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Declaración a favor de la simplicidad procesal


1) La simplicidad en las disposiciones procesales facilita la identificación y aplicación de las garantías del proceso jurisdiccional.

La complejidad de las reglas procesales no ayuda a que se puedan identificar las garantías, hace difícil su individualización y puede obstaculizar su operatividad.

Las reglas simples pueden contribuir a la mejora de la calidad del Estado de Derecho, con beneficios  concretos para la sociedad en su conjunto (mayor paz social).

2) El Derecho procesal, cuando ofrece simplicidad, favorece la tutela de los derechos sustanciales. 

El Derecho procesal simple contribuye a visualizar a las reglas procesales como garantías instrumentales, secundarias y/o de justiciabilidad de los derechos, dándole prioridad a la discusión del tema sustancial o de fondo. 

Un proceso simple minimiza errores de los abogados, jueces o magistrados y favorece, en definitiva, a todas las personas. En particular, favorece a los litigantes ocasionales, no habituados a la cultura del litigio o del pleito.

3) Las reglas procesales, cuando son simples, ayudan a la duración razonable del proceso. 

La simplicidad evita que los operadores jurídicos se pierdan en laberintos procesales que muchas veces carecen de sentido y que lo único que hacen es dilatar la solución de la controversia o la eliminación de la insatisfacción jurídica.

El proceso simple atraviesa esa idea de laberinto, es un proceso que ve despejado su camino al sanearse las cuestiones formales. Cuenta, además, con menos etapas. Esquemáticamente, bastaría una etapa de alegación o proposición inicial, una de prueba (sin perjuicio de lo que ya se hubiera adelantado en la etapa anterior) y otra para la decisión jurisdiccional. Lo simplicidad también es muy necesaria en la etapa o proceso de ejecución.

Las incertidumbres en materia de plazos (por ejemplo, con la consagración de plazos procesales distintos para la realización de actos procesales similares, sistemas de cómputo diferentes, etc.); las entreveradas reglas en materia de competencia; la burocratización de las notificaciones; la proliferación de las estructuras procesales sin sentido, según el tipo de pretensión, tampoco ayuda.

Hay varios principios o reglas técnicas que permiten profundizar el camino de la simplicidad procesal. Algunos de esos principios o reglas técnicas son: la inmediación, el impulso procesal de oficio, la perentoriedad de los plazos, la concentración.

No se puede descartar, finalmente, darles mayor protagonismo a los acuerdos de parte, a la hora de menguar ciertas rigideces normativas, generando la flexibilidad que en ocasiones exigen las peculiaridades del caso concreto.

4) Los procesos basados en reglas simples pueden servir para resolver cuestiones complejas.

Un proceso regulado con simplicidad en lo que refiere a sus distintas categorías, conceptos, institutos y/o estructuras también puede ser la herramienta para resolver situaciones complejas o cualquier tipo de objeto procesal (o casi cualquier tipo, si se piensa en procesos colectivos, aunque tampoco en esos casos se podría excluir a priori la simplicidad).

Todos los institutos o categorías procesales pueden ser más simples -lo que no es igual a más flexibles- de lo que son hoy en día. Algunos, directamente, podrían desaparecer.

5) En casos difíciles o de duda, la simplicidad puede servir como pauta interpretativa de las reglas procesales.

Muchas veces el intérprete se encuentra frente a reglas complejas, con posibilidad de múltiples interpretaciones. En esas situaciones, el criterio de la simplicidad puede ser útil al momento de la elección o decisión del intérprete respecto de su aplicación al caso concreto. Lo aquí planteado puede presentar puntos de contacto con los desarrollos realizados en torno al finalismo procesal y el evitar formalismos excesivos. 

Ignacio M. Soba Bracesco
Montevideo, mayo de 2019


Breve justificación:

Por más de 10 años he reseñado, junto a Santiago González Miragaya, las novedades de la legislación procesal uruguaya para la Revista Uruguaya de Derecho Procesal. Esa tarea ha servido de plataforma para verificar la existencia de muchas disposiciones procesales pasibles de ser catalogadas como reiterativas, innecesarias, contradictorias, incoherentes, etc. La técnica legislativa que se emplea es -por momentos- desordenada, fragmentaria, carente de visión o de racionalidad sistémica y/o desprovista de respaldo teórico. En ocasiones, se aprecian fenómenos de proliferación o (hiper)inflación normativa (verdaderos "tsunamis" de reglas procesales).

Lo que se puede acordar fácilmente es que los cambios, las modificaciones, las sustituciones, las derogaciones y las reformas, abundan. Todo es cada vez más complejo, apartándose de la simplicidad que se le debe exigir al sistema procesal (vital en pos de la tutela jurisdiccional efectiva).  


Allí Taruffo señala: "...El concepto de racionalidad puede relacionarse con la ley procesal en, al menos, dos sentidos principales: racionalidad como coherencia de la ley procesal y racionalidad como funcionalidad (o racionalidad instrumental) de la misma ley. La coherencia de la ley procesal es una característica que se puede apreciar si imaginamos que se ponen todas las normas procesales de un ordenamiento en un mismo plano, como para componer un mosaico, y se verifica si las distintas partes de éste –sea a nivel de macroanálisis, sea a nivel de cada una de las particulares partes del mosaico– son recíprocamente coherentes. Desde esta perspectiva se pueden apreciar algunas propiedades que puede presentar la ley procesal, y se puede –hipotéticamente– establecer también en qué grado estas propiedades están presentes en un sistema procesal dado. Estas propiedades son el orden, o sea, la secuencia en la cual vienen reguladas las actividades procesales (pero también las relaciones entre normas generales y disposiciones específicas); la unidad, que deriva de tratarse de normas que forman un contexto único con un núcleo de normas fundamentales y, posiblemente, pocas normas especiales (p. ej.: un código procesal con pocas leyes o normas procedimentales situadas fuera de él); la plenitud, que se produce cuando la ley procesal regula todos los aspectos relevantes de los mecanismos procedimentales de un modo suficientemente analítico, dejando lo menos posible a la fantasía de los intérpretes; y la simplicidad, que existe cuando la ley regula de modo claro un procedimiento que se resuelve en un mecanismo relativamente no complejo. Quizás estas propiedades no agotan el concepto de racionalidad como coherencia de la ley procesal, pero tal vez puede decirse que una ley procesal que sea ordenada, unitaria, completa y simple en un nivel apreciable, es racional en una sensata acepción del término." (el énfasis me pertenece).




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Ignacio M. Soba Bracesco
Magíster en Derecho (Facultad de Derecho, Universidad de la República). Profesor adjunto y Profesor adscripto de Derecho Procesal (Facultad de Derecho de la Universidad de la República). Docente invitado en maestrías y especializaciones, en Uruguay y en el extranjero. Autor, coautor y colaborador en diversos artículos, ponencias y libros de su especialidad, tanto en el Uruguay como en el extranjero. Expositor y ponente en Jornadas y Congresos. Coautor de la sección de legislación procesal en la Revista Uruguaya de Derecho Procesal (2007 a la fecha). Integrante de la Comisión Revisora del Código Modelo de Procesos Administrativos para Iberoamérica. Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Miembro Adherente del Instituto Panamericano de Derecho Procesal. Miembro Fundador de la Asociación Uruguaya de Derecho Procesal Eduardo J. Couture. Integrante del Instituto Uruguayo de Derecho Procesal. Socio del Colegio de Abogados del Uruguay.