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Relación de causalidad y prueba pericial


Se publicó Relación de causalidad y prueba pericial (La Ley Uruguay, Montevideo, 2016, pp. 300), con prólogo del Dr. Andrés Mariño López.

La obra refiere a un tema de relevancia tanto para el Derecho de daños como para el Derecho procesal: la cada vez más compleja acreditación de la relación de causalidad y el impacto que en ello tiene la prueba científica, o más concretamente la prueba pericial. Se estudian las teorías que permiten justificar la causalidad, así como diferentes aspectos de la regulación y diseño de la prueba pericial (imparcialidad, idoneidad, especialidad de los peritos o expertos, mecanismos de control e impugnación de los dictámenes, etc.).

Es que la prueba pericial es uno de los caminos por los cuales habitualmente ingresa el conocimiento científico al Proceso, por lo que se destaca la necesidad de controlar la formación, calidad y aceptabilidad del conocimiento extra-jurídico, lo cual le termina por asignar un rol preponderante a la justificación y motivación de las sentencias. El sentido común y la experiencia pueden ser utilizados para explicar la causalidad por parte de los abogados y jueces, pero la captación del fenómeno causal mediante dichos argumentos puede impactar en la decisión, tornando frágil su justificación por las eventuales vulgarizaciones en las que se incurra. El peligro es mayor en los asuntos en los cuales resulta necesario incorporar el conocimiento de tipo técnico o científico cuando se prescinde del diligenciamiento de prueba pericial. Si la causalidad se asocia con criterios de normalidad y regularidad que se extraen de la experiencia, o con cuestiones que se pueden considerar intuitivas, los inconvenientes en la determinación del juicio de hecho pueden ser frecuentes. Se procura, en definitiva, poner sobre la mesa diferentes temas para la discusión y la reflexión, con la finalidad de brindar en el proceso las "mejores" explicaciones sobre la causalidad, lograr su adecuada comprensión y su debida comprensión.

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El testigo técnico. Diferencias con el perito

Para mayor información e ilustración sobre la figura del testigo técnico o experto, remito al artículo publicado en Revista Ítalo-española de Derecho procesal y que se puede consultar través del presente link (VER AQUÍ).

Estudios sobre la prueba testimonial y pericial, La Ley Uruguay, Montevideo, 2020.

En la presente entrada plantearé algunas reflexiones acerca de la conceptualización del llamado testigo técnico (eventualmente, testigo experto o testigo-perito, según el ordenamiento que se considere). En particular, el interés que existe en diferenciarlo de la figura y el estatuto del perito.[1] El testigo técnico, es, como surge de su propia denominación, un testigo, no un perito. En ese sentido, se encuentra sujeto al estatuto del testigo; en particular, al deber de comparecer, de declarar y de decir la verdad respecto del relato o narración de los hechos percibidos. Como testigo, “…es típicamente un narrador. Se supone que tiene conocimiento de algunos hechos del caso y se espera …

Corte Suprema (EE.UU.), Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc., 509 U.S. 579 (1993).

Acceso al caso: Corte Suprema (EE.UU.), Daubert v. Merrell DowPharmaceuticals, Inc., 509 U.S. 579 (1993).
Resulta de interés realizar, aunque sea de modo muy breve, una introducción y algunas reflexiones sobre el famoso caso Daubert vs. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc. (Corte Suprema, EE.UU., 1993) pues en él -hace más de dos décadas atrás- gran parte del contexto problemático científico se trasladó al ámbito del derecho.

En Daubert, “…los demandantes, dos niños pequeños nacidos con malformaciones graves y sus padres alegaban que los daños se debían a que las madres de aquellos habían consumido Bendectin durante el embarazo. El laboratorio demandado negaba la causalidad y, en primera instancia, el Tribunal de Distrito, vistos los peritajes presentados por ambas partes, aplicó el canon de Frye, resolvió que las tesis de los demandantes no cumplían con el requisito de la aceptación general y rechazó su reclamación. La resolución fue confirmada en la apelación y los demandantes recurriero…

Embargo de cuentas bancarias en las que se depositan salarios, jubilaciones, etc.

Por: Dr. Ignacio M. Soba Bracesco
Luego de incorporada la posibilidad de embargo de cuentas bancarias no identificadas (en el marco de lo dispuesto por el art. 380.8 del CGP), se reavivó y cobró más importancia la discusión sobre el alcance de la inembargabilidad de determinadas remuneraciones o prestaciones (art. 381 n° 1 del CGP), cuando las mismas se pagan depositando el importe correspondiente en una cuenta bancaria, especialmente en cuanto a si la inembargabilidad permanece una vez efectuado dicho depósito (en función de la naturaleza jurídica irregular del depósito bancario).[1]
Se trata de una hipótesis cada vez más frecuente en la práctica, dada la creciente bancarización e inclusión financiera que se busca fomentar en nuestro país.
En principio, el art. 380.8 del CGP no excluye del embargo de cuentas a aquellas en que se depositan salarios u otro tipo de remuneraciones, jubilaciones o pensiones (como si excluye expresamente de dicho procedimiento de embargo a las cuentas de ahor…

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Ignacio M. Soba Bracesco
Magíster en Derecho (Facultad de Derecho, Universidad de la República). Profesor adjunto y Profesor adscripto de Derecho Procesal (Facultad de Derecho de la Universidad de la República). Docente invitado en maestrías y especializaciones, en Uruguay y en el extranjero. Autor, coautor y colaborador en diversos artículos, ponencias y libros de su especialidad, tanto en el Uruguay como en el extranjero. Expositor y ponente en Jornadas y Congresos. Coautor de la sección de legislación procesal en la Revista Uruguaya de Derecho Procesal (2007 a la fecha). Integrante de la Comisión Revisora del Código Modelo de Procesos Administrativos para Iberoamérica. Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Miembro Adherente del Instituto Panamericano de Derecho Procesal. Miembro Fundador de la Asociación Uruguaya de Derecho Procesal Eduardo J. Couture. Integrante del Instituto Uruguayo de Derecho Procesal. Socio del Colegio de Abogados del Uruguay.