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De lo privado a lo público. Breve referencia al devenir histórico del Derecho procesal

La inserción del Derecho procesal dentro del Derecho público se da a partir del rechazo de teorías “contractualistas” o “cuasicontractualistas” que no logran explicar lo que acontece en el proceso, por ejemplo, cuando el mismo se tramita en rebeldía.
Tampoco las teorías que refieren al origen convencional del proceso se condicen con el carácter público del tribunal, el concepto de jurisdicción o con la definición de la función jurisdiccional.
La visión del proceso jurisdiccional como “negocio” resulta mucho menos explicativa del carácter público del proceso penal. Ello sin perjuicio de la incorporación de figuras como la del colaborador en la legislación procesal penal uruguaya (art. 6 de la ley 18.494, de 5 de junio de 2009); cuestión que se vincula con la interrogante de la vigencia del principio de indisponibilidad (conocido también como principio de irretractabilidad o inmutabilidad), por el cual una vez iniciado el proceso penal no puede disponerse de él, “…es decir, no puede desistirse o transigirse, sino que sólo puede terminar mediante sentencia y en la forma y casos que disponga la ley”.[1]
Es que la decisión jurisdiccional es un acto de autoridad, que se puede llegar a imponer a los litigantes aun en contra de su voluntad, en el marco –claro está- de la motivación de las decisiones, del respeto del debido proceso y del Estado de Derecho.
En ese sentido, cabe recordar lo previsto en el art. 4 de la LOT: “Para hacer ejecutar sus sentencias y para practicar los demás actos que decreten, pueden los tribunales requerir de las demás autoridades el concurso de la fuerza pública que de ellas dependa, o los otros medios de acción conducentes de que dispongan.  La autoridad requerida debe prestar su concurso sin que le corresponda calificar el fundamento con que se le pide, ni la justicia o legalidad de la sentencia, decreto u orden que se trata de ejecutar.”[2]


[1] Cfr., ARLAS, J., Curso de derecho procesal penal, Tomo I, FCU, Montevideo, 1994, pp. 26-27. En similar sentido, y entre muchos otros autores que estudian los principios que gobiernan el proceso penal: CLARIÁ OLMEDO, J., Derecho Procesal Penal, Tomo primero, Marcos Lerner Editora, Córdoba, 1984, pp. 243-244. El nuevo CPP (ley 19.293, de 19 de diciembre de 2014, cuya vigencia se prevé para el 1 de febrero de 2017, sin perjuicio de posteriores modificaciones legales), en sus primeros artículos incluye como “principios básicos”, los siguientes: debido proceso legal (art. 1), juez natural (art. 2), reconocimiento de la dignidad humana (art. 3), tratamiento como inocente (art. 4), prohibición del bis in ídem (art. 5), oficialidad (art. 6), defensa técnica (art. 7), finalidad y medios (art. 8), publicidad, contradicción y principio acusatorio (art. 9), duración razonable (art. 10), gratuidad (art. 11), otros principios (art. 12). No obstante, no se trata de una enunciación taxativa, pudiendo surgir otros principios reconocidos en otras partes del Código, como por ejemplo, el de oportunidad (art. 100).
[2] Véase, además, lo dispuesto en los arts. 371 y ss. del CGP, en relación a la etapa o proceso de ejecución.

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Ignacio M. Soba Bracesco
Profesor de Derecho procesal en carreras de pregrado y posgrado en distintas Universidades de Uruguay e Iberoamérica. Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca. Autor, coautor y colaborador en diversos artículos, ponencias y libros de su especialidad, tanto en el Uruguay como en el extranjero. Expositor, ponente y relator en Jornadas y Congresos. Coautor de la sección de legislación procesal en la Revista Uruguaya de Derecho Procesal (2007 a la fecha). Integrante de la Comisión Revisora del Código Modelo de Procesos Administrativos para Iberoamérica. Miembro de la International Association of Procedural Law. Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Presidente honorario del Foro Uruguayo de Derecho Probatorio y Director de su Anuario. Co-Coordinador Académico en Probaticius. Miembro Adherente del Instituto Panamericano de Derecho Procesal. Miembro Fundador de la Asociación Uruguaya de Derecho Procesal Eduardo J. Couture. Integrante del Instituto Uruguayo de Derecho Procesal. Socio del Colegio de Abogados del Uruguay.