Se ha creado el Registro Único de Juicios del Estado, que funciona en la órbita de la Dirección de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales del Ministerio de Educación y Cultura.
Dicha Dirección tiene entre sus cometidos -según lo establecido actualmente en el art. 408 de la Ley N° 19.355 de 19 de diciembre de 2015- relevar la situación en materia de juicios del Estado y llevar un registro centralizado de los mismos en base a la información aportada por los distintos Organismos públicos y personas públicas no estatales.
El Registro Único de Juicios del Estado se reglamenta a través del Decreto N° 98/019, de 8 de abril de 2019. Los principales objetivos del Registro son: a) lograr identificar, tipificar y cuantificar los juicios en que interviene el Estado, ya sea actor, demandado, tercerista, citado en garantía, etc.; b) lograr determinar la cantidad de juicios y brindar información estadística sobre los mismos; c) contribuir en la planificación presupuestal, permitiendo obtener información sobre las futuras erogaciones por conceptos de juicios; d) registrar información asociada a la liquidación y pagos de condenas al Estado; e) facilitar los procesos de gestión de los juicios del Estado a cada uno de sus Organismos; f) disponer de herramientas para la gestión de juicios, comunes a todo el Estado.
Además, y como de especial interés procesal, se establece en el art. 6 del referido Decreto reglamentario, lo siguiente: "Las comunicaciones a las que refiere el artículo 400 de la Ley N° 15.982 de 18 de octubre de 1988, en la redacción dada por la Ley N° 19.090 de 14 de junio de 2013 [esto es, la disposición del Código General del Proceso sobre ejecución de sentencias contra el Estado] y el artículo 13 de la Ley N° 19.438 de 14 de octubre de 2016 [que también refiere al procedimiento de pago de sentencias] se entenderán efectuadas cuando la información respectiva ingrese al Registro Único de Juicios del Estado, en los plazos y condiciones que dichas normas establecen.".
Se trata, en definitiva, de un valioso sistema de información y gestión, que se espera se continúe profundizando, y que puede servir para la adopción de decisiones vinculadas con la abogacía del Estado y personas públicas no estatales, la abogacía preventiva, el control y la planificación presupuestal, etc.
