Teoría general de la prueba y CGP. Su aplicación al proceso contencioso administrativo de anulación

La teoría general permite no sólo identificar los conceptos e institutos generales aplicables en los diferentes procesos[1], sino que también posibilita proyectar y construir, de forma uniforme, las garantías.[2]

Devis Echandía formula y da respuesta a la siguiente pregunta: “¿Existe una teoría general de la prueba, aplicable a los procesos civil, penal, laboral, contencioso administrativo, etc.?, para luego señalar a ese respecto que: “…la mayoría de ellos [refiere a los principios generales de la prueba judicial] tiene aplicación a toda clase de procesos, y sólo unos pocos (…) se encuentran regulados legalmente en desacuerdo, en algunos países, pero en otros de más moderna legislación ha desaparecido tal diferencia”, y agrega que: “En cuanto a los procesos laborales, contencioso administrativo, de aduanas, fiscales y comerciales, donde existen jurisdicciones especiales, no hay dificultad teórica ni práctica para aplicarles los principios generales que rigen para la prueba en el proceso civil, sea que se encuentren sujetos a las mismas deficiencias legislativas o que estén organizados de manera más moderna y eficaz…”.[3]

Son los postulados de la teoría general los que permiten solucionar problemas prácticos, así como adaptarse a las diferentes dificultades probatorias que se pueden presentar, utilizando para ello los criterios generales y garantistas. Esto es lo que también ha procurado, en algunos ordenamientos, el derecho procesal comparado.

En España, por ejemplo, la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 refiere concretamente en su art. 4 al carácter supletorio de sus disposiciones con relación al resto del sistema procesal: “Carácter supletorio de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En defecto de disposiciones en las leyes que regulan los procesos penales, contencioso-administrativos, laborales y militares, serán de aplicación, a todos ellos, los preceptos de la presente Ley.”.[4]

Es que como puntualiza Devis Echandía: “…no obstante la distinta regulación que legislativamente suele darse (…) la institución de la prueba judicial conserva su unidad en lo referente a los delineamientos y principios generales”.[5]

La aplicación supletoria de las normas procesales contenidas en el CGP contribuye a solucionar diversos problemas forenses, colmar eventuales vacíos normativos y a dar mayor consistencia a las soluciones jurisdiccionales, sea que provengan del TCA, sea que emanen del Poder Judicial.

En ese sentido, el TCA ha indicado que se debe estar -en función de lo dispuesto en los arts. 58 y 104 del Decreto Ley N° 15.524, de 9 de enero de 1984- a lo previsto en el CPC y modificativas; sin perjuicio de la posibilidad de integrar o aplicar supletoriamente el CGP en aspectos no regulados.

Dicha posición se ha explicitado en diversas sentencias de interés, en las cuales se destaca lo siguiente: “…el C.G.P. que corresponde considerar como una ley que rige la materia, concordante y complementaria (aunque no sea modificativa sino derogatoria del C.P.C. con excepción para este proceso. En doctrina, sobre el punto véase SOBA BRACESCO, Ignacio M.: “La prueba pericial y el informe del asesor de parte en el proceso contencioso administrativo de anulación” págs. 112 y 113; BUSCHIAZZO FIGARES, Elisa: “-Plazos procesales-Reflexiones teóricas a partir del estudio de algunos problemas prácticos”, págs. 26 a 28; ambos aportes doctrinarios en AA.VV. “XVI Jornadas Nacionales de Derecho Procesal”, Paysandú-Uruguay, Mastergraf, 2013; DURÁN MARTÍNEZ, Augusto: “Medidas cautelares en el contencioso administrativo de anulación uruguayo” en AA.VV. “Estudios jurídicos en homenaje al Profesor Juan Pablo CAJARVILLE PELUFFO”, FCU, 1ª Edición, 2011, págs. 762 a 766.; BAROFFIO, Alberto: “Garantías del administrado en el proceso contencioso administrativo de anulación” en Revista de Derecho y Tribunales No. 11, Amalio M. Fernández, 2009, págs. 126 a 129; para la aplicación del C.G.P. por el TCA véase: SÁNCHEZ CARNELLI, Lorenzo: “El Código General del Proceso en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo” en Revista de Derecho Público, FCU, Año 9, Número 18, 2000, págs.113 a 123). El Tribunal, por otra parte, ha considerado que el C.G.P. resulta aplicable en el proceso contencioso administrativo de anulación, en forma supletoria y atendiendo a las características de aquél, admitiéndose la aplicación del C.G.P. mediante variada fundamentación: por analogía (Sentencia No. 4/2012), a través de la norma de integración -ex art. 104 del Decreto-Ley 15.524 (Sentencias Nos. 612/2006 y 682/1999, 807/1998, entre otras).” (énfasis agregado).[6] 

A modo ilustrativo, hemos sostenido en obra aún sin publicar, vinculada a la prueba en el proceso contencioso administrativo de anulación, que corresponde aplicar las normas del CGP al referido proceso, en los supuestos de rechazo in limine de la prueba (exigiendo para algunas hipótesis que la misma revista la nota de “manifiesta”), en sede de valoración de la prueba (en función de la pautas o reglas legales sobre la sana crítica que existen en el CGP), en lo relativo a la agregación de los antecedentes administrativos y las consecuencias de su omisión (refiriendo a las modificaciones que la Ley N° 19.090 introdujo, por ejemplo, en el art. 5 del citado Código), en materia de control e impugnación del dictamen pericial, etc. 

En definitiva, el procedimiento probatorio del contencioso administrativo de anulación, se debe acercar a los postulados de la teoría general de la prueba, fortaleciendo las garantías del debido proceso. No se deben descartar las soluciones consagradas en el CGP a los efectos de lograr consistencia, coherencia y racionalidad en lo que refiere a las soluciones de los problemas prácticos que se presentan en materia probatoria.

[1] Véase, sobre el punto, GAIERO GUADAGNA, B. J. y SOBA BRACESCO, I. M., “¿Cómo puede influir en la valoración de la prueba la abreviación estructural de los nuevos procesos extra-CGP?”, en XV Jornadas Nacionales de Derecho Procesal (Mercedes, 2011), FCU, Montevideo, 2011, pp. 107-125.
[2] La actividad probatoria se encuentra sujeta a garantías, no sólo constitucionales, sino también provenientes de instrumentos internacionales de Derechos humanos, o de normas de rango legal que la ubican como una actividad jurídicamente regulada. De ahí que, por ejemplo, pueda existir prueba ilícita, cuando no se ajusta a la regla de derecho. En relación a la prueba y las garantías, Devis Echandía expresó: “El derecho de probar no tiene por objeto convencer al juez sobre la verdad del hecho afirmado, es decir, no es un derecho a que el juez se dé por convencido en presencia de ciertos medios de prueba, sino a que acepte y practique las pedidas o presentadas por las partes y las tenga en cuenta en la sentencia o decisión (con prescindencia del resultado de su apreciación).”. Cfr., DEVIS ECHANDÍA, H., Teoría general de la prueba judicial, Tomo I, Víctor P. Zavalía, Buenos Aires, 1981, 5ª edición, p. 37. Por su parte, Taruffo, con meridiana claridad expositiva señaló: “…las garantías procesales de las partes serían meramente formales y vacías si se les impidiera presentar todos los medios de prueba relevantes que necesitan para acreditar sus versiones de los hechos en litigio. (…) el derecho a presentar todos los medios de prueba relevantes que estén al alcance de las partes es un aspecto esencial del derecho al debido proceso y debe reconocerse que pertenece a las garantías fundamentales de las partes.”. Cfr.,  TARUFFO, M., La prueba, Marcial Pons, Madrid, 2008, p. 56.
[3] DEVIS ECHANDÍA, H., Teoría general de la prueba judicial, Tomo I, Víctor P. De Zavalía, Buenos Aires, 1981, 5ª edición, pp. 16-18.
[4] Moreno Catena y Contreras, analizando dicha disposición, han señalado que: “La LEC aparece como la disposición básica de nuestro ordenamiento jurídico procesal, capaz de integrar las lagunas normativas de las demás leyes que regulan la actividad jurisdiccional en otras ramas del Derecho. Ya en la etapa de codificación en nuestro país a finales del siglo XIX y principios del XX, surge la idea de la supletoriedad como remedio lógico para las lagunas apreciadas en los textos legales. (…) La nueva LEC, introduce por primera vez ese carácter, en su art. 4, y parece remitir a la idea de un código procesal único (…) que sería complementado por un texto reducido para las especificidades de cada una de las demás ramas del proceso. (…) junto a los textos procesales de cada una de las leyes de esa naturaleza se establece un texto de referencia, no solamente para los casos de laguna legislativa, sino como mecanismo habitual de complementación a falta de regulación específica” (cfr., MORENO CATENA, V., y CONTRERAS, L. M., “Comentarios prácticos a la Ley de Enjuiciamiento Civil. Arts. 1 a 5”Revista InDret, 2/2004, Barcelona, 2004, ). Por nuestra parte estimamos que una disposición de este tipo podría llegar a ser de utilidad también en nuestro Derecho procesal. Ello permitiría unificar soluciones, evitar contradicciones e incoherencias, dando mayor racionalidad formal y material al sistema. Asimismo, evitaría que cada norma especial tuviese que prever el mecanismo de aplicación supletoria o la remisión a normas procesales generales, lo que implicaría una mejor técnica legislativa (menos dispersa y menos reiterativa). En definitiva, una optimización de la herramienta procesal, en beneficio de la simplicidad. Véase, a modo ilustrativo, GAIERO GUADAGNA, B. J. y SOBA BRACESCO, I. M., “Aplicación supletoria del Código General del Proceso en el proceso de habeas data”, en XV Jornadas Nacionales de Derecho Procesal en homenaje al Dr. José Arlas, FCU, Montevideo, 2011, pp. 381-387; La tutela procesal ante el acoso sexual y moral, con prólogo de la Prof. KLETT, S., La Ley Uruguay, Montevideo, 2015, pp. 123 y ss.
[5] DEVIS ECHANDÍA, H., Teoría general de la prueba judicial, Tomo I, Víctor P. De Zavalía, Buenos Aires, 1981, 5ª edición, p. 114.
[6] Cfr., TCA, sent. n° 812/2015, de 06/11/2015, SASSÓN, GÓMEZ TEDESCHI, TOBÍA -r.-, ECHEVESTE, CASTRO. En un caso relacionado a la admisibilidad de una “declaración de parte” (la parte actora ofrecía en el proceso su propia declaración), el Tribunal entendió que en mérito a lo dispuesto en el art. 104 del Decreto Ley N° 15.524, “…resulta de aplicación el art. 148 del CGP, en cuanto dispone que ‘las partes podrán recíprocamente pedirse posiciones o interrogarse en la audiencia de prueba, sin perjuicio de las facultades que asigna al Tribunal el art. 24, numeral 5º’...”.Cfr., TCA, sent. n° 612/2006, de 11/09/2006, ROCHÓN (r.) DR. LOMBARDI, DR. PREZA.

El interrogatorio de peritos. Su importancia

Las breves reflexiones que a continuación se consignan, han sido propiciadas por la lectura de un muy recomendable trabajo de la magistrada y profesora Alicia Castro, referido al error de diagnóstico, pero en el que se abordan cuestiones relativas a la prueba pericial.

Precisamente, la citada profesora indica que: “Lo primero es que no debe omitirse la pregunta al perito sobre el nexo causal -muchas veces se le hacen preguntas irrelevantes y se omiten otras pertinentes- y la segunda es que hay que pedir al perito la prueba de lo que afirma y esto no es nada frecuente en nuestra práctica judicial.” (cfr., CASTRO, A., “Error de diagnóstico. Diez años de experiencia en un tribunal civil”, en Doctrina y jurisprudencia de Derecho civil, Año IV, Tomo IV, Montevideo, FCU, 2016, p. 76).

Esto nos lleva a destacar, una vez más, que el interrogatorio a los peritos es una gran oportunidad para obtener información relevante para contextualizar la prueba y acercarse un poco más a la verdad en el proceso. Es de gran importancia a la hora de controlar la prueba pericial en el proceso. Como hemos tenido oportunidad de señalar en nuestra obra Relación de causalidad y prueba pericial (La Ley Uruguay , Montevideo, 2016, pp. 300), se debe procurar obtener información acerca de las "fuentes" de las cuales el perito extrae el conocimiento que vuelca al proceso, para verificar su fiabilidad, su adecuación al caso concreto. En ese sentido, las partes, y por supuesto el juez, tienen que ilustrarse acerca de la idoneidad del experto, el método empleado por el mismo, su grado de aceptación en la comunidad científica relevante (con los obstáculos que esto conlleva), la utilización del método en la práctica profesional que se juzga, etc. Todas cuestiones de gran dificultad teórico-práctico, pero en las que hay que buscar ingresar para intentar comprender un poco más acerca de la producción de la prueba pericial y poder determinar, con mayor justeza, cuál es su eficacia probatoria.

Los principios de los procesos laborales


"CAPITULO I - PRINCIPIOS
Artículo 1.-

Los procesos laborales se ajustarán a los principios de oralidad, celeridad, gratuidad, inmediación, concentración, publicidad, buena fe y efectividad de la tutela de los derechos sustanciales.
El Tribunal, de oficio, podrá averiguar o complementar la prueba de los hechos objeto de controversia, quedando investido, a tales efectos, con todas las facultades inquisitivas previstas para el orden procesal penal."

Estamos ante el primer artículo de la Ley de Procesos Laborales (en adelante “LPL”), que precisamente se dedica a los principios a los cuales se “ajustarán” los procesos laborales en general. Véase que la norma parece no limitarse a los procesos laborales regulados por la LPL, pudiendo resultar de aplicación a otros procesos en los que se sustancian pretensiones de la materia laboral (el art. 3 lit. C de la Ley N° 17.940 -de tutela de la libertad sindical- establece que el proceso se ajustará a los principios de "...celeridad, gratuidad, inmediación, concentración, publicidad, buena fe y efectividad de la tutela de los derechos sustanciales.", sirviendo de antecedente casi idéntico a la norma que aquí se comenta). 

Respecto del principio de oralidad, los procesos laborales no se “ajustan” estrictamente al mismo, ya que se pueden considerar “mixtos”, en parte escritos, en parte orales (hay actos o actividades procesales escritos -como los actos de proposición- y acto o actividades que se desarrollan de manera oral -por ejemplo, en las denominadas audiencias únicas-).

El principio de celeridad es muy importante para el proceso laboral, en función de la naturaleza de las pretensiones que se sustancian en el mismo, las que no admiten dilaciones o tardanzas injustificadas, pues se caracterizan, muchas veces, por llevar consigo el cubrir necesidades de carácter alimentario (en sentido amplio). Esto también se vincula a la consagración de un proceso de menor cuantía e instancia única, por el cual se tramitan pretensiones laborales hasta cierto monto . Se justifica la inclusión del principio a texto expreso (principio que no ha sido así enunciado en el CGP), por la importancia real de la celeridad en los reclamos laborales, cuando son trabajadores que solicitan rubros esenciales para mantener a sus familias, y no puedan ser sustanciados (esos reclamos) en procesos que -como sucedía antes de la LPL- llevaban años de tramitación (su tramitación era por el proceso ordinario del CGP que, como es sabido, aplica con carácter general a reclamos de tipo civiles, comerciales, etc.). Claro que la crítica de duración excesiva de los procesos en relación a las particularidades de su objeto es una cuestión general. La duración razonable de los procesos es un componente esencial de cualquier tutela jurisdiccional que se precie de ser efectiva (en ese sentido, y a modo meramente ilustrativo, arts. 11 y 14 del CGP). La celeridad, por tanto, no es un principio que sea exclusivo de la LPL, pero se podría decir que se manifiesta o adquiere cierta fuerza en los procesos en estudio. 

Algunas manifestaciones del principio se pueden apreciar en la intención de la LPL de "abreviar" los plazos procesales en relación a los procesos ordinarios y extraordinarios del CGP. En fijar plazos para la convocatoria a la audiencia única (véase, arts. 13 y 21 de la LPL), etc. Resulta interesante señalar que la fijación de plazos para las audiencias luego se trasladó también al CGP (conforme ya se tuvo oportunidad de analizar).

El principio de gratuidad -véase más adelante art. 28- permite considerar -con gran amplitud- que “todas” las actuaciones administrativas y judiciales serán gratuitas para la parte trabajadora, incluidos impuestos y tasas registrales y catastrales, expedición de testimonios de partidas del Registro de Estado Civil, certificados y sus legalizaciones. Esto se relaciona también con la naturaleza de lo pretendido y del objeto social de estos procesos. Facilita el acceso a la justicia y a la obtención de la tutela jurisdiccional correspondiente.

El principio de inmediación -previsto como inmediación procesal en el art. 8 del CGP- es un proceso general del proceso civil -entendido en sentido amplio-. Tanto las audiencias como las diligencias de prueba que así lo permitan, deben realizarse por el tribunal, no pudiendo éste delegarlas. El CGP contiene una regulación expresa que agrega que la consecuencia de desconocer el principio es la nulidad absoluta, salvo excepciones. En el CGP se hace mención genérica a disposiciones de rango legal que pueden excepcionar el principio general de inmediación (las que no se aprecian en la regulación que ofrece la LPL). En el CGP se plante una fórmula que reconoce la posibilidad de excepciones a este valioso principio, estrechamente asociado al proceso por audiencias.

El principio de concentración tiene regulación expresa en la LPL y también en el art. 10 del CGP, en la parte dedicada a los principios en general, o de los principios procesales en particular. Se trata de un principio con varios efectos positivos, como se ha recogido a partir de la experiencia procesal de litigación en el ámbito del CGP (por ejemplo, por el éxito que ha significado la “audiencia preliminar”). Por supuesto, también las audiencias únicas de los procesos laborales son un ejemplo de este principio (se ha buscado concentrar actividades, evitar la prórroga injustificada de audiencias, etc.). Se trata de audiencias que se espera sean "únicas" (arts. 14 y 22 de la LPL), y que tienen la aptitud de concentrar diferentes actividades procesales.

Es un principio que también, en cuanto a la prueba, ha tenido gran relevancia práctica, pues salvo excepciones, la misma se produce en audiencias. Otros ejemplos en donde se puede destacar al principio de concentración –normalmente actuando junto con otros principios- son: el acompañar la prueba documental y otros elementos a los actos de proposición inicial; en las actitudes del demandado, ya que el demandado puede, eventualmente, adoptar diferentes actitudes, pero si adoptara más de una de estas actitudes, deberá hacerlo en forma simultánea y en el mismo acto. La consagración de principios como el de concentración también puede requerir de mayores dotaciones presupuestales o de recursos financieros, materiales y humanos. Esto se aprecia, por ejemplo, cuando se diseña un proceso en el que la oralidad y las audiencias tienen su relevancia e incidencia. Precisamente, la audiencia permite acercar a la comunidad de sujetos jurídicos que es un proceso, y permite la concentración de actos, ofreciendo grandes ventajas desde el punto de vista procesal. Sin embargo, el proceso por audiencias o el proceso mixto, necesita de capacitación de todos los sujetos del proceso, infraestructura adecuada, recursos técnicos, etc. que hagan posible su efectiva implementación. De lo contrario, se puede generar un problema de gestión procesal significativo, que se vuelva en contra de las expectativas que llevaron a su consagración legislativa.

El principio de publicidad previsto en el art. 1 de la LPL no incluye una referencia a su contracara -la reserva-. Parecería, pues, que tiene incidencia general, consagrando tanto una publicidad interna (a nivel de los sujetos del proceso) como externa (frente a terceros ajenos al mismo). Sin perjuicio de lo anterior, podría entenderse aplicable la reserva de las actuaciones procesales, cuando haya razones para ello, en función de la aplicación en lo pertinente de las reglas previstas, por ejemplo, en el CGP.

El principio de buena fe se ha previsto genéricamente, sin el grado de detalle que se puede apreciar por ejemplo, en el art. 5 del CGP. Es un principio general que también tiene aplicación en la LPL. Es importante su conexión con principios generales del Derecho del Trabajo como el de primacía de la realidad y también por su vinculación con la averiguación de la verdad material.

El principio de “efectividad de la tutela de los derechos sustanciales” nos recuerda lo que en su momento previera el art. 14 del CGP como una de las pautas, criterios o reglas de interpretación de la norma procesal. También convoca la idea o característica de “instrumentalidad” del Derecho procesal, como derecho tradicionalmente conocido como formal o adjetivo, pero que es verdaderamente un Derecho de garantías, pues es el modo de hacer efectivo los derechos sustanciales cuando los mismos son desconocidos, vulnerados o incumplidos. Su inclusión como principio en el art. 1 de la LPL refuerza la idea de que el Derecho “material”, “sustancial” o de “fondo”, que es el Derecho del Trabajo, requiere de procesos laborales adecuados al objeto que lo condiciona, para cumplir cabalmente con su función o finalidad tuitiva o protectora.

Esta enunciación de principios no puede hacernos olvidar que existen principios generales o especiales que no han sido recogidos expresamente en el artículo en cuestión, pero que igualmente son aplicables a los procesos laborales y son utilizados por los operadores del campo jurídico (para poner un solo ejemplo, principio dispositivo). Algunos de esos principios se derivan de la garantía fundamental del debido proceso, otros de la tutela jurisdiccional efectiva, otros de la forma republicana de gobierno, etc. Esto se vincula con las garantías constitucionales del proceso o las garantías recogidas en instrumentos internacionales de Derechos humanos. Hay principios que se extraen de diversas normas escritas, las que se pueden encontrar en una o varias leyes de interés procesal o en disposiciones de diverso rango normativo. O sea, hay posibilidad de extraerlos por deducción de normas individuales o de extraerlos por inducción de grupos de disposiciones. La LPL tiene una enunciación sucinta de los principios en el art. 1, el CGP uruguayo, en tanto, ha optado, siguiendo al Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica, por introducir un capítulo de “Principios generales” dentro de sus “Disposiciones generales”, pero ello no quiere decir que los que allí se encuentren sean los únicos principios procesales aplicables al proceso laboral o civil uruguayo. Se trata de una manifestación típica de política legislativa procesal, como opción de autoridad entre técnicas, reglas o principios, a los efectos de lograr una determinada finalidad. Entiendo que normas como las del art. 1 de la LPL lo que hacen, en definitiva, es facilitar la ubicación, la individualización y la utilización de los principios, simplificando la tarea de los operadores jurídicos, evitando dudas, en particular a nivel de la praxis forense.

Por último, hay que recordar que tanto en el art. 30 de la LPL -sobre interpretación- y en el art. 31 -sobre integración- se hace mención los principios aquí enunciados, a los principios y reglas que integran el bloque de constitucionalidad (arts. 72 y 332 de la Constitución de la República) y a los principios del Derecho del Trabajo. Estos principios, en función de dichas normas, también terminan teniendo incidencia en algunos aspectos de la regulación procesal laboral o laboral procesal, según como se la prefiera denominar.

Leyes posteriores al nuevo CPP (año 2014 a la fecha): reseña de interés para el proceso penal

- Ley N° 19.511, de 14 de julio de 2017. Modificación al art. 402 del nCPP, consagrando, entre otras cuestiones relevantes, el régimen de aplicación transitoria para los procesos en trámite. 

- Ley N° 19.510, de 14 de julio de 2017. Modifica nuevamente la entrada en vigencia del nCPP, estableciéndose ahora para el día 1° de noviembre de 2017 (para ello se modifica el art. 403 del nCPP).

- Ley N° 19.483, de 5 de enero de 2017. Regulación de la Fiscalía General de la Nación (principios, cometidos, estructura orgánica, etc.).

- Ley N° 19.474, de 30 de diciembre de 2016. Modificaciones a los arts. 45, 49 y 62 del Nuevo CPP (se incluyen referencias a la Policía Área Nacional).

- Ley N° 19.446, de 28 de octubre de 2016. Modifica el régimen de las libertades en el proceso penal. Asimismo, establece que sus disposiciones son de aplicación inmediata y que continuarán en vigencia en todo aquello que sea “concordante y complementario” en relación al nuevo CPP (art. 19). 

- Ley N° 19.436, de 23 de septiembre de 2016. Modifica varias disposiciones de la Ley Nº 19.293, por ejemplo, en materia de vías alternativas de resolución del conflicto penal.

La apelabilidad en el proceso de ejecución de sentencias laborales: un argumento para la autonomía del proceso de ejecución?

Los procesos laborales de conocimiento tienen su regulación, básicamente, en la Ley N° 18.572, de 13/09/2009 y su modificativa, la Ley N° 18.847, de 25/11/2011. 

Ahora bien, su art. 27 dispone en relación a la ejecución de la sentencia que: "...La ejecución de sentencia se llevará a cabo en los Juzgados especializados que hayan conocido en el proceso de conocimiento. En caso de concurso, se estará a lo dispuesto por la Ley Nº 18.387, de 23 de octubre de 2008.". No previendo sobre el punto ninguna otra cuestión relevante (sin perjuicio de otras menciones a títulos de ejecución y al CGP en el arts. 4 in fine y 14 n° 2 de la Ley N° 18.572).

Por tanto, en la normativa laboral procesal o procesal laboral (según se prefiera denominar), no se regula el proceso de ejecución de las sentencias de condena a pagar cantidad de dinero líquida (v.gr., siempre líquida, en virtud de lo dispuesto en el art. 15 de la citada Ley N° 18.572, no pudiéndose tramitar un proceso de liquidación de sentencia -art. 378 del CGP) y exigible, que se dicten en el proceso laboral. Dicha ejecución deberá necesariamente tramitar por lo dispuesto, con cáracter general, para la ejecución de las sentencias, en los arts. 371 y ss. del CGP, correspondiendo la tramitación de la vía de apremio (aunque resulte una obviedad indicarlo, no se excluye de la regulación de los títulos de ejecución del art. 377 del CGP a las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada dictadas en el fuero laboral). 

Esto sería un argumento más en la línea de la autonomía del proceso de ejecución, por contraposición a la posición que entiende que se trata de una etapa de un mismo y único proceso. 

Pero lo que es aún más contundente, y es lo que aquí quiero dejar para la reflexión -como en clase, cuando lo planteamos y conversamos con el Dr. Santiago Garderes y con el Dr. Gerardo Pini-, es que el argumento de la autonomía se ve con más claridad en lo que refiere a la apelabilidad de las sentencias. Por supuesto, ello presenta un fuerte interés práctico, que excede la cuestión teórica de la discusión acerca de la naturaleza jurídica del proceso de ejecución, y que se vislumbra en el caso de la ejecución de las sentencias de los procesos laborales abreviados, distintos del laboral ordinario, y que tramitan en única instancia (arts. 19 a 23 de la Ley N° 18.572).

Si se entendiera que estamos ante una etapa de un único proceso (en el caso, laboral), la limitación a la apelabilidad prevista en el art. 23 de la Ley N° 18.572 se debería hacer extensiva a la ejecución de la sentencia (admitiendo, por ejemplo, recurso de reposición, mas no apelación). 

En cambio, si consideramos que estamos ante un proceso autónomo de ejecución, distinto del proceso de conocimiento laboral abreviado que lo precedió (tramitado en única instancia), la apelabilidad de ciertas resoluciones se debería admitir (aunque con carácter limitado o restringido), según se establece en el art. 373.3 y 393 del CGP.

Finalmente, queremos referir a un caso de jurisprudencia en el cual se planteó parte del problema. Allí, el Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 1° Turno, en sentencia interlocutoria n° 20/2014, de 7 de marzo de 2014 (Rossi -r-, Posada, Morales) expresó en relación al punto una muy interesante reflexión, aun cuando no termina por afirmar la posición del Tribunal en cuanto a que hubiera sucedido si tratase de un proceso tramitado por la vía abreviada:  "Correspondía pues la aplicación del modelo procesal reglado por los arts. 379.1 del Código General del Proceso en atención a la ausencia de regulación por el Derecho Laboral Procesal y la compatibilidad de aquel con los principios sobre los que se edifica éste así como el Derecho del Trabajo. Atiende aceptablemente la celeridad por cuanto establece un régimen de apelabilidad restringida , y propende a la efectividad de los derechos sustanciales ventilados en el proceso de conocimiento. La admisibilidad del recurso adoptada por la Sala en mayoría, posibilita la apertura de la instancia que se encaminará a enderezar el procedimiento hacia el que corresponde. Debe verse que si bien la pretensión deducida en el proceso de conocimiento no superaba el límite de cuantía previsto por el art. 19 de la ley 18.572 , en vez de seguirse el procedimiento de Menor cuantía, se siguió el ordinario de los arts. 7 y sgtes. De todos modos, no puede entenderse inficionado absolutamente el debido proceso por cuanto ambas partes conservaron sus posibilidades de defenderse atendiendo debidamente los principios que informan el actual Derecho Laboral Procesal."