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Legislación / Derecho comparado

En la presente página se proporcionan enlaces a los textos de normas procesales de interés (nacionales y extranjeras), leyes o códigos modelos para de esa forma facilitar su ubicación y estudio, por el interés y relevancia que tienen a nivel comparado, en algunos casos consagrando las doctrinas más recibidas en cada materia, o -incluso- porque plasman luego su regulación en la legislación nacional de diversos países.




- - - REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY - - -



CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA (CONSTITUCIÓN 1967 CON LAS MODIFICACIONES PLEBISCITADAS EL 26 DE NOVIEMBRE DE 1989, EL 26 DE NOVIEMBRE DE 1994, EL 8 DE DICIEMBRE DE 1996 Y EL 31 DE OCTUBRE DE 2004).


CÓDIGOS Y LEYES DE INTERÉS (La consulta de LEYES en Uruguay se puede realizar a través del siguiente link al sitio web oficial del Parlamento uruguayo. Los sitios web de la Presidencia de la República y del Centro de Información Oficial - IMPO también ofrecen acceso a la normativa nacional).

Código General del Proceso.

Código del Proceso Penal (Decreto Ley N° 15.322 y modificativas).

Código del Proceso Penal (Ley N° 19.293 y modificativas).

- Ley N° 19.276 (Código Aduanero - procesos aduaneros).

Ley N° 18.572 y modificativas (procesos laborales).

- Ley N° 15.750 (LOT - Ley Orgánica de la Judicatura y de Organización de los Tribunales).

Decreto Ley N° 15.524 (proceso contencioso administrativo). Link a la sección de normativa del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.


ACORDADAS Y CIRCULARES DE INTERÉS. Link a sitio web oficial de la Suprema Corte de Justicia en donde se puede acceder a las mismas.




- - - DERECHO COMPARADO - - -


- - - ARGENTINA - - -





Constitución de la Nación Argentina

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

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Código Civil y Comercial de la Nación. El nuevo Código Civil y Comercial de la República Argentina contiene diversas disposiciones de interés procesal. A modo de ejemplo, cabe remitir a los arts. 1734, 1735 y 1736, relativos a la prueba de los factores de atribución, eximentes, relación de causalidad, y la "facultad" judicial de distribuir la carga de la prueba.

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Información Legislativa y Documental (INFOLEG).

Se facilita enlace a las conclusiones del XXV y XXVI Congreso Nacional de Derecho Procesal. Sin perjuicio de lo cual se citan a continuación las conclusiones definitivas sobre derecho procesal civil del último de los congresos citados:

1.- Los principios procesales son directrices, enunciados o postulados de inestimable valor en cuanto constituyen fuente de interpretación y aplicación de normas por los operadores jurídicos y sirven de base al legislador para establecerlas.
2.- Los principios procesales se mantienen inalterables en su esencia, como generadores de un proceso justo, pero en su operatividad se produce un deslizamiento que altera su escala jerárquica y genera el nacimiento de nuevos principios o derivaciones con miradas optimizantes de los mismos.
3.- La flexibilización del principio de congruencia es admisible como excepción cuando la ley lo permita, sin alterar el derecho de defensa de las partes, garantizando una tutela judicial efectiva.
4.- Para la oralidad se torna imprescindible la incorporación legal con su infraestructura, de los
adelantos tecnológicos (filmación de audiencias, video conferencias. hipervínculos, etc.) adecuándolos a las necesidades que la realidad de la sociedad exige.
5.- En los procesos urgentes relativos a casos que requieran una solución inmediata, resulta conveniente que los ordenamientos permitan a los jueces disponer un trámite particular rápido en los cuales se encuentre determinada la oportunidad para ejercer la defensa en juicio.
6.- A fin de alcanzar una solución justa de los litigios y por un imperativo ético, se ha considerado conveniente consagrar expresamente en las legislaciones el principio de colaboración, en especial en materia probatoria, como deber de las partes y de terceros, estableciendo consecuencias precisas para quienes omitan su factible cooperación.

Presidente: Dr. Eduardo Sirkin, Vicepresidentes Dr. Roberto Loutayf Ranea y Dr. Héctor Eduardo Leguisamón; los Secretarios: Dra. Gabriela Paladín y Dr. Martín Castro Gabaldo y la exposición de los Ponentes Generales Dr. Sergio Barberio y Dr. Juan Antonio Costantino.-




- - - BOLIVIA - - -





Constitución política del Estado Plurinacional de Bolivia.

Código Procesal Civil (Ley N° 439, de 19 de noviembre de 2013).



- - - BRASIL - - -




Se facilita link al NUEVO Código del Proceso Civil brasileño. Dicho Código fue aprobado como Ley 13.105, el día 16 de marzo de 2015 y cuenta con más de 1.000 artículos. La vigencia y derogación de las disposiciones procesales anteriores (en especial, lo relacionado con el anterior Código Procesal Civil - Ley 5.869, de 11 de enero de 1973), se encuentra tratado en los arts. 1045 y ss.

AA.VV., Novo código de processo civil anotado,Ordem dos Advogados do Brasil. Conselho Federal, Porto Alegre, 2015. Nuevo CPC (Brasil), anotado por diversos profesores y especialistas en Derecho Procesal.




 - - - COLOMBIA - - - 





Constitución Política de Colombia.


Código General del Proceso (Ley 1564 - 2012 y modificativas): A través del siguiente link al Instituto Colombiano de Derecho Procesal se puede acceder a la sección dedicada al Código General del Proceso de la República de Colombia. Entre otras cosas se encontrará el texto aprobado en el año 2012, así como palabras de presentación relacionadas a dicho cuerpo normativo.

Código del Procedimiento Penal (Ley 906 - 2004).

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 - 2011).

Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (Decreto Ley 2158 - 1948).





- - - ESPAÑA - - -





Constitución española de 1978


Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero. 

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Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social
El 10 de octubre de 2011 se aprobó en España la ley 36/2011, reguladora de la denominada jurisdicción social, en medio de una coyuntura económica, social y política muy particular y con profundas implicancias en el mercado de trabajo.

En lo que se refiere a la estructura de la norma, ésta está formada por 305 artículos, tres disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y siete finales. Los capítulos se distribuyen en cuatro libros: parte general, proceso ordinario y otras modalidades procesales, medios de impugnación y ejecución de resoluciones judiciales.
Mediante la misma se mantiene la estructura de su antecesora, el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, consolidando a su vez sus principios rectores. De esa forma se indica que “[L]a continuidad en el diseño procesal ha permitido respetar la evolución tradicional de nuestra legislación en este ordenamiento, evitando una reforma que pudiera distorsionar, siquiera mínimamente, el normal funcionamiento del mercado de trabajo o los marcos laborales asentados.”. Al mismo tiempo, introduce modificaciones consistentes, por ejemplo, en la determinación del ámbito de conocimiento del orden jurisdiccional social, que se amplía, racionaliza y clarifica respecto a la normativa anterior, lo que constituye la principal novedad, con el objetivo último de conseguir la efectividad, coordinación y seguridad de la respuesta judicial, generándose así un marco adecuado al ejercicio efectivo de los derechos y libertades por parte de la ciudadanía.
Resulta de interés reseñar las características de la ley española en tiempos de reforma a la legislación aplicable a los procesos vinculados con la materia laboral en Uruguay, como se puede apreciar desde hace ya unos años con la aprobación de la ley 17.940 y, más recientemente, a través de las leyes 18.561, 18.572, 18.623 y 18.847.
En el preámbulo de la ley 36/2011 se destaca que “[E]l ordenamiento laboral regula un ámbito fundamental de las relaciones sociales, esencial para el desarrollo económico y el bienestar de la sociedad. La naturaleza singular de las relaciones laborales y sus específicas necesidades de tutela explican y justifican la especial configuración de la tradicionalmente conocida como rama social del Derecho. (…) con trascendencia en el terreno normativo, tanto sustantivo como procesal.”.
Asimismo se refiere a la “determinación de las reglas específicas de procedimiento” a las que caracteriza por su “agilidad, flexibilidad y capacidad de adaptación, y también por posibilitar una más rápida y eficaz resolución de conflictos, así como por las amplias potestades del juez o tribunal de dirección del proceso y la proximidad e inmediación de aquéllos respecto de las partes y del objeto litigioso, normas que han inspirado en uno u otro grado la mayoría de las reformas procesales adoptadas en otros órdenes jurisdiccionales a partir de la Constitución.”. A su vez, y sin perjuicio de lo anterior, se ha realizado un ajuste íntegro de la normativa procesal social a las previsiones de la supletoria Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Por su parte, con referencia al principio/regla de la tutela judicial efectiva se expresa que “[L]a nueva Ley reguladora de la jurisdicción social desarrolla los mandatos constitucionales de tutela judicial efectiva y de seguridad jurídica para reforzarlos y adaptarlos a las particularidades de esta esfera del derecho. Toda disposición ritual está estrechamente vinculada con el derecho fundamental recogido en el artículo 24 de la Constitución Española. Su aplicación efectiva en el orden jurisdiccional laboral es la razón de ser de esta Ley.”.
La nueva ley también se inserta en el proceso de modernización de la administración de justicia (con el objetivo de mejorar su calidad y hacer más eficiente, transparente y ágil el servicio de justicia) que tuvo, como una de sus primeras fases con la aprobación de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de Reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial. Ahora, con la ley reseñada se busca la unificación de la materia laboral en pos de una cobertura más especializada y coherente a los distintos elementos de la materia laboral. Se articulan las previsiones legales necesarias para la plena implantación de las nuevas tecnologías, se armoniza el texto con las recientes modificaciones de la citada Ley 13/2009, de 3 de noviembre, y se completa el diseño procesal necesario para la implantación de la nueva estructura funcional de los juzgados y tribunales.

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Ley 4/2011, de 24 de marzo, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para facilitar la aplicación en España de los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía
Se considera de especial interés la presente ley, por la importancia y destaque asignado a los procesos monitorios en el derecho comparado de la actualidad (v.gr.: en España y en la Unión Europea), sin  perjuicio de la mención a los procesos de escasa cuantía.
La relevancia de este tipo de procesos no es extraña para nuestro ordenamiento jurídico. En Uruguay, la recepción del proceso de estructura monitoria en el derecho positivo se arrastra desde la época de vigencia del Código de Procedimiento Civil.
Sin duda, el Código General del Proceso consagró un proceso de estructura monitoria sumamente útil en la práctica, utilizando para ello una técnica legislativa adecuada, respetuosa de la razón esencial de los monitorios, la cual se vincula con la fehaciencia o certeza de la pretensión que se sustancia en los mismos.
Como surge del preámbulo de la ley que se reseña, la protección del crédito ha acaparado una importancia creciente en los últimos años y tuvo un hito especialmente relevante en el derecho español con la regulación del proceso monitorio en la ley de enjuiciamiento civil (LEC, 1/2000, de 7 de enero de 2000).
Se ha enfatizado que el éxito de este instrumento procedimentalmente breve consiste en permitir, con cierta facilidad, la obtención de un "auto" de ejecución de un derecho de crédito con ciertas características. En España, ello se ha traducido en el incremento de su importancia cuantitativa, que lo ha situado en la actualidad como procedimiento previo de más de una tercera parte del total de las ejecuciones del orden civil.

Estas reformas, aparte de actualizar esos procesos y facilitar tramitaciones simplificadas que permitan agilizar la justicia, suponen también una aproximación a los instrumentos que, con igual propósito de tutelar los créditos, se han ido implantando por la Unión Europea (a través de lo que la doctrina califica como un derecho procesal europeo).





- - - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA - - -





FEDERAL RULES OF CIVIL PROCEDURE: Se proporciona enlace de sumo interés desde el punto de vista del derecho procesal comparado. A través del mismo se puede consultar al sitio web del Legal Information Institute de la Cornell University Law School, en el cual se encuentran publicadas las Reglas Federales de Procedimiento Civil (Federal Rules of Civil Procedure) de los EE.UU. 



--- UNIÓN EUROPOEA---





Directiva N° 2016/343, de 9 de marzo de 2016, publicada en el Diario Oficial de la UE el 11 de marzo de ese mismo año. A través de dicha Directiva, se pretenden reforzar determinados aspectos del proceso penal, como la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio. Entre los fundamentos de dicha Directiva, se encuentra la finalidad de "... reforzar en el proceso penal el derecho a un juicio justo, estableciendo unas normas mínimas comunes relativas a determinados aspectos de la presunción de inocencia y al derecho a estar presente en el juicio." Asimismo, se indica que: "Mediante el establecimiento de normas mínimas comunes sobre la protección de los derechos procesales de los sospechosos y acusados, la presente Directiva tiene la finalidad de reforzar la confianza de los Estados miembros en los sistemas de justicia penal de cada uno de ellos y contribuir de este modo a facilitar el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia penal...".
También se aclara en la referida Directiva que "...únicamente debe aplicarse al proceso penal...", y que "...no debe aplicarse ni a los procedimientos civiles ni a los administrativos, en particular a aquellos procedimientos administrativos que puedan dar lugar a sanciones, como los procedimientos en materia de competencia, comercio, servicios financieros, infracciones de tráfico, tributos o recargos tributarios, ni a las investigaciones que las autoridades administrativas efectúen en relación con tales procedimientos."
De esa forma se  descarta su aplicación a otras ramas de lo que algunos podrían considerar como la matriz común de un Derecho sancionatorio.
Sin perjuicio de recomendar la lectura íntegra de la norma, se puede mencionar, como de gran interés en materia de garantías, el art. 6 sobre "Carga de la prueba": "1. Los Estados miembros garantizarán que la carga de la prueba para determinar la culpabilidad de los sospechosos y acusados recaiga en la acusación. Esta disposición se entiende sin perjuicio de cualquier obligación del juez o tribunal competente de buscar pruebas tanto de cargo como de descargo, y del derecho de la defensa a proponer pruebas con arreglo al Derecho nacional aplicable. 2. Los Estados miembros garantizarán que cualquier duda sobre la culpabilidad beneficie siempre al sospechoso o acusado, incluso cuando el órgano jurisdiccional valore si el interesado debe ser absuelto."

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- - - CÓDIGOS MODELOS - - -




Entradas populares de este blog

El testigo técnico. Diferencias con el perito

Para mayor información e ilustración sobre la figura del testigo técnico o experto, remito al artículo publicado en Revista Ítalo-española de Derecho procesal y que se puede consultar través del presente link (VER AQUÍ).

Estudios sobre la prueba testimonial y pericial, La Ley Uruguay, Montevideo, 2020.

En la presente entrada plantearé algunas reflexiones acerca de la conceptualización del llamado testigo técnico (eventualmente, testigo experto o testigo-perito, según el ordenamiento que se considere). En particular, el interés que existe en diferenciarlo de la figura y el estatuto del perito.[1] El testigo técnico, es, como surge de su propia denominación, un testigo, no un perito. En ese sentido, se encuentra sujeto al estatuto del testigo; en particular, al deber de comparecer, de declarar y de decir la verdad respecto del relato o narración de los hechos percibidos. Como testigo, “…es típicamente un narrador. Se supone que tiene conocimiento de algunos hechos del caso y se espera …

Corte Suprema (EE.UU.), Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc., 509 U.S. 579 (1993).

Acceso al caso: Corte Suprema (EE.UU.), Daubert v. Merrell DowPharmaceuticals, Inc., 509 U.S. 579 (1993).
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Ignacio M. Soba Bracesco
Magíster en Derecho (Facultad de Derecho, Universidad de la República). Profesor adjunto y Profesor adscripto de Derecho Procesal (Facultad de Derecho de la Universidad de la República). Docente invitado en maestrías y especializaciones, en Uruguay y en el extranjero. Autor, coautor y colaborador en diversos artículos, ponencias y libros de su especialidad, tanto en el Uruguay como en el extranjero. Expositor y ponente en Jornadas y Congresos. Coautor de la sección de legislación procesal en la Revista Uruguaya de Derecho Procesal (2007 a la fecha). Integrante de la Comisión Revisora del Código Modelo de Procesos Administrativos para Iberoamérica. Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Miembro Adherente del Instituto Panamericano de Derecho Procesal. Miembro Fundador de la Asociación Uruguaya de Derecho Procesal Eduardo J. Couture. Integrante del Instituto Uruguayo de Derecho Procesal. Socio del Colegio de Abogados del Uruguay.