Con respecto al art. 130 del Código, se incorpora en el ordinal segundo, un nuevo inciso que establece que los documentos se tendrán por auténticos si no se desconocen (véase, arts. 170 a 174 del Código). Asimismo, se hace mención a la “falta de contestación”, junto al silencio y las respuestas ambiguas o evasivas, considerando todos esos supuestos como admisión de los hechos alegados en la demanda. A su vez, se prevé ahora que el tribunal deba diligenciar los medios de prueba referidos a hechos no alcanzados por la regla de admisión (art. 137). Solo en circunstancias excepcionales podrá el tribunal no aplicar la regla de admisión, atendiendo a razones debidamente fundadas expuestas para invocar que no se recuerda algún hecho o circunstancia alegada por el actor. Esta regla (contemplada en la nueva redacción del art. 130), entiendo, se podría llegar a considerar como de carácter intermedio, entre la admisión y la actitud de expectativa.
Por su parte, en el art. 132 del Código se incorporan al elenco de actitudes del demandado el limitarse a comparecer y el provocar la intervención de terceros (véase arts. 51, 52 y 53 en la redacción dada a partir de la reforma) . Respecto de ésta última, se debe tener presente que “El emplazamiento de terceros en los casos en que, según la ley, corresponde su llamamiento al proceso” ya no integra el elenco de las excepciones previas, según se verá seguidamente en la nueva redacción dada al art. 133. Las actitudes, que deberán ejercerse de modo simultáneo, continúan rigiéndose por los principios de concentración y eventualidad.
A partir de la reforma, el art. 133 del Código se estructura en dos ordinales. En el primero se enuncian las excepciones previas. Precisamente, del elenco de excepciones, se destaca en primer lugar que, como surge de la reseña a los arts. 51, 52, 53 y 132, al ser eliminada la referencia al emplazamiento de terceros que figuraba como excepción previa en la redacción original con el numeral sexto, se intenta ahora armonizar la regulación y el procedimiento de la intervención provocada de terceros.
Con relación a la prescripción, se incluye una referencia expresa a que “no podrá ser alegada posteriormente” (reafirmando los principios de eventualidad y concentración), derogando de esa manera la solución prevista en el art. 1191 del Código Civil (solución similar se encuentra también en el art. 1015 del Código de Comercio).
A su vez, las restantes modificaciones se vinculan con la inclusión, junto a la falta de legitimación o interés –que surja manifiestamente de los propios términos de la demanda- a la improponibilidad manifiesta de la misma (cabe destacar que el art. 119 del Código no ha sido modificado), y el agregado del segundo ordinal. Dicho ordinal segundo se compone con lo que antes era el inciso final de la norma –ahora reformado- y otros agregados. A saber, la manifiesta falta de legitimación “en la causa” o interés y la improponibilidad manifiesta de la demanda son ahora relevables de oficio según la disposición que se comenta (sin perjuicio de lo que ya surgía con anterioridad de otras normas, por ejemplo, el citado art. 119). La incompetencia que se releva de oficio (antes incompetencia denominada “absoluta”) es la vinculada con el criterio material, de cuantía, de grado y turno. Se debe estar a su vez a lo dispuesto en la LOT (en particular, sus arts. 10 a 14), en la medida que sus disposiciones no hubiesen sido trastocadas por la reforma que aquí se analiza. Se destaca la no inclusión de la incompetencia en razón de territorio, la cual se consideraba desde antes como de tipo “relativo”, y respecto de la cual en principio corresponde el instituto de la prórroga de competencia. Por último, el inciso final prevé que la incompetencia podrá ser relevada antes o durante la audiencia preliminar. La redacción se encuentra inspirada en lo previsto en el art. 322 de la ley 16.226, sin perjuicio de claras diferencias. Según la nueva redacción del art. 133 la incompetencia -sin otra excepción que la que afecta a la materia penal (parecería, igualmente, que no se debería incluir la vinculada al territorio, no referida en el inciso primero del ordinal segundo)- podrá ser relevada –ya no dice “invocada de oficio o a petición de parte”- antes o durante la audiencia preliminar.
Finalmente, en el art. 134 se agrega un inciso final, relativo al allanamiento parcial, el cual se señala habilitará “ejecución”. Existe, además, una remisión al art. 341 n° 6 –el cual también fue modificado en este sentido- para incluir la declaración sobre allanamiento parcial entre las decisiones que se adopten en oportunidad de celebrar la audiencia preliminar.
