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CPP (proceso penal)

La presente sección pretende proporcionar material relacionado con el proceso penal y, en particular, respecto del nuevo Código del Proceso Penal uruguayo (Ley N° 19.293, de 19 de diciembre de 2014 y modificativas). Acceda AQUÍ al texto de la ley proporcionado por el IMPO - Centro de Información Oficial. 

En el siguiente link se puede acceder a sentencia n° 667/2018, de 28 de mayo de 2018, en la cual la Suprema Corte de Justicia rechaza inconstitucionalidad de diversos artículos del nuevo Código del Proceso Penal.


- I -
La cuestión de la vigencia del nuevo 
Código del Proceso Penal

El 1° de noviembre de 2017 entró en vigencia el nuevo Código del Proceso Penal (Ley N° 19.293, de 19 de octubre de 2014 y modificativas). 

La Ley N° 19.544, de 20 de octubre de 2017, publicada en el Diario Oficial el 30 de octubre de 2017, fue la última de las modificaciones al Código de las publicadas con anterioridad al 1° de noviembre de 2017.

Esa Ley N° 19.544, con modificaciones relevantes al nuevo CPP -que entre otras cosas incluían la derogación de la libertad condicional y la suspensión condicional de la pena-, dispuso en su art. 11 que la misma regiría simultáneamente con la entrada en vigencia de la Ley N° 19.293 y sus modificativas, consagrando así una solución especial diferente a la del art. 1 del Código Civil. La Ley N° 19.544 se encuentra en vigencia, aún cuando no hubiese sido publicada en el Diario Oficial al 1° de noviembre de 2017.

Las modificaciones aprobadas Ley N° 19.549 (ver link), no cuentan con una solución especial, de similar tenor a la del art. 11 de la Ley N° 19.544, en cuanto a su vigencia. 

En virtud de lo anterior, habrá que esperar a los 10 días siguientes a su publicación (la que tuvo lugar el día 6 de noviembre de 2017), conforme lo que surge de la interpretación del art. 1 del Código Civil (aunque para algunos podría resultar una disposición un tanto anacrónica o discutible): 

"Las leyes sólo son obligatorias en virtud de su promulgación por el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo determinará la forma de la promulgación; y desde que ésta pueda saberse, las leyes serán ejecutadas en todo el territorio de la República. La promulgación se reputará sabida diez días después de verificada en la Capital."

Por tanto, al 1° de noviembre de 2017 comenzará a regir el nuevo CPP con un proceso penal que contará, entre otras muchas cosas, con una estructura diferente a la que se aprobó por Ley N° 19.549. En ese sentido, de la audiencia de formalización y la audiencia de juicio se pasó a una audiencia de formalización, una audiencia de control de la acusación, una audiencia de juicio oral, etc.

Otra cuestión que entendemos de gran relevancia es que en las modificaciones al nuevo CPP aprobadas por Ley N° 19.549 se incluyó una regla especial de competencia que establece que el Juez de la formalización es diferente del Juez que intervendrá en el llamado juicio oral. Dice la referida modificación al CPP, aún no publicada el 1° de noviembre, que el Juez automáticamente deberá dejar de intervenir, pues quedará impedido de celebrar la audiencia de juicio y de dictar sentencia.

La interrogante es qué sucederá entonces con los procesos que se comienzan a regir por el nuevo Código el 1° de noviembre de 2017, pero que son anteriores a la vigencia de la Ley que modifica el Código en el aspecto que acabamos de considerar. 

Parecería que se debe aplicar en ese supuesto el art. 16 del nuevo CPP en cuanto establece: 

"(Ley procesal penal en el tiempo). Las normas procesales penales son de aplicación inmediata y alcanzan incluso a los procesos en trámite.
No obstante, no regirán para los recursos interpuestos ni para los trámites, diligencias o plazos que hubieren empezado a correr o tenido principio de ejecución antes de su entrada en vigor, los cuales se regirán por la norma precedente.
Asimismo, el tribunal que esté conociendo en un asunto continuará haciéndolo hasta su terminación, aunque la nueva norma modifique las reglas de competencia.
Todo ello, salvo que la nueva ley suprima un recurso, elimine algún género de prueba o en general perjudique al imputado, en cuyo caso dicho proceso se regirá en ese punto, por la ley anterior." (énfasis agregado).

En consecuencia, en esta reflexión preliminar, se puede señalar que para esos procesos penales que aplica el nuevo CPP a partir del 1° de noviembre de 2017 no corresponderá el cambio de tribunal luego de la formalización, y para los posteriores a la vigencia de la modificación al Código (Ley N° 19.549), la regla será otra.

Por último, simplemente recordar que existe una disposición transitoria en el art. 402 del nuevo CPP (en redacción dada por Leyes N° 19.436, 19.511 y 19.544), a la cual remitimos, y que dispone -entre varias cosas más- que desde el día de la entrada en vigencia de este Código, el nuevo régimen se aplicará a todas las causas que tengan inicio a partir de dicha fecha, entendiéndose por fecha de inicio de una causa aquella en la cual el hecho con apariencia delictiva que la motiva llega a conocimiento del Ministerio Público, con independencia de la fecha de su comisión. A su vez, las causas penales en trámite a la fecha de entrada en vigencia de este Código continuarán rigiéndose por las disposiciones del Decreto-Ley N° 15.032, de 7 de julio de 1980, hasta que la sentencia definitiva pase en autoridad de cosa juzgada, con las excepciones previstas en este Código.


- II -

Esquema y primeros comentarios sobre la 
estructura del nuevo proceso penal uruguayo

Sin perjuicio de las cuestiones de vigencia sobre las cuales acabamos de alertar, se puede señalar que el nuevo proceso penal "ordinario" (véase que el abreviado tiene otra regulación, según surge de lo dispuesto en los arts. 272 y 273 del nCPP), regulado por la Ley N° 19.293 y modificativas, tendrá esquemáticamente las siguientes etapas:

1) INDAGATORIA PRELIMINAR.-  

Según el art. 256 del nCPP se inicia cuando exista flagrancia delictual; por denuncia o instancia, formulada de acuerdo con las previsiones del Código; por iniciativa del Ministerio Público, cuando haya tenido conocimiento del hecho por cualquier medio idóneo.

Si bien se la ha calificado como una etapa de carácter administrativo, no compartimos dicha afirmación efectuada con esa generalidad, básicamente por las siguientes razones: 
- lo establecido en relación a la competencia de los Juzgados Letrados de Primera Instancia de la materia penal, art. 25 del nCPP.
- la actuación del órgano jurisdiccional ante distintas situaciones que pueden llegar a acaecer en la indagatoria preliminar, como ser, a modo de ejemplo, las previstas en los arts. 81.2 lit. f, 98, 169.3, 184.1, 213, 259 ordinales 1 y 4, 260, 261, 264 del nCPP. 
- la intervención del imputado rodeada de las garantías fundamentales que se reconocen, por ejemplo, en los arts. 7, 63, 64, 71, 72, 169.3, 263 del nCPP.
- la eventual intervención de la víctima en la indagatoria, conforme el art. 80 y 81 del nCPP.
- se pueden adoptar medidas limitativas de la libertad ambulatoria, según se establece en los arts. 221 y 222 del nCPP.
- la eventual celebración de audiencias orales y públicas, conforme lo dispuesto en los arts. 260 y 264 del nCPP.
- la inclusión formal de los arts. 256 y ss. del nCPP dentro del "LIBRO II. PROCESO DE CONOCIMIENTO. TÍTULO I - DEL PROCESO ORDINARIO EN MATERIA DE CRIMENES Y DELITOS" del Código.

2) SOLICITUD DE AUDIENCIA DE FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.- Solicitud efectuada de inmediato y verbalmente (si el imputado se encuentra detenido), o por escrito por el Fiscal, cuando existan elementos objetivos suficientes que den cuenta de la comisión de un delito y de la identificación de sus presuntos responsables (art. 266 del nCPP). Corresponde recordar que la investigación podría no haberse iniciado o se podría haber dado por terminada, según se establece en los arts. 45 y 98 y ss. del nCPP. 

3) AUDIENCIA DE FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.- De cumplirse los requisitos formales, o habiéndose subsanado estos, los plazos para celebrar la audiencia son los establecidos en el art. 266 ordinales 4 y 5 del nCPP: la audiencia deberá celebrarse dentro de las veinticuatro horas siguientes a dicha detención, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución de la República; en caso contrario (sujeto que no se encuentra detenido) la audiencia se deberá celebrar en un plazo no mayor a 20 días, aparentemente de recibida la solicitud (no quedando claro si el plazo se suspende si la solicitud presentaba defectos formales). En la audiencia se podrá producir prueba a solicitud de la defensa, en relación a la cautela. Se dictará una resolución judicial de múltiple contenido, acerca de la legalidad de la detención si fuese el caso; la admisión de la solicitud fiscal de formalización de la investigación; el pedido de medidas cautelares que haya formulado el fiscal o la víctima (prisión preventiva inclusive); sobre toda otra petición que realicen las partes.

4) ACUSACIÓN.- No obstante el plazo previsto para la investigación que se ha formalizado judicialmente (art. 265 del nCPP), no hay un plazo para que el fiscal presente su acusación (arts. 127, 266 y ss. del nCPP) Quedan algunas inconsistencias en el Código, fruto de las diversas leyes que se han ido aprobando luego de su redacción original, como las incluidas en los arts. 47 y 383 del nCPP. En relación al sobreseimiento, véase en especial, arts. 129 y ss. del nCPP.

5) TRASLADO DE LA ACUSACIÓN.- De acuerdo a lo dispuesto en el art. 127 del nCPP, recibida la acusación el juez emplazará al acusado y su defensor, notificándole la acusación en su contra, para que en el plazo de 30 días ofrezca la prueba que pretende producir en juicio oral. Si hubiere varios enjuiciados con diversos defensores, el plazo para evacuar el traslado será común a todos ellos. 

6) AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN.- Evacuado el traslado antes referido, o vencido ese plazo, se convocará dentro de los 10 días siguientes a la audiencia de control de acusación, cuyo contenido se encuentra previsto en el art. 268 del nCPP, al cual remitimos. 

7) AUTO DE APERTURA DE JUICIO ORAL.-  Dentro de los 3 días de concluida la audiencia, conforme lo dispuesto en el art. 269, se dictará el denominado auto de apertura a juicio, también de contenido múltiple, y que presenta la particularidad que es irrecurrible. Se trata de una especie de providencia que sirve para ordenar el proceso y las actuaciones futuras que se deberán realizar. 

8) PREPARACIÓN DEL JUICIO ORAL.- Según se dispone en el citado art. 269, ordinal 2, en el plazo de 5 días de dictado el auto de apertura de juicio oral, se comunicará a las partes el juez que intervendrá en la audiencia y la fecha de su realización, la que deberá tener lugar no antes de diez días ni después de tres meses desde la notificación del auto referido. Se produce aquí una modificación en el órgano judicial que hasta ese momento venía interviniendo (véase, además, arts. 24, 25 y 29 del nCPP en sede de competencia de tribunales y juzgados, en actuaciones previas y posteriores a las "audiencias de juicio").

9) AUDIENCIA DE JUICIO ORAL.- Su contenido se encuentra regulado en los arts. 270 y 271 del nCPP, incluyéndose en el mismo la referencia a actos procesales de alegación o presentación inicial, producción de prueba y alegatos finales. El tribunal podrá suspender la audiencia por razones de absoluta necesidad y por el tiempo mínimo que resulte necesario, el que no podrá extenderse por más de 10 días, salvo casos excepcionales y debidamente fundados.

10) SENTENCIA.- Al término de la audiencia se dictará la sentencia definitiva. Excepcionalmente, cuando la complejidad del asunto no permitiere pronunciar la decisión inmediatamente, el tribunal podrá prorrogar la audiencia por un plazo no mayor a 15 días para dictar la sentencia con sus fundamentos (arts. 119 y ss. y 271.7 del nCPP).



- III -
Algunas diferencias con el "viejo" CPP. 
Sabías que en el nuevo CPP ya no existe el presumario y el "auto de procesamiento"?

Con la vigencia del nuevo CPP (Ley N° 19.293 y modificativas), no se tramitará más el presumario penal y los Jueces ya no dictarán más los denominados "autos de procesamiento".

En el régimen del CPP anterior (Decreto Ley N° 15.032 y modificativas), el auto de procesamiento era una sentencia interlocutoria -distinta de la sentencia definitiva de condena o absolución del proceso- que ponía fin al presumario penal, dando inicio a su vez al sumario penal (art. 125 del anterior CPP).

El presumario penal era, precisamente, la primera etapa del proceso penal, la que se extendía desde la iniciación del procedimiento hasta la providencia que disponía el archivo de los antecedentes, por falta de mérito para procesar, o -precisamente- hasta el procesamiento del indagado (básicamente, arts. 112 y 113 del anterior CPP).

Con el nuevo CPP, lo que habrá es:

1) Una solicitud de formalización de parte del Fiscal.

2) Una audiencia de formalización que se celebrará a las 24 hs. si la persona esta detenida o en un plazo no mayor a 20 días desde la solicitud si el imputado se encontrare en libertad. En esa audiencia se escuchará a las partes y a la víctima que hubiere comparecido.

3) Una decisión judicial de "formalización de la investigación", la que aparejará la sujeción del imputado al proceso y dará comienzo al "sumario" (cumpliendo así, en lo pertinente, con el artículo 16 de la Constitución de la República). Cuando se produzca en causa en la que pueda recaer pena de penitenciaría, tendrá el efecto previsto en el artículo 80 de la Constitución de la República (esto es, la suspensión de la ciudadanía).


Esta formalización podrá ir acompañada, o no, de la adopción de medidas cautelares, como por ejemplo de la prisión preventiva (que, se insiste, debería tener exclusivamente naturaleza cautelar), si se cumple con los requisitos previstos en el propio Código.


- IV -

Leyes posteriores a la aprobación de la Ley N° 19.293, de interés para la reforma del proceso penal

- Ley N° 19.831, de 18 de septiembre de 2019, que modifica la libertad vigilada y varios artículos del CPP (destacándose algunos relacionados con la intervención del defensor, la instancia, la materia recursiva).

- Ley Nº 19.670 de 15 de octubre de 2018, en su art. 292 se da nueva redacción al lit. k) del art. 45 del CPP.

- Ley N° 19.653, de 17 de agosto de 2018. Modifica varios artículos, entre los que se destacan los cambios operados en materia de prisión preventiva.

- Ley N° 19.587, de 28 de diciembre de 2017. Modifica el art. 25 del nCPP y el art. 7 de la LOT.

- Ley N° 19.580, de 22 de diciembre de 2017 (ley de violencia hacia las mujeres basada en género). Véase, en especial, arts. 75 a 81 (normas procesales penales).

- Ley N° 19.574, de 20 de diciembre de 2017. Ley integral contra el lavado de activos.

- Ley N° 19.549, de 25 de octubre de 2017. Modificación de diversos artículos del nuevo CPP, en temas variados como la competencia, la estructura, la prueba.

- Ley N° 19.544, de 20 de octubre de 2017. Derogación de la libertad condicional y la suspensión condicional de la pena. Modificación y ajuste de varios artículos del nuevo CPP.

- Ley N° 19.511, de 14 de julio de 2017. Modificación al art. 402 del nCPP, consagrando, entre otras cuestiones relevantes, el régimen de aplicación transitoria para los procesos en trámite. 

- Ley N° 19.510, de 14 de julio de 2017. Modifica nuevamente la entrada en vigencia del nCPP, estableciéndose ahora para el día 1° de noviembre de 2017 (para ello se modifica el art. 403 del nCPP).

- Ley N° 19.483, de 5 de enero de 2017. Regulación de la Fiscalía General de la Nación (principios, cometidos, estructura orgánica, etc.).

- Ley N° 19.474, de 30 de diciembre de 2016. Modificaciones a los arts. 45, 49 y 62 del Nuevo CPP (se incluyen referencias a la Policía Área Nacional).

- Ley Nº 19.446, de 28 de octubre de 2016. Modifica el régimen de las libertades en el proceso penal. Asimismo, establece que sus disposiciones son de aplicación inmediata y que continuarán en vigencia en todo aquello que sea "concordante y complementario" en relación al nuevo CPP (art. 19). 

- Ley Nº 19.436, de 23 de septiembre de 2016. Modifica varias disposiciones de la Ley Nº 19.293 (nuevo CPP).


- V -
Informes y antecedentes parlamentarios de interés

INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, CÓDIGOS, LEGISLACIÓN GENERAL Y ADMINISTRACIÓN (DICIEMBRE - 2014). CÁMARA DE REPRESENTANTES / MIEMBRO INFORMANTE: JORGE ORRICO



Comisión de Constitución, Códigos,
Legislación General y Administración

Carpeta Nº 2963 de 2014
Anexo I al
Repartido Nº 1431
Diciembre de 2014

CÓDIGO DEL PROCESO PENAL

Aprobación

I n f o r m e


Comisión de Constitución, Códigos,
Legislación General y Administración

INFORME

Señoras y señores Representantes:

El proyecto de ley del Código del Proceso Penal que se pone en consideración de la Cámara de Representantes ha sido aprobado por la unanimidad de los miembros presentes en el momento de la votación e integrantes de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración.
I) Necesidad de la reforma.
Sin excepción alguna, puede afirmarse que un Código con las características del que se propone es imprescindible para el sistema jurídico uruguayo. Nuestro país padece un procedimiento penal, hijo dilecto de la dictadura. El Código del Proceso Penal vigente no es entendido por la población; está impregnado de secretismo; los distintos actores se confunden frecuentemente en sus roles y, fundamentalmente, no es digno de un país democrático. Como señaló el doctor Gonzalo Fernández, el proceso penal debe ser "uno contra uno y no dos contra uno", aludiendo al hecho de que en el procedimiento actual, parecería, dada la confusión de roles referida, que el enfrentamiento es Juez y Fiscal versus Abogado defensor.
Naturalmente que esta no es la única crítica que se puede realizar al Código vigente. Es notoria la ignorancia casi absoluta que -respecto al denunciante- este Código tiene.
Como señala la exposición de motivos del proyecto de Código del Proceso Penal enviado oportunamente por el Poder Ejecutivo, "Si construir y fortalecer un sistema democrático implica necesariamente preservar y garantizar ámbitos de libertad social e individual, es necesario consolidar los mecanismos que aseguren la responsabilidad consiguiente. El principal camino para asegurar la eficiencia del derecho de todos y cada uno, es contar con una administración de justicia moderna, transparente, eficiente, segura, independiente y al alcance de todos los sectores sociales".
Los integrantes de esta Asesora entendemos que el Código proyectado es moderno y será eficiente. Por eso recomendamos su aprobación.
II) Principios orientadores del Código propuesto.
El nuevo Código del Proceso Penal recoge los principios unánimemente admitidos por la doctrina, a saber:
- Debido proceso legal;
- Reconocimiento de la dignidad humana;
- Inocencia;
- Non bis in ídem;
- Oficialidad;
- Defensa técnica;
- Publicidad;
- Duración razonable;
- Gratuidad;
- Irretroactividad de la ley más severa. Retroactividad de la más benigna.
III) El artículo 22 proyectado.
Este artículo resuelve definitivamente el concepto de delito militar, estableciendo que se entenderá por tal "aquel que vulnera exclusivamente normas contenidas en el ordenamiento penal militar". Asimismo se dispone que "los delitos comunes cometidos por militares en tiempo de paz, cualquiera sea el lugar donde ocurran, estarán sometidos a la jurisdicción común".
IV) Los sujetos procesales.
1) La justicia penal será impartida exclusivamente por los Jueces y Tribunales de la República, en el marco de sus competencias, siendo sus funciones indelegables.
2) El Ministerio Público es el titular de la acción penal. La Policía Nacional y la Prefectura Nacional Naval serán, en los respectivos ámbitos de su competencia, auxiliares del Ministerio Público en las tareas de investigación.
3) El imputado es toda persona a la que el Ministerio Público atribuya participación en la comisión de un delito.
4) El defensor tiene derecho de conocer todas las actuaciones que se realizaren en el proceso desde la indagatoria preliminar y en un plano de absoluta igualdad procesal respecto al Ministerio Público.
5) La víctima, vale decir la persona ofendida por el delito, podrá participar en el proceso penal, con los derechos y facultades que le otorga el artículo 81.
V) El proceso.
El trámite procesal podrá ser ordinario o extraordinario. Este último procede en los casos en que el Ministerio Público entiende suficiente la prueba reunida para fundar la acusación.
En este último caso, "la acusación y la defensa se formularán verbalmente en audiencia luego del diligenciamiento de la prueba". La sentencia se dictará en la misma audiencia pero, en los casos complejos, el Tribunal podrá prorrogar la audiencia hasta por diez días a esos efectos.
VI) En definitiva:
El proyecto de ley que se pone en consideración de la Cámara de Representantes, significa un avance sustantivo en materia procesal penal que otorgará un instrumento eficaz a nuestro sistema judicial.
En consecuencia, esta Asesora aconseja a la Cámara de Representantes su aprobación.

Sala de la Comisión, 26 de noviembre de 2014.

JORGE ORRICO
Miembro Informante
EDUARDO BRENTA
GUSTAVO BORSARI BRENNA
FITZGERALD CANTERO PIALI
GUSTAVO CERSÓSIMO
FELIPE MICHELINI
GONZALO MUJICA


PROYECTO DE CÓDIGO PROCESAL PENAL REMITIDO AL PARLAMENTO (AÑO 2009):

Se proporcionan tres enlaces a efectos de poder consultar el texto completo del (ante)proyecto de Código Procesal Penal elaborado en el año 2009 por la Comisión para la Reforma del Código del Proceso Penal (art. 21 ley 17.897).

Parte I: Exposición de motivos y arts. 1 a 152.1.
Parte II: arts. 152.2 a 315.2.
Parte III: arts. 316 a 386 e Índice General.

Según surge de la exposición de motivos del citado anteproyecto, los objetivos y expectativas en que se basa la propuesta impulsada, de acuerdo a las bases oportunamente aprobadas por consenso por aquella Comisión, pueden sintetizarse de la siguiente manera:
1. Obtener la estricta separación de funciones de los diversos sujetos que intervienen en el proceso penal.
2. Consagrar un proceso de partes contradictorio, por audiencias, concentrado y público, con plena vigencia del principio de inmediación, garantizando el control ciudadano.
3. Instaurar el principio acusatorio y simplificar el proceso.
4. Preservar y fortalecer la función jurisdiccional.
5. Valorizar el juicio como instancia institucional para la vigencia de la ley y para la resolución de los conflictos penales.
6. Procurar una mayor eficacia global del sistema de justicia penal, tanto en relación a la persecución de los delitos, como a la tutela de los derechos y garantías individuales.
7. Lograr un proceso de duración razonable.
8. Desarrollar una mayor capacidad de investigación especialmente en relación a delitos complejos o de alto impacto social.
9. Favorecer una mayor intervención de la víctima del delito.
  


- VI -
Fiscalía General de la Nación 








- VII -
Miscelánea



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Ignacio M. Soba Bracesco
Magíster en Derecho (Facultad de Derecho, Universidad de la República). Profesor adjunto y Profesor adscripto de Derecho Procesal (Facultad de Derecho de la Universidad de la República). Docente invitado en maestrías y especializaciones, en Uruguay y en el extranjero. Autor, coautor y colaborador en diversos artículos, ponencias y libros de su especialidad, tanto en el Uruguay como en el extranjero. Expositor y ponente en Jornadas y Congresos. Coautor de la sección de legislación procesal en la Revista Uruguaya de Derecho Procesal (2007 a la fecha). Integrante de la Comisión Revisora del Código Modelo de Procesos Administrativos para Iberoamérica. Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Miembro Adherente del Instituto Panamericano de Derecho Procesal. Miembro Fundador de la Asociación Uruguaya de Derecho Procesal Eduardo J. Couture. Integrante del Instituto Uruguayo de Derecho Procesal. Socio del Colegio de Abogados del Uruguay.