Tema 1: Actitudes del Demandado: Modalidades de la comparecencia e incomparecencia. Particularidades y consecuencias de cada actitud.
1.- Se examinó la vinculación de las actitudes del demandado con los principios de debido proceso, bilateralidad, contradicción y garantías de la defensa. Asimismo se destacó la conexión con el principio dispositivo y su corolario de congruencia y la fundamental incidencia de la actitud a adoptar en los diseños de los objetos del proceso y de la prueba. En particular se enfatizó la relación del tema con los principios de eventualidad, buena fe y lealtad procesal, y con el deber de colaboración de las partes para con el tribunal, la carga de la ilustración y de pronunciamiento categórico, y la proposición en primer y segundo grado, y en casación.
2.- Se comentó el carácter no taxativo de las actitudes enunciadas por el art. 132 CGP, en virtud de la concepción sistemática de dicho cuerpo normativo, que contempla otras actitudes en otras disposiciones.
3.- Se profundizó sobre la distinción entre las situaciones de falta de comparecencia y falta de contestación, y sus respectivas consecuencias. Se mantiene la división doctrinaria y jurisprudencial acerca de la existencia o no de una regla general de admisión, sus alcances, y sobre la aplicabilidad o no del art. 130.2 a quien no contesta. Como consecuencia también subsiste la discusión relativa al diligenciamiento de prueba en tales hipótesis.
4.- Se destacó que el régimen legal impone la resolución de todas las excepciones previas en audiencias preliminar, salvo situaciones excepcionales en que a pesar de lo dispuesto en el art. 342.7 CGP sobre inexistencia de prejuzgamiento, resulta inviable decidirlas sin ingresar al mérito de la cuestión principal, como en algunas hipótesis de caducidad y prescripción o falta de legitimación manifiesta.
5.- Se plantearon las cuestiones atinentes a la vigencia o derogación de las normas del art. 1191 CC, su naturaleza sustancial o procesal, y en consecuencia la posibilidad o no de plantear la excepción de prescripción fuera de la contestación de la demanda, su alcance material, el trámite a asignar en hipótesis de posterior presentación, y oportunidad de su resolución. De legge ferenda se afirmó conveniente retornar a la solución brindada en el principio de eventualidad, contenida en el art. 132 inc. 2 CGP.
6.- En punto a la excepción de defecto legal se destacó su vinculación con la interpretación de la demanda, el contralor liminar sobre la misma que incumbe al tribunal, así como su relación con la garantía de la defensa y los principios de congruencia, lealtad e igualdad procesales.
7.- Se insistió en el carácter manifiesto que ha de revestir la falta de legitimación para acordarle el trámite previo.
8.- Se comentaron los requisitos de conexión subjetiva y/o causal y objetiva establecidos para los distintos casos de reconvención en las diferentes estructuras procesales. En general se admitió la procedencia de la reconvención, en forma conjunta y acumulada, contra el actor y un tercero en hipótesis de litisconsorcio necesario u otras hipótesis en que procedería igualmente la acumulación de autos.
9.- Se relevó la excepcional admisibilidad de la respuesta de expectativa (total o parcial), en casos de real imposibilidad de conocer los hechos a controvertir, examinados a la luz de los principios y cargas establecidos en el código.
Tema 2: Principio de Congruencia: Su aplicación en las distintas instancias de los procesos civiles y penales.
1.- Existió consenso en la enorme trascendencia del principio de congruencia, por su vinculación con los principios y garantías constitucionales, y fundamentalmente el debido proceso.
2.- En el ámbito del proceso civil:
2.1.- Se debatió la naturaleza constitucional o legal de dicho principio, no habiendo existido consenso al respecto.
2.2.- En cuanto a la aplicación del mismo, se postularon dos posiciones. Una primera restrictiva, según la cual debe existir un preciso correlato entre las pretensiones deducidas por las partes y la parte dispositiva del fallo judicial, no pudiendo alterarse en ningún caso la causa petendi en que se funda la pretensión, por entender se violaría la debida defensa y sus corolarios de posibilidad de contradicción, prueba y control oportunos. Una segunda según la cual la congruencia no constituye un principio procesal absoluto, cuya observancia estricta se vincule con las condiciones del debido proceso adjetivo, las que deben ser armonizadas con la solución justa del caso concreto. Esta segunda posición flexibiliza la aplicación por el Juez de este principio, en aras de una mayor eficacia de la actividad jurisdiccional, siempre y cuando tal flexibilización, no ocasione agravios al derecho de defensa, ni comprometa la igualdad con que deben ser tratadas las partes.
2.3.- Sin embargo, existió consenso en que el límite para la aplicación del principio iura novit curia lo constituye la absoluta prohibición de alterar la causa petendi.
2.4.- No existió consenso en cuanto a la potestad del tribunal de declarar de oficio la nulidad de las cláusulas abusivas de un contrato, tanto en el ámbito de la Ley de Relaciones de Consumo como fuera de ella.
3.- En el ámbito del proceso penal:
3.1.- Existió consenso en cuanto a la aplicación estricta del principio de congruencia a los fines de preservar las garantías de la defensa del imputado, salvo excepción legal.
3.2.- No existió consenso en cuanto a los alcances de la excepción, expresamente consagrada en el art. 246 C.P.P. que habilita el aumento de la pena requerida, sosteniéndose por una parte que lo único inalterable era la plataforma fáctica, y por otro que la inalterabilidad alcanzaba también a la causa (entendida ésta como la tipicidad de la conducta descripta).
3.3.- Existió consenso en cuanto a la necesaria aplicación del principio de congruencia a otras resoluciones distintas de la sentencia definitiva (tales como el auto de procesamiento, la prisión preventiva y la excarcelación), no habiéndose llegado a un consenso en cuanto al alcance del principio en esos casos.
Tema 3: Cuestiones de Derecho Procesal Internacional: competencia, medidas cautelares
1.- La competencia internacional es un tema trascendente para facilitar el acceso a los Tribunales que debe ser abordado a la brevedad por los países de la región a través de la firma de Tratados.
2.- Por tanto debe ampliarse el espectro de jurisdicción internacional como asimismo incluir las cuestiones de conexidad entre procesos. La citación en garantía debe incluirse entre las referidas hipótesis.
3.- Las soluciones a consagrar en la materia deben implementarse a través de reglas claras que recojan criterios fundamentalmente dirigidos a cumplir, no tanto la atribución de jurisdicción por soberanía sino el principio del debido proceso en sus aspectos de igualdad, contradicción y tutela efectiva. Asimismo deben evitarse en lo posible las bases de jurisdicción que dependen de temas a debatirse en el pleito, como es el caso de la pretendida asignación de jurisdicción por el supuesto cumplimiento de una de las prestaciones, o que son confusas en su interpretación, tal como sucede en el Protocolo de Buenos Aires de Jurisdicción en Materia Contractual.
4.- Las Medidas Cautelares internacionales constituyen un instrumento necesario para la tutela efectiva de los derechos debatidos en el proceso. En su tramitación debe atenderse cuidadosamente a su finalidad: celeridad, provisoriedad y respeto a la jurisdicción del tribunal que debe juzgar el fondo del asunto. Particularmente en todo lo concerniente a la procedencia de la medida cautelar que corresponde a la ley y al juez del Estado requirente, no debiendo el juez requerido ingresar en el análisis de dicha cuestión. Con respecto a la contracautela si bien las normas confían su regulación a la ley y al juez del Estado requerido ello no significa que deba concederse y cumplirse en el Estado requerido.
5.- En cuanto al control de competencia en la esfera internacional del juez exhortante por parte del exhortado, si bien no existió un acuerdo sobre si la misma debe o no realizarse, en cambio si lo hubo en cuanto a que debe tenderse en lo posible a la eliminación o mitigación de todos los elementos que dificulten a la cooperación. Y en todo caso el control debería tomar en cuenta que hoy existe consenso respecto de los estándares mínimos que requiere el debido proceso que se exige a todos los sistemas judiciales, lo que nos debe llevar a una confianza mutua y respeto por las decisiones extranjeras.
Las ponencias se encuentran publicadas en el Libro de ponencias de las XIII Jornadas Nacionales de Derecho Procesal 2006. Los relatos generales de los tres temas (a cargo de Luis María Simón, Margarita De Hegedus y Eduardo Véscovi, respectivamente) han sido publicados en la Revista Uruguaya de Derecho Procesal, 1/2006, FCU, Montevideo, pp. 13 a 46.
