciado o se podría haber dado por terminada, según se establece en los arts. 45 y 98 y ss. del nCPP. 

3) AUDIENCIA DE FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.- 

De cumplirse los requisitos formales, o habiéndose subsanado estos, los plazos para celebrar la audiencia son los establecidos en el art. 266 ordinales 4 y 5 del nCPP: la audiencia deberá celebrarse dentro de las veinticuatro horas siguientes a dicha detención, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución de la República; en caso contrario (sujeto que no se encuentra detenido) la audiencia se deberá celebrar en un plazo no mayor a 20 días, aparentemente de recibida la solicitud (no quedando claro si el plazo se suspende si la solicitud presentaba defectos formales). En la audiencia se podrá producir prueba a solicitud de la defensa, en relación a la cautela. Se dictará una resolución judicial de múltiple contenido, acerca de la legalidad de la detención si fuese el caso; la admisión de la solicitud fiscal de formalización de la investigación; el pedido de medidas cautelares que haya formulado el fiscal o la víctima (prisión preventiva inclusive); sobre toda otra petición que realicen las partes.

4) ACUSACIÓN.- 

No obstante el plazo previsto para la investigación que se ha formalizado judicialmente (art. 265 del nCPP), no hay un plazo para que el fiscal presente su acusación (arts. 127, 266 y ss. del nCPP). Quedan algunas inconsistencias en el Código, fruto de las diversas leyes que se han ido aprobando luego de su redacción original, como las incluidas en los arts. 47 y 383 del nCPP. En relación al sobreseimiento, véase en especial, arts. 129 y ss. del nCPP.

5) TRASLADO DE LA ACUSACIÓN.- 

De acuerdo a lo dispuesto en el art. 127 del nCPP, recibida la acusación el juez emplazará al acusado y su defensor, notificándole la acusación en su contra, para que en el plazo de 30 días ofrezca la prueba que pretende producir en juicio oral. Si hubiere varios enjuiciados con diversos defensores, el plazo para evacuar el traslado será común a todos ellos. 

6) AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN.- 

Evacuado el traslado antes referido, o vencido ese plazo, se convocará dentro de los 10 días siguientes a la audiencia de control de acusación, cuyo contenido se encuentra previsto en el art. 268 del nCPP, al cual remitimos. 

7) AUTO DE APERTURA DE JUICIO ORAL.-  

Dentro de los 3 días de concluida la audiencia, conforme lo dispuesto en el art. 269, se dictará el denominado auto de apertura a juicio, también de contenido múltiple, y que presenta la particularidad que es irrecurrible. Se trata de una especie de providencia que sirve para ordenar el proceso y las actuaciones futuras que se deberán realizar. 

8) PREPARACIÓN DEL JUICIO ORAL.- Según se dispone en el citado art. 269, ordinal 2, en el plazo de 5 días de dictado el auto de apertura de juicio oral, se comunicará a las partes el juez que intervendrá en la audiencia y la fecha de su realización, la que deberá tener lugar no antes de diez días ni después de tres meses desde la notificación del auto referido. Se produce aquí una modificación en el órgano judicial que hasta ese momento venía interviniendo (véase, además, arts. 24, 25 y 29 del nCPP en sede de competencia de tribunales y juzgados, en actuaciones previas y posteriores a las "audiencias de juicio").

9) AUDIENCIA DE JUICIO ORAL.- 

Su contenido se encuentra regulado en los arts. 270 y 271 del nCPP, incluyéndose en el mismo la referencia a actos procesales de alegación o presentación inicial, producción de prueba y alegatos finales. El tribunal podrá suspender la audiencia por razones de absoluta necesidad y por el tiempo mínimo que resulte necesario, el que no podrá extenderse por más de 10 días, salvo casos excepcionales y debidamente fundados.

10) SENTENCIA.- 

Al término de la audiencia se dictará la sentencia definitiva. Excepcionalmente, cuando la complejidad del asunto no permitiere pronunciar la decisión inmediatamente, el tribunal podrá prorrogar la audiencia por un plazo no mayor a 15 días para dictar la sentencia con sus fundamentos (arts. 119 y ss. y 271.7 del nCPP).

Sugerencia para citas: SOBA BRACESCO, I. M., "Esquema y primeros comentarios sobre la estructura del nuevo proceso penal uruguayo", en Derecho Procesal [Blog], , (fecha de acceso).

La cuestión de la vigencia del nuevo Código del Proceso Penal

El 1° de noviembre de 2017 entra en vigencia el nuevo Código del Proceso Penal (Ley N° 19.293, de 19 de octubre de 2014 y modificativas). 

La Ley N° 19.544, de 20 de octubre de 2017, publicada en el Diario Oficial el 30 de octubre de 2017, fue la última de las modificaciones al Código de las publicadas con anterioridad al 1° de noviembre de 2017.

Esa Ley N° 19.544, con modificaciones relevantes al nuevo CPP -que entre otras cosas incluían la derogación de la libertad condicional y la suspensión condicional de la pena-, dispuso en su art. 11 que la misma regiría simultáneamente con la entrada en vigencia de la Ley N° 19.293 y sus modificativas, consagrando así una solución especial diferente a la del art. 1 del Código Civil. La Ley N° 19.544 se encuentra en vigencia, aún cuando no hubiese sido publicada en el Diario Oficial al 1° de noviembre de 2017.

Las modificaciones aprobadas por Ley N° 19.549, no cuentan con una solución especial, de similar tenor a la del art. 11 de la Ley N° 19.544, en cuanto a su vigencia. 

En virtud de lo anterior, habría que esperar a los 10 días siguientes a su publicación, conforme lo que surge de la interpretación del art. 1 del Código Civil (aunque para algunos podría resultar una disposición un tanto anacrónica o discutible): 

"Las leyes sólo son obligatorias en virtud de su promulgación por el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo determinará la forma de la promulgación; y desde que ésta pueda saberse, las leyes serán ejecutadas en todo el territorio de la República. La promulgación se reputará sabida diez días después de verificada en la Capital."

Por tanto, al 1° de noviembre de 2017 comenzará a regir el nuevo CPP con un proceso penal que contará, entre otras muchas cosas, con una estructura diferente a la que se aprobó por Ley N° 19.549. En ese sentido, de la audiencia de formalización y la audiencia de juicio se pasó a una audiencia de formalización, una audiencia de control de la acusación, una audiencia de juicio oral, etc.

Otra cuestión que entendemos de gran relevancia es que en las modificaciones al nuevo CPP aprobadas por Ley N° 19.549, se incluyó una regla especial de competencia que establece que el Juez de la formalización es diferente del Juez que intervendrá en el llamado juicio oral. Dice la referida modificación al CPP, aún no publicada al 1° de noviembre, que el Juez automáticamente deberá dejar de intervenir, pues quedará impedido de celebrar la audiencia de juicio y de dictar sentencia.

La interrogante es, pues, qué sucederá con los procesos que se comienzan a regir por el nuevo Código el 1° de noviembre de 2017, pero que son anteriores a la vigencia de la Ley que modifica el Código en el aspecto que acabamos de considerar. 

Parecería que se debe aplicar en ese supuesto el art. 16 del nuevo CPP en cuanto establece: 

"(Ley procesal penal en el tiempo). Las normas procesales penales son de aplicación inmediata y alcanzan incluso a los procesos en trámite.
No obstante, no regirán para los recursos interpuestos ni para los trámites, diligencias o plazos que hubieren empezado a correr o tenido principio de ejecución antes de su entrada en vigor, los cuales se regirán por la norma precedente.
Asimismo, el tribunal que esté conociendo en un asunto continuará haciéndolo hasta su terminación, aunque la nueva norma modifique las reglas de competencia.
Todo ello, salvo que la nueva ley suprima un recurso, elimine algún género de prueba o en general perjudique al imputado, en cuyo caso dicho proceso se regirá en ese punto, por la ley anterior." (énfasis agregado).

En consecuencia, en esta reflexión preliminar, se puede señalar que para esos procesos penales que aplica el nuevo CPP a partir del 1° de noviembre de 2017, no correspondería el cambio de tribunal luego de la formalización, y para los posteriores a la vigencia de la modificación al Código (Ley N° 19.549), la regla será otra.

Por último, simplemente recordar que existe una disposición transitoria en el art. 402 del nuevo CPP (en redacción dada por Leyes N° 19.436, 19.511 y 19.544), a la cual remitimos, y que dispone -entre varias cosas más- que desde el día de la entrada en vigencia de este Código, el nuevo régimen se aplicará a todas las causas que tengan inicio a partir de dicha fecha, entendiéndose por fecha de inicio de una causa aquella en la cual el hecho con apariencia delictiva que la motiva llega a conocimiento del Ministerio Público, con independencia de la fecha de su comisión. A su vez, las causas penales en trámite a la fecha de entrada en vigencia de este Código continuarán rigiéndose por las disposiciones del Decreto-Ley N° 15.032, de 7 de julio de 1980, hasta que la sentencia definitiva pase en autoridad de cosa juzgada, con las excepciones previstas en este Código.