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Reforma del CGP - arts. 452 y ss.: Ejecución colectiva y Procesos concursales

El Título cambia su denominación anterior de "Proceso concursal" por una nueva referente a ejecución colectiva. Es uno de los Títulos que más modificaciones presenta en la reforma (únicamente quedan sin modificarse los arts. 466 y 470).
En gran medida, se busca armonizar el régimen del Código con las soluciones contempladas en la ley 18.387 (y modificativas), en materia de procesos concursales (a modo ilustrativo, se sustituye la referencia a la "cesación de pagos" por la de "estado de insolvencia"). 
Sin perjuicio del cambio de denominación en el Título -de Proceso concursal a Ejecución colectiva- en el art. 452 se modifica el nomen iuris casi que a la inversa -pasa de ser Ejecución colectiva a denominarse Concurso civil-. Asimismo, la naturaleza de conocimiento o de ejecución de estos procesos ha sido discutida en doctrina.
Las disposiciones que evidencian la preocupación por sistematizar esta parte del Código con las normas del régimen concursal establecido en la ley 18.387 son varias, algunas lo hacen expresamente (ejemplo, los arts. 452, 454.2, 457 n° 3, 463.1), otras sin remitir a la ley 18.387 recogen soluciones similares (ejemplo, arts. 460.1 -cuando señala que el Tribunal presidirá la Junta de Acreedores-, o aquellas disposiciones que recogen la estructura del incidente fuera de audiencia para tramitar las oposiciones, en sustitución del proceso extraordinario, referido en la redacción original del Código). 
Quedan diversos temas para resolver y profundizar en su estudio, por ejemplo, en qué medida se podrían aplicar, en lo pertinente, las presunciones absolutas y relativas de insolvencia de la ley 18.387.
Por último pero no por ello menos importante cabe recordar que ley 18.387 excluyó de su ámbito de aplicación -art. 2- a las personas físicas que no realicen actividad empresaria (entendiendo por tal, la actividad profesional, económica y organizada con finalidad de producción o de intercambios de bienes o servicios). Un ejemplo que se ha mencionado, aunque no necesariamente frecuente en la práctica, podría ser el de personas físicas que hubiesen contraído deudas como "consumidores" y que no realicen actividad empresaria.

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Ignacio M. Soba Bracesco
Profesor agregado por la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca. Profesor de Derecho Procesal en grado y posgrado en distintas Universidades de Uruguay e Iberoamérica. Autor de diversos artículos, ponencias y libros de Derecho Procesal y Probatorio, tanto en el Uruguay como en el extranjero. Director y coordinador de diversas obras colectivas. Conferencista, ponente y relator en Jornadas y Congresos. Coautor de la sección de legislación procesal en la Revista Uruguaya de Derecho Procesal (2007 a la fecha). Integrante de la Comisión Revisora del Código Modelo de Procesos Administrativos para Iberoamérica. Miembro de la International Association of Procedural Law. Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Presidente honorario del Foro Uruguayo de Derecho Probatorio y Director de su Anuario. Co-Coordinador Académico en Probaticius. Miembro Adherente del Instituto Panamericano de Derecho Procesal. Miembro Fundador de la Asociación Uruguaya de Derecho Procesal Eduardo J. Couture. Integrante del Instituto Uruguayo de Derecho Procesal. Miembro de la Revista Uruguaya de Derecho Procesal.