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Proceso penal y crimen organizado

Se aprobó la ley 18.914 (promulgada el 22 de junio de 2012 y publicada en el Diario Oficial el 30 de julio de 2012), con diversas normas de interés en materia procesal penal, fruto -entre otros- del trabajo efectuado en el seno de la Comisión Especial con fines legislativos vinculados al lavado de activos y crimen organizado (Cámara de Representantes - Poder Legislativo).  A modo ilustrativo, sus disposiciones refieren al asesoramiento y colaboración que los organismos públicos (e incluso sociedades anónimas en las que participe el Estado) deben brindar a los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Penal con especialización en Crimen Organizado, por ejemplo, a través del aporte de personal especializado (arts. 2 y 3). Asimismo, en sus arts. 4 y 5 se modifica la competencia de las citadas Sedes especializadas, quitando ciertos asuntos que posiblemente se estiman de "menor trascendencia" desde el punto de vista económico (ciertos delitos vinculados con la administración púb…

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Ignacio M. Soba Bracesco
Magíster en Derecho (Facultad de Derecho, Universidad de la República). Profesor adjunto y Profesor adscripto de Derecho Procesal (Facultad de Derecho de la Universidad de la República). Docente invitado en maestrías y especializaciones, en Uruguay y en el extranjero. Autor, coautor y colaborador en diversos artículos, ponencias y libros de su especialidad, tanto en el Uruguay como en el extranjero. Expositor y ponente en Jornadas y Congresos. Coautor de la sección de legislación procesal en la Revista Uruguaya de Derecho Procesal (2007 a la fecha). Integrante de la Comisión Revisora del Código Modelo de Procesos Administrativos para Iberoamérica. Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Miembro Adherente del Instituto Panamericano de Derecho Procesal. Miembro Fundador de la Asociación Uruguaya de Derecho Procesal Eduardo J. Couture. Integrante del Instituto Uruguayo de Derecho Procesal. Socio del Colegio de Abogados del Uruguay.